LA HABANA, Cuba. – La entrada en vigor el pasado 4 de octubre de la tan cacareada Ley de Comunicación Social mantiene muy ocupada a buena parte de la maquinaria castrista del poder. La prensa oficial insiste en que a partir de ahora el país va a contar con un mecanismo que garantice el acceso de todas las personas a la información, que elimine el secretismo de los medios de prensa, y que regule la manera en que los distintos actores de la sociedad puedan comunicar.
Para el ciudadano común, en cambio, la ley no es más que un inentendible amasijo de palabras y conceptos que poco ayudan a comprender si realmente algo cambiará en este país en materia comunicacional. Por más que uno lea los párrafos de la farragosa ley no se capta claramente cómo se aplicará esa disposición, ni la manera en que el pomposo Instituto Nacional de Comunicación Social actuará para hacer cumplir lo que establece esa normativa.
Ahora bien, lo que sí no tiene discusión es que se trata de una acción del régimen para aumentar su control sobre los medios de prensa. Es decir, para que salgan a la luz solamente las informaciones que les convienen a los gobernantes, mientras que se ocultan o tergiversan las que resulten incómodas para la clase dirigente.
Relacionado con lo anterior sobresale lo escrito por Francisco Rodríguez Cruz (Paquito el de Cuba) en el periódico Trabajadores. Ese periodista oficialista, tras aseverar que “antes de hacer y decir, ahora habrá que pensar mejor en el alcance legal de cualquier acción comunicativa y ajustarnos a lo establecido”, concluyó solicitando “que sea exigible la responsabilidad individual y colectiva cuando se comenten errores comunicativos que pueden llegar a tener graves consecuencias humanas, económicas y políticas”.
Lo cierto es que en el contexto de la promulgación de esta ley se ha arreciado la represión del régimen contra los periodistas independientes, así como la censura hacia temas no agradables para las autoridades, como los vinculados con los trapitos sucios de la izquierda internacional que afloran a cada rato.
Son varios los periodistas independientes que trabajan en la Isla que han sido citados y amenazados por la Seguridad del Estado. Una situación que hace pensar a algunos observadores en la posibilidad de que repita una acción gubernamental como la acaecida en marzo de 2003, conocida como Primavera Negra, cuando 75 opositores, la mayoría periodistas independientes, fueron condenados a largas penas de prisión.
Por otra parte, la prensa castrista nada dijo acerca de la arremetida del dictador nicaragüense Daniel Ortega contra los presidentes Lula Da Silva y Gustavo Petro, cuando estos últimos pidieron que Nicolás Maduro enseñara las actas electorales para certificar su supuesta victoria en las urnas.
Otra escandalosa omisión de la prensa castrista tiene que ver con la no publicación de lo que sucede actualmente en Bolivia, referido al enfrentamiento entre el mandatario Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Se acaba el mundo en esa nación suramericana, y el cubano de a pie que dependa solamente de lo que publiquen Granma y Juventud Rebelde, seguirá pensando que todo es paz y armonía en la tierra donde cayó el malogrado guerrillero Ernesto Che Guevara.
A la postre, en un país donde se emiten leyes fantasmagóricas, como la de Pesca o Soberanía Alimentaria, cuando no hay pescado ni alimentos suficientes para la población, no es de extrañar que la Ley de Comunicación Social sea solo una pantalla para encubrir los desmanes del régimen en materia comunicacional.
