Familia de Araceli Cala Pérez, Pinar del Río.
En el momento de su desaparición, Araceli Cala Pérez, de 32 años, era madre de dos hijos menores: un niño de 15 años y una niña de 16 años con una discapacidad intelectual.
Su hijo estaba entre el grupo de familiares que salió a buscarla el martes 10 de octubre de 2023 por los alrededores del kilómetro 4 de la carretera a Viñales, en Pinar del Río, provincia donde se han cometido al menos 14 feminicidios desde 2019 hasta la fecha, según datos de observatorios independientes.
Desde el domingo 8 de octubre nadie sabía sobre Araceli. Ese día ella había ido al encuentro de su expareja, Justo Carlos Muñoz Martínez, con el que había mantenido una relación de siete años, y quien acababa de salir de prisión.
“Cuando desapareció (Araceli) fuimos a denunciarlo porque siempre supimos que él tenía algo que ver. La policía dijo que no se podía hacer nada porque la que tenía que ir a denunciar era Araceli, algo que era imposible porque si ella estaba perdida, ¿cómo iba a denunciar?”, explica Anisleidys Cala Pérez, hermana de la víctima.
Sin ayuda de la policía, la familia halló el cuerpo de Araceli en un manglar cuando ya estaba cayendo la noche, guiados por el vuelo circular de las tiñosas.
“Nosotros pensábamos que no era ella, porque estaba blanca, y seguimos buscando”, comenta Michael Cala, su primo. Cuando llegó la policía, Anisleidys sí la pudo identificar por un tatuaje. “La reconoció por el nombre del muchacho, el que la mató. Ella tenía tatuado el nombre de él en el brazo”, añade Michael.
La familia conocía los antecedentes de violencia machista de Justo Carlos. Araceli sufrió un aborto tras una golpiza que él le propinó y, aunque no lo denunció a la policía, sí se lo comunicó a sus familiares más cercanos. Incluso sabían que él la tenía amenazada de muerte desde la propia prisión.
Michael cuenta que el hijo de Araceli vió cómo sacaban el cuerpo de su madre del manglar. Él vivía con su padre desde antes del asesinato, quien sigue a cargo del adolescente. La niña ha quedado a cargo de su abuelo y abuela, los padres de Araceli, que tienen 55 y 54 años respectivamente.
Cada hijo de esta mujer víctima de feminicidio recibe 900 pesos al mes del Estado, es decir, poco menos de 3 dólares según la tasa de cambio informal del 4 de septiembre de 2024. En julio de 2024, este monto equivalía a un litro de aceite vegetal para cocinar. Sus cuidadores no trabajan y no podrían alimentarla sin el apoyo de otros familiares. Por otro lado, se desconoce el impacto emocional de la muerte de Araceli en su hijo, pues no ha recibido acompañamiento ni atención psicológica de ningún tipo. A la niña todavía no le han dicho que su madre está muerta.
Araceli es una de las 238 mujeres víctimas de feminicidios registradas de forma independiente, desde 2019 hasta junio de 2024, por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC). También es una de las 161 mujeres que tenían personas a su cargo. Ambos observatorios contaron en ese periodo 285 personas dependientes afectadas por los feminicidios de estas mujeres.
Esto subraya la magnitud del impacto social y económico de la violencia feminicida en Cuba, que no sólo termina con la vida de las mujeres, sino que también desestabiliza familias y comunidades enteras. Cabe destacar que los datos, además, constituyen un subregistro, pues son recopilados por los observatorios independientes con pocos recursos y de forma clandestina. Las familias, en muchas ocasiones, temen hablar de su situación por miedo a las represalias del gobierno.
Los feminicidios dejan detrás de sí no sólo las víctimas mortales, sino otras víctimas poco visibilizadas, que continúan vivas pero sufriendo un impacto decisivo en su cotidianidad: las personas dependientes de las mujeres asesinadas. Las legislaciones de algunos países de la región latinoamericana (no Cuba) contemplan a las personas descendientes de las mujeres asesinadas (hijos e hijas) como víctimas indirectas, y prevén reparaciones económicas.
En noviembre 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 40/34 define como víctimas a “las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”.
YSTCC, que además del observatorio de feminicidios realiza una labor de acompañamiento a víctimas de violencia de género, siendo la primera plataforma de su tipo en el país, insiste en la importancia de la teoría feminista para abordar estas situaciones: “las personas dependientes no solo los hijos e hijas menores de edad, sino también los adultos y adultas mayores y otras personas a cargo de las mujeres asesinadas, que han de ser consideradas víctimas directas y tener derecho a una reparación integral. Tal reparación no debe centrarse solo en lo económico, sino atender también al factor psicológico y de cuidados, y contemplar todas las aristas para reparar los feminicidios de la mejor manera posible”.
El equipo de investigación de Casa Palanca logró hablar con ocho familias de mujeres y niñas asesinadas en seis provincias cubanas (Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo). Todas dejaron personas que estaban a su cuidado, específicamente un total de 16 personas dependientes. De este registro destacan 12 niños y niñas. Todas las entrevistas revelan una deficiente atención policial en el momento del asesinato y unas medidas de seguimiento irregulares, alejadas de una reparación integral, e insuficientes respecto al resarcimiento económico necesario.
De las 8 familias, 6 reciben algún tipo de pensión (conocida popularmente como chequera) de entre 600 y 2300 pesos cubanos, que equivalen a entre dos y ocho dólares aproximadamente, pero por viudedad y orfandad, sin que el hecho de que las muertes hayan sido por feminicidios varíe esta pensión. Además, las familias no han recibido ningún acompañamiento ni apoyo psicológico. No tienen claro qué es la violencia de género, ni los feminicidios, y desconocen que tienen derecho a reparación. Todas las mujeres asesinadas tenían un rol fundamental en sus familias como proveedoras económicas y en el plano del trabajo reproductivo y los cuidados.
Según la abogada Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, dedicada a monitorear las denuncias de violaciones de derechos humanos en Cuba y ofrecer asesoría jurídica gratuita a quien la solicita, el Estado tiene la responsabilidad de proteger económicamente y en otros ámbitos a las personas sobrevivientes y dependientes de mujeres víctimas de feminicidio en Cuba: “El derecho internacional, a través de instrumentos como la Resolución 60/147 de la ONU, establece claramente que los Estados tienen la obligación de garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos”, comenta.
Esto incluye, en el caso de las personas dependientes de víctimas de feminicidios, no sólo la indemnización dineraria por la pérdida del sostén económico y los daños emocionales y psicológicos sufridos; también tienen derecho a medidas de rehabilitación (servicios médicos, psicológicos y sociales necesarios para la recuperación de los sobrevivientes y dependientes), satisfacción (actos simbólicos que reconozcan el daño causado, incluyendo disculpas oficiales y conmemoraciones) y garantías de no repetición (reformas legislativas y políticas preventivas para evitar futuros feminicidios y asegurar la protección de las víctimas).
Sin embargo, explica Laritza Diversent, en Cuba no existe ninguna normativa específica para víctimas de violencia de género, ni directas ni indirectas. “Pareciera que el feminicidio concluye cuando la mujer es asesinada, pero la realidad es muy diferente; una perspectiva así oculta el impacto económico y social que subyace a estos crímenes machistas”, apunta la jurista.
La Línea de Apoyo a Personas Afectadas por la Violencia de Género de YSTCC, desde el comienzo de su actividad en 2020, ha apoyado a 11 personas dependientes de víctimas de feminicidio, cuatro adultas y siete menores de edad. Su alcance es aún limitado por las dificultades que presenta hacer este tipo de apoyo al margen de la legalidad, además de los altos costos y la mala conectividad del Internet en Cuba.
“Cuando verificamos un feminicidio, registramos si la víctima tenía alguna persona bajo su cargo y cuidado que ahora queda en una situación de vulnerabilidad”, apunta la plataforma YSTCC, cuyas integrantes han preferido no revelar sus identidades por motivos de seguridad. Describen que las personas dependientes son mayormente niñas, niños y adolescentes, aunque igualmente se han registrado personas adultas mayores e incluso hijos o hijas con discapacidad. “También hemos identificado a personas que tenían una relación cercana con las víctimas, ya sea familiar o de amistad, y han solicitado ayuda psicológica a la plataforma para superar el trauma”, comentan.
Datos independientes vs. datos oficiales
Las verificaciones de feminicidios han crecido en Cuba en los últimos años, y con ello también el número de personas dependientes afectadas de las que se tiene conocimiento. Los datos de OGAT y YSTCC muestran un incremento sostenido en la denuncia y registro independiente de los feminicidios: de 14 casos en 2019, a 33 en 2020 y 89 en 2023. Aunque en el primer semestre de 2024 se documentaron 30 feminicidios, esto no implica necesariamente una disminución en el número de casos.
Según OGAT, varios factores contribuyen a que se registren menos casos: la criminalización de las denuncias ciudadanas bajo el nuevo Código Penal, la normalización de la violencia, la ausencia de campañas masivas de sensibilización que ayuden a crear consciencia, el exilio masivo de activistas que colaboraban con las redes de observadoras, el temor de la población a denunciar, y la fatiga de quienes monitorean debido a la precarización laboral y social en Cuba. Además, la carga creciente de cuidados y la frustración por la inacción de las autoridades también desmotivan a las y los activistas, reflejando una crisis que se extiende a todos los sectores del país.
Mientras tanto, las autoridades cubanas ofrecen datos dispersos y a veces confusos sobre feminicidios, y nunca explican la metodología que utilizan para obtenerlos.
El 1 de agosto de 2024 el Gobierno cubano hizo públicas nuevas cifras sobre feminicidios a través del recientemente creado Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), aunque evita usar el término “feminicidio”. En los análisis que presentó el OCIG para el año 2023, las autoridades cubanas ofrecen dos cifras. Por un lado, hablan de un total de 60 mujeres (de 15 años o más) “víctimas de asesinato por razones de género a manos de sus parejas, exparejas u otras personas”, y por otro hablan de 50 mujeres (de 15 años y más) “asesinadas por sus parejas y/o exparejas”. Yaneidis Pérez, del Secretariado General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), confirma en una entrevista del pasado 5 de septiembre 61 asesinatos de mujeres, 50 de ellos cometidos por sus parejas o exparejas.
Según la información publicada en el OCIG, 38 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos/as a causa de estos feminicidios en ese año.
El número de casos que da el observatorio oficialista en su web (60) está por debajo de los 89 contabilizados en 2023 por el OGAT y YSTCC, y es una muestra que, en cualquier caso, se queda muy corta puesto que solo abarca «casos conocidos en procesos judiciales juzgados en el año». Por tanto, se desconoce si contempla incidentes donde hubo un proceso judicial inconcluso o donde no hubo proceso alguno; situaciones que pueden darse por diferentes motivos, como por ejemplo, el suicidio del victimario.
Además, los casos que expone el OCIG responden a juicios que sucedieron en 2023, pero podrían ser feminicidios cometidos en 2022 y que no fueron juzgados con anterioridad. Si bien la ley cubana estipula seis meses para concluir la investigación e iniciar el juicio, en la práctica los procesos suelen ser más largos.
Por citar un ejemplo, en agosto de 2024, el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos dictó las sentencias de Alnier Chao Navarro y Yarelquis Aguilar Duarte, responsables del feminicidio de Yoilén de la Caridad Acosta Torriente, de 18 años, cometido en enero de 2023. El juicio tardó más de un año y existe la posibilidad de que su caso no aparezca en los registros oficiales hasta 2025.
A diferencia de los reportes de los observatorios independientes, el OCIG no utiliza los términos “feminicidio” ni “femicidio”; ni hace una distinción clara entre tipos de feminicidios, como lo son el sexual, social, familiar, vicario y ginecobstétrico. Tampoco indica reconocer los asesinatos a mujeres trans por motivos de género como feminicidios. Estas categorías, que sí son tenidas en cuenta por los observatorios independientes, permiten explicar otros posibles vínculos, escenarios y desventajas entre agresores y sus víctimas, y brindan una imagen más precisa de los hechos y el alcance de la violencia de género, también hacia las víctimas no mortales.
Es destacable, por otro lado, el oscurantismo que rodea a las metodologías empleadas para el levantamiento de datos o la deficiencia de indicadores para hablar de violencia de género en todas sus manifestaciones. “Las cifras oficiales son difíciles de comprender y sobre todo de interpretar pues están fragmentadas y salen de las instituciones que no reciben a las víctimas en primera instancia (tribunales y fiscalía). Sería muy diferente si se contara con estadísticas de la Policía o Medicina Legal. No sabemos los indicadores que se utilizan, ni las muestras”, apunta YSTCC.
En diciembre de 2023, durante el VII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, habló de «ciento diecisiete (117) hechos por muerte violenta de mujeres» hasta octubre de ese año. Según dijo, 75% de los casos tuvieron lugar en viviendas compartidas por las parejas y, como consecuencia, 70 niños y adolescentes quedaron huérfanos de madre. Sin embargo, en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, donde salió publicada la intervención de Peña Ojeda, no se precisó a qué periodo de tiempo respondían estas cifras, si desde enero de 2023 o desde antes.
Los datos de OGAT y YSTCC, quienes forman parte del Mapa Latinoamericano de Feminicidios, no pueden arrojar más luz sobre el número total de menores de edad dependientes porque no ha sido hasta el 2024 que los observatorios independientes han comenzado a registrar también cuántas de las personas víctimas no mortales del feminicidio no habían cumplido la mayoría de edad al momento del crimen de su madre. Sin embargo, de enero a junio de 2024 ya han contabilizado 43 menores.
Todos los intentos del equipo de investigación de Casa Palanca por contactar a la Federación de mujeres Cubanas (FMC) con el objetivo de aclarar cifras y metodologías han sido infructuosos. A pesar de haber dirigido emails a sus correos generales y a varias de sus miembras, y llamadas de teléfono a su sede, no se ha obtenido ninguna respuesta.
Familia de Iliana Martínez Ávila, Guantánamo.
Iliana Martínez Ávila, de 39 años, fue asesinada por su pareja en la ciudad de Guantánamo el 3 de junio de 2023, convirtiéndose en la víctima número 11 de feminicidio en este territorio, desde que se tienen registros. Dejó dos hijas, una de ellas menor de edad, y una madre enferma de cáncer que ha tenido que hacerse cargo de la menor de sus nietas. La hermana de Iliana, Obersy Guerra, entrevistada por el equipo de Casa Palanca, ha tenido que asumir la mayoría de los cuidados.
El día del feminicidio de Ileana, la familia la estuvo intentando localizar a través de llamadas telefónicas y en su centro de trabajo. “Cuando no pude dar con ella, me tomé la pastilla de la presión y salí a investigar, yo solita”, cuenta Obersy. Cuando vió que no era capaz de encontrarla, fue a buscar a otra hermana y juntas fueron a la casa de Iliana y rompieron la puerta. Cuando la vieron muerta, Obersy llamó a la policía, que tardó más de media hora en llegar.
Obersy afirma que la policía se demoró tanto que el victimario podría haberla agredido también a ella y/o a otras personas. Él se suicidó sólo un poco después de que la familia hallase el cuerpo. Su violencia hacia Iliana, que no sólo incluía golpes, se había extendido por años.
“Mi mamá está pasando un trabajo tremendo con su nieta, que está estudiando y todavía no trabaja. Las dos viven con una chequerita de mil o mil cincuenta pesos”, relata Obersy Guerra.
La familia de Iliana no ha recibido ningún tipo de apoyo económico o social por parte del Estado tras el feminicidio. Solo tienen la pensión de viudez de la madre, esa chequera de un poco más de 1000 pesos que comenta Obersy y que no cubre las necesidades básicas de ella y la niña. No han hecho ninguna diligencia para recibir más apoyo económico de parte de las instituciones porque no saben qué tienen que hacer, ni cómo hacerlo.
Legislación cubana para la protección de las víctimas
En América Latina, ocho países (Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Chile. Ecuador, Perú y Uruguay) poseen leyes sobre reparación a cargo del Estado para las que denominan víctimas indirectas de feminicidios, femicidios o muertes violentas por razón de género. Estas víctimas indirectas son los hijos e hijas de las víctimas. No es el caso de Cuba, donde el feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal (2022) y no existe ninguna legislación específica para su reparación.
Según Laritza Diversent, el Código de las Familias (2022) y la Ley de Seguridad Social (2008) no mencionan explícitamente la protección y apoyo económico a los huérfanos y otros dependientes de mujeres asesinadas por violencia de género, lo que genera una falta de claridad y protección efectiva para los hijos e hijas.
YSTCC confirma que no existe en las leyes cubanas sobre seguridad social ninguna disposición específica para las víctimas de violencia de género, solo para lo que llaman “vulnerabilidades generales”. “Ante ese panorama, se han movilizado para estas víctimas ayudas puntuales, sobre todo de personas que se solidarizan, pero los y las dependientes necesitan apoyos institucionalizados y a largo plazo que son difíciles de sostener desde la ciudadanía o proyectos criminalizados como YSTCC”, apuntan desde la plataforma.
Respecto a los apoyos que reciben en la práctica las personas dependientes de víctimas de feminicidios, esta investigación revela que solo son pensiones (chequeras) de viudez u orfandad, lo que elimina, para empezar, el acompañamiento para los y las adultas mayores y los hijos e hijas mayores de edad que dependían de los cuidados. Además, se percibe una reparación económica arbitraria, que va desde los 600 a los 2300 pesos, cantidades irrisorias y del todo insuficientes para la supervivencia en el país.
Según Laritza Diversent, aunque la legislación cubana no menciona de manera explícita a las personas dependientes en ciertos casos, el sistema cubano posee un conjunto de normativas para que accedan a la reparación económica.
La abogada explica que el Artículo 102 del Código Penal cubano establece que la responsabilidad civil derivada de un delito recae sobre los autores y partícipes del mismo, así como en aquellos terceros responsables. El tribunal tiene la facultad de declarar esta responsabilidad y exigir la obligación de restituir y reparar los daños.
La Ley del Proceso Penal (2021) complementa esta disposición al detallar los procedimientos necesarios para garantizar que las víctimas reciban la compensación correspondiente a través de la Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia, que se encarga de hacer efectiva la responsabilidad civil declarada en las sentencias y gestionar los pagos de indemnizaciones.
No obstante, según apunta, uno de los problemas más relevantes es la fragmentación de la normativa, que se compone de múltiples leyes que se interrelacionan, lo que dificulta su interpretación y aplicación, afectando así la claridad y la eficacia del sistema de resarcimiento.
Al mismo tiempo, la falta de coordinación y eficiencia obstaculiza el acceso equitativo y efectivo a la reparación. En la práctica, las víctimas enfrentan largos y complicados trámites burocráticos, lo que puede resultar en que nunca reciban lo que les corresponde. “Las demoras en la compensación y la complejidad del proceso agravan el sufrimiento de las víctimas, quienes deben navegar por un sistema ineficiente que no les proporciona la reparación adecuada”, apunta Laritza Diversent. Además, si el agresor se suicidó o no hubo juicio, no existe compensación por parte de la Caja de Resarcimientos.
“Si se especificaran en la ley las ayudas y pensiones destinadas a los huérfanos y sobrevivientes de violencia de género, se garantizaría que estos derechos no se dejen a la interpretación o discreción de las autoridades. Esto proporcionaría una mayor seguridad jurídica y protección efectiva para las personas dependientes. Actualmente, la falta de especificidad en la ley puede llevar a una distribución desigual e injusta de las ayudas. Algunas personas pueden recibir pensiones muy pequeñas o ninguna ayuda en absoluto”, lamenta Laritza Diversent.
Familia de Arianny Benita Chávez, Las Tunas.
Cuando en la madrugada del 28 de febrero de 2023, la expareja de Arianny Benita Chávez la mató con un arma blanca, también dejó huérfanos a un hijo y una hija de la víctima. Los menores, de 7 y 12 años, quedaron bajo el cuidado de su abuelo Avelino, el padre de Arianny.
En una humilde vivienda en Las Tunas, provincia donde residen ―y en donde los observatorios han documentado 14 feminicidios, incluyendo el de Arianny, desde 2019―, el hombre, de 67 años, cuenta cómo la relación de su hija con su agresor se deterioró hasta el punto de que este, dice, se obsesionó con ella.
“La perseguía, la amenazaba. Él le había regalado un móvil y estaba por dondequiera velándola. Aprovechó las alturas de la noche y se metió para la oficina donde ella trabajaba, en el hospital. Yo no sé cuántas veces le dije a él: déjela tranquila, déjela tranquila, pero no atendió”, recuerda Avelino con la voz quebrada.
Arianny tenía 35 años en ese momento. Se desempeñaba como telefonista del hospital pediátrico Mártires de Las Tunas. La familia hoy sobrevive con pequeños subsidios y la generosidad de algunos vecinos.
Tras el asesinato, Avelino recibió un apoyo económico limitado del hospital y del Instituto Nacional de Seguridad Social (INASS): una chequera mensual de 1.000, 1.200, 1.300 pesos, que varía mes a mes sin que en la familia sepan por qué. Una cantidad insuficiente para enfrentar los gastos de manutención del hijo e hija de la víctima.
Avelino es ponchero, y son muy pocos los trabajos que hace. “Estoy como digo yo, arrollá y ponchá, pero aquí estoy, ayudándolo”, dice su hermana, de 57 años, quien ha dejado de trabajar para cuidar a su hermano y a sus sobrinos. “Los trabajadores sociales vinieron, pero nunca le han dado ayuda”, asegura.
El victimario no era el padre de ninguno de los niños, que son hijos de diferentes padres. “El que hace más es el padre de la niña; cada vez que él cobra, le da 700 u 800 pesos”, comenta la tía de Arianny.
A través de una conocida, la familia contactó a Nolly Black, un influencer que se dedica a visibilizar casos de necesidad en Cuba y organiza campañas de recaudación en redes para conseguir recursos. En abril de 2024, trascendió mediante una Directa en Facebook bastante revictimizante, que gracias a esta ayuda independiente, el padre de Arianny pudo mudarse a una casa con condiciones mínimas para vivir junto a su nieto y su nieta.
Una forma de violencia no reconocida contra las infancias
El gobierno de Cuba ―quien es firmante de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)― siempre ha presumido de la protección que disfrutan sus infancias. En noviembre de 2023, con motivo del Día Mundial de la Infancia, el presidente Miguel Díaz Canel afirmaba en su cuenta de X: “Ratificamos que en Cuba no hay nada más importante que un niño, y trabajamos cada día para que se sientan felices en la Patria”.
También en noviembre de 2023, Unicef Cuba publicó el informe Violencia hacia niños, niñas y adolescentes: Aspectos relevantes de los estudios realizados en Cuba, donde recoge de manera bastante extensa los tipos de violencia a los que están sometidos los/as menores en Cuba y sus características.
Al comienzo del texto, las autoras indican que en el mismo “también se abordan las conexiones entre la violencia de género y la violencia que afecta a la niñez y la adolescencia, como un problema social que requiere mayor atención en el país”. En este sentido, Roxanne Castellanos, coordinadora del informe, apunta a la necesidad de mirar más allá de las formas tradicionales de asumir y estudiar las violencias”.
Sin embargo, cuando se aborda la exposición de las infancias a la violencia de género, en ningún momento se menciona de manera específica la violencia para las infancias derivada de los feminicidios a sus madres. Se habla de la violencia intrafamiliar, y de cómo una concepción heteropatriarcal de la familia inunda las relaciones intrafamiliares y es generadora de violencia, pero no se especifica cómo funciona y por qué las infancias pueden ser víctimas aunque la violencia no vaya inicialmente dirigida a ellas.
El informe reconoce una insuficiente acción institucional para promover información especializada y de calidad sobre las violencias que sufren las infancias. Sin embargo, tampoco menciona que las propias instituciones del Estado funcionan como censoras de los conocimientos feministas que llegan de organizaciones y de activistas independientes locales principalmente, y que son imprescindibles para que las mujeres, los niños y las niñas comprendan qué es la violencia machista.
Tamara Roselló, oficial de comunicación de UNICEF Cuba, preguntada por el equipo de investigación de Casa Palanca acerca de las medidas de reparación para las personas dependientes de feminicidios, remite al marco legal expuesto anteriormente en el texto, sin añadir ninguna aclaración respecto a las cifras de víctimas dependientes o casos atendidos.
Además, añade que en Cuba está en proceso de elaboración el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que debe aprobarse en diciembre de 2024 y que, según dice, incluirá medidas de protección de carácter integral para la prevención, protección y restauración de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de riesgo o peligro inminente. “Para ello, se deben integrar y articular las instituciones que prestan servicios especializados de protección frente a la violencia, para garantizarles su derecho a la integridad física, sexual, psíquica y moral”, comenta, sin explicar cuál será la protección ni la restauración para hijos e hijas de madres asesinadas por feminicidios.
Respecto al informe citado sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes publicado por UNICEF Cuba, confirma que no se contemplan los hijos e hijas de víctimas de feminicidios. Tamara Roselló explica que dicho informe constituye una sistematización de estudios e investigaciones cubanas realizados en las últimas dos décadas, sobre diferentes situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y que compila y analiza hallazgos de 209 estudios. “Como se trata de un ejercicio de investigación social, de carácter cualitativo, no se reportaron en él coincidencias de investigaciones académicas en el periodo analizado sobre el tema en particular de las infancias hijas de víctimas de feminicidios”, reconoce la oficial cubana de UNICEF.
Por último, Tamara Roselló no aclara si UNICEF Cuba reconoce a las personas descendientes de víctimas de feminicidios como víctimas directas o indirectas, y explica que UNICEF Cuba está promoviendo la creación de un Programa Nacional de Familias de Acogida, atendiendo a que es una modalidad de cuidados que, según dice, beneficia el derecho de niños, niñas y adolescentes.
La plataforma YSTCC considera que un Programa Nacional de Familias de Acogida podría ser una buena propuesta, que sin duda beneficiaría a niños y niñas sobrevivientes al feminicidio de sus madres y que no tengan ningún familiar que los acoja o que están en familias donde no sean bien atendidos. Sin embargo, apunta que no es una medida específica para hijos e hijas menores de edad de víctimas de feminicidio y por tanto no cubre las necesidades de ese grupo específico, donde la mayoría queda a cargo de abuelos y abuelas, tíos y tías, o padres, en situaciones precarias y sin los apoyos necesarios.
“Hasta la fecha, la Línea de Apoyo de YSTCC no ha visto activado en la práctica el acogimiento familiar, ni en casos de violencia feminicida ni en otras manifestaciones de la violencia de género”, dice la plataforma de YSTCC.
Además, la plataforma considera que la actual situación de precariedad del país atenta directamente contra ese programa, pues muy pocas familias contarán con los recursos y condiciones para acoger. “En el contexto cubano, el Programa parece una medida neoliberal que le quita responsabilidad al Estado y la coloca en las familias, en un país donde no pueden constituirse libremente ONG con ese ni otros fines”, apunta YSTCC. Esta alerta está vigente con más fuerza desde las discusiones previas a la aprobación del Código de las Familias en el que el Estado ya cambia la responsabilidad al lado de las familias.
La psicóloga Sonia Almada, fundadora de la asociación civil Aralma, que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias en Argentina, pudo investigar, a partir de una alianza con la organización “Atravesados por el Femicidio”, cómo la orfandad por feminicidio se presenta como una forma de pérdida única que difiere significativamente de otras experiencias de orfandad.
Los niños y niñas que pierden a sus madres por feminicidio no sólo enfrentan el trauma de la pérdida, sino también a la complejidad de que el perpetrador suele ser una figura paternal o alguien de sus afectos, cercano, lo que prolonga y complica su duelo. Este duelo, según la experta, no encaja en las categorías tradicionales de “normal” o “patológico” y requiere de más tiempo y apoyo para ser procesado. Además, muchos de estos niños son testigos del asesinato, lo que intensifica el trauma, apunta Almada.
Familia Yamilka Guerra Espinosa, Las Tunas.
El Indio es un asentamiento rural en las afueras del municipio Amancio, provincia Las Tunas, en la zona oriental del país. Allí, la familia de Yamilka Guerra Espinosa ha sufrido una pérdida irreparable y enfrenta graves problemas económicos. El 15 de abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, la expareja de Yamilka, Yankiel Reyes García, la asesinó a ella y a dos de sus tres hijas, de dos y cinco años, en su casa, ubicada en las montañas.
La familia de la víctima vive de la venta de carbón y de una pensión de poco más de 2.000 pesos (siete dólares aproximadamente) que recibe la madre de Yamilka. Han visto cómo las instituciones han fallado en ofrecer apoyo concreto para encarar la difícil situación económica que acrecentó este feminicidio, así como para la manutención de la hija sobreviviente, la mayor, quien actualmente cursa el octavo grado de manera interna.
Para sobrellevar la inseguridad alimentaria en la escuela la familia debe proporcionar a la menor 600 pesos semanalmente. “Nosotros estamos luchando para seguir adelante con la niña hasta que Dios quiera”, dice el abuelo. “Yo lo único que le pido al Estado es que antes de que yo me muera, le haga una casita a la niña y a la vieja”, añade. El Estado le había prometido la casa a Yamilka dadas las precarias condiciones en que vivía con sus hijas, pero nunca llegaron a levantarla. Actualmente viven en una casa prestada, ya que la vivienda de la madre de Yamilka también se encuentra en pésimas condiciones.
Mujeres cubanas, cabezas de los hogares
El rol de cuidadoras y proveedoras que tantas cubanas asumen está cargado de un peso desproporcionado, que no sólo incluye el trabajo remunerado, sino también una extensa jornada de tareas domésticas y cuidado de dependientes, lo que los feminismos definen como “trabajo reproductivo”.
Con la reducción paulatina de los hogares encabezados por hombres en Cuba, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) proyectó que, para 2030, las mujeres serán las principales proveedoras del 52,5% de los hogares cubanos. Esto supone un impacto familiar y social aún más profundo de los feminicidios, ya que debido a este doble rol de cuidadoras y proveedoras que asumen las mujeres cubanas, el Estado no sólo las desampara a ellas frente a la violencia feminicida, sino también a las personas que dependen de ellas: hijos e hijas en mayor medida, pero también cada vez más a adultos y adultas mayores, o personas con otras capacidades.
Cuido60, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos de Cuba, ha alertado sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones y de una crisis mayor como resultado de la Tarea Ordenamiento y la reciente bancarización. El ya conocido crecimiento acelerado de la población cubana mayor de 60 años se viene produciendo en un contexto de múltiples crisis y en un escenario de mayor desprotección social. Como resultado, ha sido este grupo el que más ha visto deteriorarse significativamente sus condiciones de vida. El principal efecto negativo de la Tarea de Ordenamiento para la población en general y la envejecida en particular, sostiene, ha sido la enorme inflación: en 2021 la cifra oficial fue de 400%; otros medios y expertos, como Carmelo Mesa-Lago, la estiman entre 500% y 700%, la mayor en América Latina.
«Debido al envejecimiento, cada vez hay menos trabajadores activos que contribuyen al financiamiento de las pensiones. La relación entre trabajadores activos y pensionados cayó de 3,6 activos por 1 pensionado en 1989, a 2,7 en 2018 y se proyecta bajará a 1,8 en 2030. Debido a ello el financiamiento de las pensiones se hace cada vez más difícil», explica una nota de prensa de Cuido60.
Familia de Flavia Herrera, Villa Clara.
Odaime Rodríguez, madre de Flavia Herrera, enfrenta un profundo dolor y una abrumadora sensación de vacío mientras sigue anhelando conocer la verdad sobre lo que le sucedió a su hija. Todavía espera algún tipo de justicia.
Flavia era una joven trans de 30 años, natural de Caibarién, provincia Villa Clara, que falleció en La Habana en condiciones no aclaradas. OGAT y YSTCC, hasta la fecha, la mantienen en un listado de “casos que necesitan acceso a investigación policial”, forma en la que se presentan públicamente los feminicidios cuando no se pueden verificar con las metodologías y limitaciones de la sociedad civil.
Algunos sostienen que Flavia murió a causa de un paro respiratorio mientras le inyectaban silicona en los glúteos de forma clandestina; otros, que fue por envenenamiento. Sin embargo, el panorama parece más complejo. Más detalles de este caso aparecen en el reportaje «¿Qué mató a Flavia Herrera?», publicado en el medio Periodismo de Barrio.
El reportaje pone el foco en la responsabilidad del sistema médico en este tipo de muertes debidas a operaciones estéticas clandestinas. El Ministerio de Salud Pública no sólo no las permite, sino que desatiende esta y otras problemáticas que supone la experiencia trans del cuerpo. La activista trans/travesti argentina Pía Ceballos ha catalogado estas muertes como otra variante de transfeminicidio y travesticidio social: la exclusión de las instituciones que deben garantizar derechos básicos: a crecer y desarrollarte sin violencias, educación, salud, vivienda.
Flavia era el principal apoyo emocional y económico de su madre, Odaime. Aunque cuenta con el respaldo de otros hijos, ellos tienen sus propias familias y responsabilidades, lo que limita su capacidad de ayuda. La situación se complica aún más debido a la enfermedad de su esposo, Pepe Herrera, quien padece insuficiencia renal y se encuentra postrado en la cama. Además, Odaime enfrenta su propia discapacidad, ya que es inválida de las rodillas.
A su desamparo emocional se suma la falta de asistencia de instituciones que, lejos de ayudar, le han retirado beneficios económicos. «Me daban una ayuda por mi marido, pero me la quitaron porque dicen que teníamos hijos y no lo necesitábamos”, apunta Odaime a Casa Palanca.
Familia de Rosmery Ponce Peña, Mayabeque
Yacelis Peña, del municipio Güines, en la provincia de Mayabeque, cuida de su nieto con un ínfimo apoyo del Estado. “A mí lo único que me dan es cada tres meses o cuando se acuerdan en la bodega tres paquetes de espaguetis, dos latas de sardinas y dos bolsitas de arroz. En todo este tiempo me han dado dos veces y ya hizo un año”, cuenta la mujer, a quien ni siquiera le han otorgado una pensión.
La propia trabajadora social le dijo a Yacelis que era más conveniente que le dieran productos alimenticios que una chequera mensual. Sin embargo, insiste, en un año sólo ha recibido dos módulos. “Aquí para que te den algo hay que formar bateo y veinte cosas, y yo no tengo cabeza para nada de eso. No tengo vida desde hace un año”, indica Yacelis.
El 10 de julio de 2023 mataron a su única hija, Rosmery Ponce Peña, de apenas 23 años. José Luis Domínguez Velázquez, la expareja de la joven y padre de su bebé de tres años, brincó el muro de una casa donde se encontraba Rosmery con unos amigos y le disparó con un arma de fuego. Luego se dio a la fuga, hasta que días después se entregó a las autoridades.
En aquel momento, Mercedes Mederos, tía de la joven asesinada, declaró al medio digital CubaNet que José Luis no dejaba a Rosmery ni arreglarse y la encerraba. A veces no permitía ni siquiera que su madre, Yacelis, la viera. “Mi sobrina vivió un infierno con ese hombre por más de dos años. Si ella no lo dejó antes fue por miedo. Ella le tenía pánico porque sabía que tenía un arma”, añadió.
Hoy en día Yacelis es la cuidadora de su nieto, el hijo que le sobrevive a Rosmery. Vive con su esposo, aunque afirma que no tienen casa propia. «Lo que tengo es media casa; o sea dos cuartos y el baño en el medio, que no está hecho, y hay una mesita bajita que es donde cocino. Y tengo que estar pendiente del niño porque se puede quemar con una olla de leche o cualquier otra cosa», dice.
Luego del asesinato de su hija, buscó ayuda psicológica por su cuenta para su nieto, porque nunca nadie se interesó en ofrecérsela. También lo comenzó a atender una especialista en logopedia, ya que se atrasó en el habla. A ella, en cambio, ningún médico la atiende, aunque necesitaría asistencia porque, según sostiene su hermana, Yacelis ha tenido depresión y hasta pensamientos suicidas.
Después de mucho trabajo, le otorgaron una plaza en el círculo infantil para el pequeño, aunque algunas veces no lo puede llevar. Le queda muy lejos. “Es un sacrificio para mí llevarlo, pero lo hago para que juegue y se relacione. Hace poco dijo ‘mamá’ por primera vez y eso me destruyó”, dice Yacelis.
Hacia un reconocimiento de las personas dependientes como víctimas directas
YSTCC considera que hay que avanzar en los registros de la violencia feminicida sin perder el foco en las personas más afectadas, que son las víctimas mortales, pero ampliando el abordaje en busca de prevención, reparación y no repetición para todas las víctimas, realizando un registro integral para que se puedan generar respuestas de igual magnitud y alcance. “La violencia feminicida no comienza con el acto feminicida ni termina ahí. Existe todo un antes y un después, con impactos para diferentes personas, y todas deben ser reparadas y acceder a la justicia y a protección”, apunta YSTCC.
Eugenia D’Angelo, directora ejecutiva de Mundosur y coordinadora del Mapa Latinoamericano de feminicidios, conoce bien la situación a nivel regional. La experta insiste en la necesidad de considerar a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas como víctimas directas.
“Considerar a los y las descendientes de víctimas de feminicidios como víctimas directas implica que existan políticas públicas que prevengan la violencia y atiendan a estas víctimas de una manera integral y holística, que no es lo que sucede hoy en día. Considero que no tiene que haber una sola forma de reparación sino que tiene que haber equipos pluridisciplinarios que puedan establecer medidas adecuadas a las infancias”, explica.
En la misma línea, la psicóloga Sonia Almada también señala las deficiencias en las políticas de reparación y apoyo a los huérfanos de feminicidio en países como Argentina, donde existe una ley llamada Brisa que debe proporcionar reparación económica y servicios de salud. En este país, estos servicios sólo se otorgan tras una sentencia, lo que puede demorar años, dejando a muchas familias sin apoyo inmediato. La ausencia de políticas de contención, apoyo y recuperación agrava las consecuencias de estos crímenes y refleja una falta de respuesta integral del Estado a lo que debería considerarse un “problema endémico de violencia de género”.
El Mapa Latinoamericano de Feminicidios recoge datos de descendientes de mujeres asesinadas a través de observatorios independientes en los diferentes países. Solo 4 Estados: Argentina, Costa Rica, Chile y Paraguay, ofrecen este dato, y la mayoría son subregistros con respecto a los datos de los observatorios independientes. Ninguno aporta datos sobre víctimas no mortales dependientes de mujeres trans asesinadas por feminicidios.
Respecto a otras personas dependientes, la experta cuenta que es todavía más complicado, y que ahora mismo el Mapa Latinoamericano de feminicidios no tiene recursos para recopilar esa información, pero cree que otras personas dependientes han de ser consideradas igualmente víctimas directas.
Según Eugenia D’Angelo, esta atención integral sería la única manera de que por fin se tome en serio lo que tanto se dice en los fondos internacionales y las cumbres respecto de que hay que terminar con la violencia de género. “Si no tomamos medidas y damos respuestas que incluyan a las familias no vamos a terminar con la violencia de género, porque al interior de los hogares los y las descendientes reciben un impacto absoluto en su desarrollo”, amplía.
La experta argumenta que tiene que haber una reparación económica, pero también una cobertura de salud y psicológica, asegurando que las necesidades que cubría la mujer asesinada por feminicidio se mantengan. “Todas las personas dependientes que quedan desamparadas van a construir la sociedad del día de mañana, y si queremos avanzar en una sociedad donde se garanticen los derechos humanos de todas y todos, construir una sociedad libre, tenemos que tener en cuenta el impacto social de los feminicidios y actuar en consecuencia”, comenta.
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Si te reconoces en estas historias puedes acudir a los recursos de denuncia de OGAT. También puedes recibir asesoría legal gratuita a través de Cubalex y YSTCC. Esta última plataforma posee además un servicio de acompañamiento psicológico.
