AREQUIPA, Perú. – Tres de los funcionarios cubanos que defendieron al régimen de La Habana durante el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fueron incluidos en la lista de represores elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC).
Ingresaron al registro el jurista Yuri Pérez Martínez, el teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) Luis Emilio Cadaval San Martín y el médico Carlos Alberto Martínez Blanco.
Los tres expedientes se encuentran bajo la etiqueta de “represores de exportación”, una clasificación que la DFHC dedica a agentes de la dictadura enviados al extranjero con el propósito de organizar, asesorar o participar en la represión en países aliados del Gobierno de Cuba.
La categoría también abarca a diplomáticos u otros representantes gubernamentales que, frente al ámbito internacional, distorsionan la realidad cubana, difundiendo en su lugar la propaganda oficial.
El informe sobre Yuri Pérez Martínez indica que el catedrático de la Universidad de La Habana “falseó la realidad del respeto a los derechos constitucionales en Cuba, del sistema electoral unipartidista y de la aplicación de la legalidad en la Isla” durante el EPU.
Pérez Martínez incurrió en los delitos de “prevaricación” y “difusión de hechos falsos a sabiendas”, por ejemplo, cuando afirmó en Ginebra que la Constitución cubana, aprobada en 2019, reconoce las libertades de expresión, reunión, manifestación y asociación; o cuando aseguró que en la Isla las elecciones son libres, democráticas y transparentes donde todos pueden ejercer el voto sin discriminación.
En sus declaraciones, el funcionario omitió deliberadamente que el ejercicio de la libre expresión en Cuba puede acarrear “largas penas de prisión” y que los candidatos a la Asamblea “son invariablemente, o miembros del Partido Comunista, o personas afines al régimen”.
Asimismo, el asesor judicial del Departamento de Seguridad del Estado, teniente coronel Luis Emilio Cadaval San Martín, falseó la realidad del procedimiento penal en Cuba y la existencia de más de un millar de presos políticos.
Cadaval San Martín, señala la FDHC, fue presentado por el canciller Bruno Rodríguez como jefe del Cuerpo Especializado de Investigación Penal de Delitos Comunes del MININT, aseverando que “en Cuba están prohibidas las detenciones arbitrarias” y que “aquellos a quienes algunos califican como activistas y defensores de derechos humanos son, en realidad, delincuentes comunes”.
En contraste, el expediente apunta que la Isla ha sido objeto de condenas frecuentes del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) y que la existencia de presos políticos es una realidad “contundente” refrendada en el propio evento por varios países miembros del Consejo de Derechos Humanos.
Por su parte, el doctor Martínez Blanco, introducido como jefe de la Sección para el Control del Cáncer en el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), basó su presentación en estadísticas oficiales, ocultando datos y políticas de salud nocivas e incluso criminales que afectan a la población cubana.
