Friday, September 20, 2024
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Represora del 11J en Mayabeque emigra a EE.UU.

MÉRIDA, México -. Yanet Machado Rodríguez, capitana del Ministerio del Interior (MININT) y política de la unidad donde encerraron a los detenidos del 11J en Mayabeque, habría emigrado a EE. UU.

Machado Rodríguez es “autora y cómplice de innumerables torturas”, denunció en Facebook Luis Rodríguez Pérez, esposo de la presa política Angélica Garrido y cuñado de María Cristina Garrido.

Rodríguez, quien difundió la noticia, contó algunas de las vejaciones a que las hermanas Garrido, presas del 11J, fueron sometidas por esta represora.

“Mientras María Cristina Garrido, era torturada diariamente, mientras desayunaba golpes, golpes como los que se les da a los hombres, esta mujer, este monstruo, salía de su oficina, me miraba con odio y me decía: ‘las Garridos están bien’”, relató.

El activista contó cómo la represora agredió a su esposa en la celda donde atravesaba una huelga de hambre, se interpuso entre ellos en la visita para limitar sus conversaciones o impidió que un joven detenido pudiera ver a su madre enferma de cáncer.

“Muchas más cosas hizo o permitió esta mujer, natural de San José de las Lajas. Pero, de escribirlas, agotaría a Facebook e inventaría una palabra más grande, que la palabra, ASCO”, agregó.

En octubre pasado, Rodríguez Pérez, en representación de las hermanas Garrido, pudo recibir la placa que acredita a las prisioneras políticas como ganadoras del Premio Patmos a la Libertad Religiosa de 2023.

En su décima edición, por vez primera el premio fue concedido con carácter colectivo. Además de las hermanas Garrido, también recayó en los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo. Los cuatro galardonados pertenecen a diferentes profesiones de fe y cumplen prisión política por participar en las protestas populares de julio de 2021 (11J) en la provincia de Mayabeque.

Angélica y María Cristina Garrido fueron sentenciadas a penas de tres y siete años de privación de libertad, respectivamente, por los supuestos delitos de atentado, desorden público y desobediencia tras su participación en el estallido social del 11 de julio de 2021 en Quivicán.

Durante los más de dos años y medio que llevan en prisión, han sufrido todo tipo de abusos, lo que ha incidido negativamente en su estabilidad física y mental.

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