Desde este lunes, los tres funcionarios que defendieron al régimen en el más reciente Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, el pasado 15 de noviembre, están en la lista de represores cubanos elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC).
Se trata del jurista Yuri Pérez Martínez, el teniente coronel del Ministerio del Interior Luis Emilio Cadaval San Martín y el médico Carlos Alberto Martínez Blanco.
Los tres se encuentran clasificados como “represores de exportación”, que son, según explica la FDHC en un comunicado, “aquellos agentes del régimen enviados al extranjero para organizar, asesorar o incluso participar en la represión en países aliados del Gobierno de Cuba, o en la subversión del orden en países democráticos” y que también incluye a “diplomáticos u otros representantes del Gobierno que, de cara al exterior, tergiversan la dura realidad cubana, difundiendo en su lugar la propaganda oficial”.
Así, la organización, con sede en Estados Unidos, le abre expediente a Yuri Pérez Martínez, catedrático de la Universidad de La Habana, por afirmar en Ginebra que la Constitución cubana, aprobada en 2019, reconoce las libertades de expresión, reunión, manifestación y asociación, “sin explicar que ejercitarlas conlleva largas penas de prisión” y por asegurar que en la Isla las elecciones son libres, democráticas y transparentes, obviando que “los candidatos independientes a las asambleas municipales son bloqueados, amenazados y reprimidos y que los aspirantes a las asambleas provinciales y nacional son aprobados por una comisión de candidaturas integrada por miembros de organizaciones controladas por el Gobierno”.
Los tres se encuentran clasificados como “represores de exportación”, agentes del régimen enviados al extranjero
Emilio Cadaval San Martín, asesor judicial del Departamento de Seguridad del Estado, por su parte, “falseó la realidad del procedimiento penal, asegurando que están prohibidas las detenciones arbitrarias”, además de negar la existencia de presos políticos en el país, sugiriendo que los que están en la cárcel son delincuentes comunes que “cometieron ofensas como desórdenes públicos, atentado, desacato y sedición”.
Por último, el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, repasa la Fundación, “ofreció a base de estadísticas oficiales un cuadro idílico del hoy disfuncional sistema de salud pública en Cuba, culpando al embargo estadounidense por las carencias”. A la vez, el funcionario “omitió información como la enorme desproporción entre las inversiones en salud y en turismo, el despojo y vigilancia de que son víctimas los colaboradores médicos cubanos en el exterior y la política criminal de mantener durante casi un año a la población indefensa ante el covid-19 en espera de que estuviese lista una vacuna cubana”.
Los tres funcionarios se unen al mismo registro de represores donde se encuentran, por ejemplo, dos oficiales de las Tropas Guardafronteras, responsables del hundimiento de una embarcación en Bahía Honda, Artemisa, donde fallecieron siete personas, entre ellos una niña de dos años, en 2022, así como varios funcionarios encargados de la represión de protestas pacíficas o incluso Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional, encargado de los periodistas extranjeros.
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