LA HABANA, Cuba -. La presa política Lisdani Rodríguez Isaac, condenada a ocho años de privación de libertad por manifestarse contra el régimen cubano en julio de 2021, denunció a través de una carta los maltratos y el abuso de poder del que es víctima en la prisión El Guajamal, de Villa Clara.
“Quiero denunciar el maltrato y abuso de poder de la FOI (Funcionaria de Orden Interior) Clara Faute y de la superior Nacheli, bajo las órdenes de la Seguridad del Estado. Ellos, obviando mi estado de embarazo (10 semanas), la FOI Clara Faute me negó la alimentación y me comentó que no le importaba en lo absoluto mi embarazo, que su hijo está en su casa muy bien”, relató la joven embarazada en la misiva, enviada a CubaNet por su madre Bárbara Isaac Rojas.
De acuerdo con Rodríguez Isaac, hasta la fecha continúa siendo víctima de las represalias que toma la Seguridad del Estado contra los presos políticos que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021.
Recientemente se dio a conocer que la policía política estuvo obligando a Lisdani, sentenciada por los delitos de desorden público, desobediencia y agresión, a abortar en contra de su voluntad cuando la joven tenía casi siete semanas de embarazo.
“Temo por la vida mía y por la de mi bebé, es por eso que decido hacer esta denuncia pública y hago responsable a esta persona mencionada (FOI Clara) y sobre todo a la Seguridad del Estado de cualquier cosa que me pueda ocurrir a mí y a mi familia”, refiere el escrito.
Rodríguez Isaac denunció también que en El Guajamal no existe ningún tipo de condición ni la alimentación necesaria para mantener a una mujer embarazada.
“Pido ayuda y agradezco a todas esas personas que me apoyan y que como yo defienden sus derechos humanos de esta cruel dictadura”, expresó finalmente la joven.
La Orden 7 de 2016 del Reglamento del Sistema Penitenciario cubano, establece en sus artículos del 70 al 73 que las personas gestantes en lugares de internamiento tienen derecho a recibir atención primaria y estomatológica, la cual está garantizada a través de los programas de salud nacionales.
El órgano responsable de esta actividad es el Servicio Médico del Ministerio del Interior, según lo dispuesto en el artículo 70 de dicha orden.
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