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La sociedad civil cubana trabaja hoy por ampliar la narrativa sobre los daños que provoca el bloqueo de Estados Unidos contra derechos como los cívicos y los políticos de la población.
La presidenta de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU), Norma Goicochea, aseguró a Prensa Latina que esa política impuesta por más de 60 años no solo afecta las garantías sociales, económicas y culturales de los connacionales.
Desde que se aprobaron en 1962 las primeras disposiciones, el concepto de por qué aplicar el bloqueo dejó muy claro el propósito de un cambio de sistema cubano a partir de provocar hambre, escasez y descontento.
Sin embargo, el referendo constitucional de 2019 confirmó que más del 86 por ciento de los habitantes de la isla sabe cuál es el sistema social, económico y político que queremos, reconoció Goicochea.
Entonces el bloqueo también viola nuestros derechos civiles y políticos y es otra dimensión que hay que poner sobre el tapete, recalcó.
En ese sentido, la representante calificó como vital el papel de organizaciones de la sociedad civil como la ACNU para estos esfuerzos.
En 2022, un foro convocado por esa Asociación demostró que la política hostil de Washington viola resoluciones de Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles o la asistencia humanitaria.
«Además, ratificamos con actores del sector no estatal las trabas que las medidas coercitivas les imponen para su actividad», recordó.
En el próximo foro contra el bloqueo vamos a analizar cómo esas medidas dificultan igualmente la implementación de un grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo aquellos que tienen una dimensión humanitaria, agregó.
A juicio de Goicochea, el trabajo de las organizaciones civiles cubanas resulta vital pese a que enfrenta mitos que las relacionan con una confrontación directa al poder político.
«Se entiende que la sociedad civil, según el concepto occidental es aquella que tiene que estar confrontando al gobierno, sin embargo, el artículo primero de la Constitución deja claro que Cuba es una República unitaria con todos y para el bien de todos», subrayó.
En ese marco, la ACNU y el resto de esas entidades se insertan con una visión crítica cuando es necesario y apuestan por el perfeccionamiento de la sociedad.
La propia Carta Magna ha reconocido muchas más áreas al respecto sobre estas garantías y planteó todo un cronograma legislativo en el cual nosotros, como sociedad civil, le damos seguimiento a la discusión de estos temas, enfatizó.
La representante consideró otro logro para los actores sociales de la isla la reciente reelección de Cuba dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. «Es una victoria del pueblo de Cuba muy importante, todos somos sociedad civil, por lo que este es un reconocimiento a lo que hace Cuba para promover y garantizar los derechos humanos de su población», añadió.
Esto incluye el respeto a las personas con discapacidad, las mujeres, los grupos vulnerables, las mujeres campesinas; sectores con los que trabajamos muy de cerca, subrayó.
Lo importante, aseguró, es reconocer el valor del proceso social cubano, ver un problema y enfrentarlo; la sociedad civil es muy activa en ese sentido.
Este 2023, cuando el mundo celebra el 75 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 30 del Plan de acción de Viena, la ACNU prevé un amplio programa de acciones e iniciativas.
Entre estas, la Asociación elegirá 75 líderes cubanos en materia de derechos humanos, adelantó su presidenta.
Hay que entender que Cuba tiene mucho que decir en materia de derechos humanos, remarcó Goicochea.
Como parte de estos programas, la ACNU junto a la Facultad de Derecho y la Unión Nacional de Juristas de Cuba organizan la sexta edición del Congreso Internacional Diálogo en torno a Derechos Humanos, con alcance internacional.
Al mismo tiempo, participarán en el espacio dedicado a la sociedad civil durante el Diálogo Político con la Unión Europea, en el que esperan intercambiar con el representante del bloque para estos temas, Eamon Gilmore.
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