El ex presidente dice en una audiencia que había “todo un andamiaje y acción preparada” para derrocar a su Gobierno
Lima |
(EFE).- A escasos días de cumplir un año en prisión por su fallido autogolpe de Estado, el ex presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) reclamó su libertad y ser restituido como mandatario en una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC).
“He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la Fiscal de la nación, que el día de hoy es, de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi Gobierno”, dijo Castillo en forma virtual desde la prisión de Barbadillo.
Reiteró que las autoridades se “han ensañado” con él y que ha sentido el odio en carne propia.
El ex presidente solicitó que “se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y actos posteriores. Claro está que ha habido todo un andamiaje y acción preparada para derrocar a mi Gobierno, pero no se puede, más allá de intereses políticos, acabar con la libertad constitucional”.
Castillo reiteró que las autoridades se “han ensañado” con él y que ha sentido el odio en carne propia
Expuso que no hubo ninguna flagrancia en sus acciones del 7 de diciembre de 2022, fecha de su fallido autogolpe de Estado, y que el argumento de que se iba a fugar no es válido, porque su trayecto a la Embajada de México en Lima, en cuyo recorrido fue arrestado por su escolta, tenía como fin poner a su familia a buen recaudo.
El abogado del ex presidente, Eduardo Pachas, solicitó que declare nula la pena de 18 meses prisión preventiva por el fallido autogolpe, se de la inmediata libertad de Castillo y “se reponga el estado anterior” a la detención de este, para que pueda ejercer de nuevo la presidencia en el período 2021-2026.
Explicó que la motivación de los cinco hábeas corpus presentados ante el TC atienden a la vulneración de la libertad individual de su representado y que el proceso judicial tiene “falta de coherencia narrativa” e insuficientes justificaciones del delito de flagrancia, porque no se ha detallado el tipo de esta.
Además de la orden de 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, la Corte Suprema de Perú ha ratificado la decisión de imponer otra medida de 36 meses de prisión preventiva a Castillo, por un caso de corrupción y tráfico de influencias.
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