SAN LUIS POTOSÍ, México.- Desde el pasado lunes 8 de julio, el Gobierno cubano reactivó la controvertida medida del tope de precios a varios productos de primera necesidad, una semana después de haber sido suspendida temporalmente.
La resolución, promovida por el Ministerio de Finanzas y Precios, fija precios máximos minoristas para seis productos básicos, mayoritariamente alimentos, con el presunto propósito de frenar la creciente inflación en la Isla.
Los afectados, los cubanos que viven de su salario, que no les alcanza para acceder a los alimentos básicos, opinaron que los precios continúan elevados, pero a partir de la implementación de la medida, se han desaparecido muchos productos en los negocios privados y el Estado no los garantiza.
“Los precios todavía están demasiado elevados, que eso no da para que la gente jubilada pueda comprar, y eso lo que deberían de hacer es bajarlo un poquitico más para que todo el mundo tenga derecho de comprarlo. Si compras aceite, no puedes comprar azúcar. Y si compras carne, no puedes comprar arroz”, opinó un cubano entrevistado por CubaNet.
Una conclusión han sacado los cubanos: “no te alcanza el dinero”, y para muchos no queda más opción que recurrir a las exiguas porciones que ofertan en las bodegas, si es que llegan a entrar los productos.
“Esto es peor todavía, nos estamos muriendo de hambre y tomando agua con mierda”, refirió otra persona.
Una cubana, vendedora, explicó que si el campesino pone el aguacate a 60 pesos, no puede venderlo a un precio inferior, fijado por el estado porque sería absurdo. Ante ello, se arriesgan a venderlo un poco más caro para poder sacarle ganancias.
“¿Cómo voy a vender a 45 si el aguacate me lo ponen a 60? Entonces, yo tengo una cantidad de multas que pagar. Yo tengo que pagar 38 mil pesos de multas. ¿Cómo voy a pagar esas multas? ¿Cómo voy a pagar esas multas si miren los topes de precios como están?”, dijo.
En cambio, otro entrevistado opinó que fue positivo el tope de precios: “Antes yo no podía comprar el aceite porque mi salario no me daba para comprar lo que es prácticamente semanal, pero bueno, ahora lo puedo comprar al precio más bajo que tiene, que es más asequible”.
Otras personas comentaron que esa medida solo conlleva que los negocios particulares dejen de trabajar para no regirse por los precios impuestos.
“Es verdad que hay una necesidad en el pueblo, pero eso no resuelve nada. ¿Por qué no resuelve nada? Porque ahora lo que hacen los particulares es no trabajar, se esconden. ¿Cómo tú vas a ponerle un precio a una cosa que no es tuya? La única solución que hay en este país ellos la tienen en la mano y no lo van a hacer que es hacer producir al país. Es lo único que se puede hacer. Ellos son los que tienen que competir con el particular para bajar los precios”, espetó otro.
“Los alimentos los producen los campesinos, los pobres. Aquí no hay agua, aquí no hay turbinas para regar. Lo que se recoge es lo que se puede vender. Esos productos no los tiene el Estado”.
Muchos coincidieron en que la medida no trae beneficios para el sector privado. “Imagina a todo el que invierte su dinero, que tenga que vender por debajo de los precios del petróleo, la gasolina. Yo pienso que eso está mal. Tú no puedes mandar en el particular. Que hagan competencia, que busquen ellos”.
El tope de precios
La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 61, establece precios límites para el pollo troceado, aceites comestibles (excluyendo el de oliva), leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Los nuevos precios son los siguientes: 680 pesos (5,6 dólares) por kilogramo de pollo troceado, 990 pesos (8,25 dólares) por litro de aceite vegetal, 1.045 pesos (8,7 dólares) por kilogramo de salchichas, 1.675 pesos (13,95 dólares) por kilogramo de leche en polvo, 835 pesos (6,95 dólares) por kilogramo de pastas alimenticias y 630 pesos (5,25 dólares) por kilogramo de detergente en polvo.
La prensa estatal calificó esta medida como “temporal” y ratificó que los productos “afectados” estarán exentos del pago de impuestos aduaneros. Según la resolución, los actores económicos podrán reconocer hasta un 30% de margen de ganancia sobre costos y gastos en la formación de precios minoristas, siempre que no superen los precios establecidos.
Esta reimplementación se produce en un contexto de severa crisis económica en Cuba, la más grave en 30 años. Con un salario mínimo nacional de aproximadamente 4.800 pesos (unos 16 dólares), la inflación ha erosionado significativamente el poder adquisitivo de los cubanos desde 2021, situación que se vio agravada con la implementación de la Tarea Ordenamiento.
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