LA HABANA, Cuba.- Este sábado, al conmemorarse el trigésimo aniversario de una de las más significativas tragedias de la Nación Cubana, este mismo diario digital publicó un trabajo periodístico de título elocuentísimo: “Hundimiento del remolcador 13 de Marzo: el crimen sigue impune 30 años después”. Estamos hablando de un suceso que ocasionó la muerte de veintenas de seres humanos.
El texto es de la autoría del eminente colega Luis Cino. Mis felicitaciones a él por haber abordado, con claridad meridiana, el tema de la masacre. También a la Redacción de CubaNet por haber rememorado de ese modo el terrible sucedido. Pese a estar de acuerdo –como suele pasarme– con la generalidad de los planteamientos de Cino, hay un par de puntos que conviene matizar –creo–; eso me ha animado a abordar una vez más este tema, que lo merece de sobra.
En primer lugar, me parece necesario haber aclarado más la descripción que se hace de la nave empleada por los compatriotas que deseaban huir del “paraíso del proletariado”. Me refiero a la frase “la vieja embarcación, en críticas condiciones”, que emplea Cino. Esto, dicho simplemente así, se presta para interpretaciones torcidas, como las que ciertamente ha tratado de hacer el aparato propagandístico del castrismo.
No es mentira que el 13 de Marzo era una embarcación antigua. También es verdad que quienes planearon su sustracción y el viaje hasta Estados Unidos eran personas que, por trabajar con ella, conocían perfectamente sus características. Ellos sabían que, si al viejo transbordador lo hubiesen dejado tranquilo aquel día de buen tiempo veraniego, habría llegado sin dificultades hasta la Florida.
Los organizadores de la fuga no habrían puesto en innecesario peligro la vida de sus montones de parientes, de ambos sexos y todas las edades, que participaron en la intentona. Pero es justamente eso lo que han intentado hacer ver los medios de agitación del castrismo. Estos han tratado de restar importancia a los impactos ocasionados por los remolcadores Polargo, sugiriendo de modo subliminal que el 13 de Marzo, de tan viejo que estaba, de todos modos se habría hundido en medio del Estrecho de la Florida, más lejos de la costa, con consecuencias aún peores. Esto es mentira, y me parece conveniente explicitarlo.
El único otro aspecto del texto en el que considero que habría convenido ser más terminante es la frase en la que el autor, especulando sobre la autoría intelectual del suceso, la sitúa en principio en “la Capitanía del Puerto, que es de donde se supone deben haber partido las órdenes, si es que no fue de instancias superiores”.
En esto discrepo del amigo Luis. Para mí está claro que las órdenes para perpetrar una masacre de tamaña envergadura tienen que haber provenido necesariamente del más alto nivel. No ya un burócrata medio como podría ser un funcionario de la Capitanía del Puerto de La Habana; ni siquiera un represor de alto nivel –digamos, el Ministro del Interior– se habría atrevido a autorizar, por sí y ante sí, semejante salvajada. De hecho, en Cuba, en 1994, había una sola persona capaz de tomar esa decisión…
La única duda que cabe –creo– es si la orden se dictó de modo expreso para el día 13 de julio y el transbordador 13 de Marzo; o si, por el contrario, se trataba de una directiva de carácter general, emitida previamente con vistas a cualquier caso hipotético de ese tipo que pudiera darse en lo adelante. En este supuesto, los represores de aquel día se habrían limitado a cumplir a rajatabla la instrucción de dar un escarmiento con cualesquiera fugitivos del castrocomunismo.
Hasta aquí los matices que prefiero aplicar a lo escrito por mi colega Cino. En lo demás –reitero– me parece acertadísimo lo que él escribió al respecto. En particular me refiero a la calificación de ese sucedido como el “hecho más criminal de la dictadura castrista”. Esa valiente descripción es difícil de impugnar, máxime si tenemos en cuenta que se trató de la muerte deliberada de una cuarentena de personas que ni siquiera se oponían expresamente al régimen castrocomunista; ¡simplemente deseaban huir de él!
También estoy aludiendo a la evidente omisión de las autoridades: “no hicieron ni el intento de rescatar los cadáveres del fondo del mar”. O a otra de envergadura no menor: “Nunca fueron llevados a juicio los responsables directos de aquel crimen monstruoso”. Lo cual, por cierto, me recuerda una acción realizada por mí por aquellas fechas.
En julio de 1994, al enterarme de la salvajada perpetrada por el régimen, me senté a la máquina de escribir y redacté un escrito dirigido a la Fiscalía, en el cual señalaba la multitud de posibles delitos en los que podrían haber incidido los perpetradores del hundimiento del 13 de Marzo. De inmediato acudí a presentarlo.
Al cabo de unos días, fui convocado a la sede provincial del ministerio público, ubicada en el Vedado habanero. Me recibió un fiscal con el que no coincidí mientras ejercí la abogacía, y cuyo nombre no recuerdo. Empleó un tono altanero y ofendido, que –pienso– no era el adecuado para tratar a un ciudadano que ha cumplido con su deber de informar a las autoridades la comisión de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito (que es lo que se suponía que había hecho yo)…
En un momento determinado de la conversación, mi interlocutor se volvió hacia un estante que tenía a su espalda y puso su mano sobre un impresionante montón de papeles. Según planteó, se trataba de las investigaciones del caso, y su extraordinario volumen demostraría el celo mostrado por las autoridades.
Recuerdo que el primer pensamiento que me asaltó fue el de asombro ante el increíble volumen de la papelería que, supuestamente, había sido creada en tan pocos días. Pero habría sido inútil entrar en ese diferendo. Me limité a preguntarle si él me mostraba aquellos legajos porque pensaba permitirme examinarlos. Ante la previsible negativa, el tema de la supuesta “investigación exhaustiva de la Fiscalía” quedó extinguido de inmediato.
Sí, desde la perpetración de la espantosa masacre ha pasado la friolera de treinta años. Se dice rápido, pero el mero decurso de ese lapso prolongadísimo, sin consecuencias de clase alguna para sus perpetradores, pone de manifiesto el grado de arbitrariedad e impunidad que cubre a quienes están al servicio incondicional del monstruoso régimen castrocomunista.
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