La Fiscalía del régimen cubano pidió hasta 15 años de cárcel para los participantes en las protestas populares ocurridas los días 19 y 20 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, por los apagones de hasta 18 horas.
De acuerdo al documento de la petición fiscal, compartido en redes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), los 14 manifestantes procesados son Yenis Artola del Sol, Daiver Leyva Vélez, Jorge Armando Torrente Muñoz, Jimmy Jhoson Agosto, Mayelín Rodríguez Prado, Keyler Velázquez Medina, Menkel de Jesús Menéndez Vargas, Frank Alberto Carrión Suárez, Fray Pascual Claro Valladares, Lisdan Cabrera Batista, Ediolvis Marín Mora, Wilker Álvarez Ramírez, Yanelis Valladares Jaime, y Lázaro Alejandro Pérez Agosto.
Acusados de sabotaje, sedición, encubrimiento del delito de sabotaje, propaganda enemiga, atentado, resistencia e incumplimiento del deber de denunciar, para la mayoría de los manifestantes la fiscalía pide 10 años de privación de libertad.
Las peticiones más excesivas (15 años) son para Mayelín Rodríguez Prado, José Armando Torrente Muñoz, Ediolvis Marín Mora y Jimmy Jhonson Agosto.
Vale recordar que Mayelín Rodríguez Prado, de solo 23 años de edad y actualmente recluida en la prisión Granja Cinco de Camagüey, tras las manifestaciones fue encarcelada y desaparecida por grabar cómo los represores de las protestas daban una golpiza a dos niñas de once años.
Unos días después de las protestas el proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), dedicado a investigar y exponer a quienes desde sus cargos políticos o como agentes de la Seguridad del Estado reprimen a los cubanos por exigir sus derechos, identificó al agente de la Seguridad del Estado Allen Velázquez como el represor que dirigió la golpiza propinada a las niñas.
Tras meses de apagones, el día de las protestas en Nuevitas decenas de vecinos se manifestaron a gritos de “Libertad” y la conga de “Pongan la corriente pin…” y protagonizaron una de las mayores manifestaciones registradas contra las autoridades cubanas desde el 11 de julio de 2021.