LA HABANA, Cuba. – Los ideólogos del castrismo no se cansan de repetir que en Cuba existe la propiedad social sobre los medios de producción, que según ellos constituye un elemento esencial de lo que denominan “democracia participativa”. En ese contexto se le brinda una especial connotación a la rendición de cuentas de los administradores de las entidades estatales a los colectivos de trabajadores.
En los últimos tiempos la prensa oficial ha insistido en este tema. Tanto el periódico Trabajadores como el diario Granma han publicado artículos sobre la necesidad de que las administraciones rindan cuenta de su labor a los trabajadores, los que supuestamente serían los dueños de esas entidades.
En el órgano oficial del PCC apareció el artículo “¿Es deber de las administraciones rendir cuenta a sus trabajadores?”, en el que se reafirma que los trabajadores, en su condición de propietarios de la propiedad social, deben participar activa y conscientemente en los procesos de organización, gestión y control de la actividad económica nacional.
Más adelante el artículo expresa que “la rendición de cuenta a los trabajadores es un proceso flexible, un traje a la medida para cada organización, atendiendo a sus características y condiciones imperantes”.
Es decir, que si nos atenemos a lo anterior, los administradores tendrían ciertas libertades para organizar a su manera las reuniones de rendición de cuentas a sus trabajadores, sin imposiciones de los niveles superiores de dirección empresarial, garantizándose así la autonomía de la base a la que tanto se refieren los jerarcas de la economía castrista.
Sin embargo, y aplicando aquello de que “más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo”, en el propio artículo de Granma se contradice lo planteado acerca de la “flexibilidad” y el “traje a la medida”. Pues resulta que la Contraloría General de la República ha emitido la Resolución 146, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.30, en la que se da a conocer una metodología que deberán seguir las administraciones en los procesos de rendición de cuentas a los trabajadores. Una metodología en cuya preparación trabajaron también la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y las facultades de Derecho y Psicología de la Universidad de La Habana.
Esta resolución de la Contraloría, que a ratos semeja una camisa de fuerza a seguir por las entidades, establece que las rendiciones de cuentas deben responder a las siguientes interrogantes: quién rinde cuenta, ante quién, de qué se rinde cuenta, cómo, dónde, y para qué se rinde cuenta.
Mas, con independencia de la ya expuesta falsedad de la autonomía empresarial en los procesos de rendición de cuentas a los trabajadores, estas reuniones en las que intervienen los sindicatos oficialistas son actividades en las que imperan el formalismo y el poco interés de los trabajadores. Las administraciones prepararán informes llenos de tecnicismos, muchas veces ininteligibles para los colectivos laborales, y al final los directivos empresariales harán lo que ordene la cúpula del poder, la verdadera dueña de los medios de producción en Cuba
A nadie escapa que este proceso en el que se pretende dar participación a los trabajadores en las decisiones empresariales ya nace lastrado por su denominación: rendición de cuentas. Porque así llama el castrismo a los encuentros de los delegados del Poder Popular con sus supuestos electores. Encuentros que llevan ya mucho tiempo sin celebrarse, y cuando acontecen, los delegados actúan como los clásicos “lleva y trae”. O sea, que se limitan a recepcionar los planteamientos de los electores, y después responden que nada pudo hacerse por falta de recursos. Así funciona también la “democracia participativa” auspiciada por los gobernantes cubanos.
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