MÉRIDA, México -. El gobierno cubano ha impuesto multas que alcanzan un monto 348 millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) en los últimos dos meses por incumplir el tope de precios.
Entre el 15 de julio y el 19 de septiembre, se impusieron 137.391 sanciones tras realizar 222.300 inspecciones a negocios, trascendió este lunes en un reporte de Cubadebate, según declaraciones de la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, durante el último Consejo de Ministros, cuya fecha no se especificó.
Las multas entran dentro de la medida de tope a seis productos: pollo, el aceite, las salchichas, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente, que se establecira el pasado 8 de julio.
Los topes de los productos son los siguientes: el polo troceado, 680 pesos; el litro de aceite vegetal, 990 pesos; el kilo de salchicha, 1.045 pesos; el kilogramo de leche en polvo, 1.675 pesos; el kilo de pasta alimenticia, 835 pesos; y el de detergente, 630 pesos.
Cruzada contra mipymes
La embestida contra el sector privado no ha cesado en los últimos meses. El régimen cubano amplió, desde el pasado 19 de septiembre, la lista de actividades prohibidas para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia de la Isla.
Entre las actividades que quedaron prohibidas para el sector privado se encuentran la fabricación y reparación de equipos médicos, incluyendo su instalación. Según las nuevas normativas, “los materiales odontológicos, insumos médicos y material gastable para uso exclusivo de la salud humana solo podrán comercializarse al sistema de salud pública”.
Además, el Decreto 107/2024 impone restricciones en el ámbito forestal y pesquero. La extracción de madera y otras actividades relacionadas con los recursos forestales quedarán fuera del alcance del sector privado. De manera similar, se prohíbe la pesca de ciertas especies protegidas.
Otra área afectada por las nuevas regulaciones es la gestión de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en asentamientos con poblaciones superiores a 1.000 habitantes, actividad que también será exclusiva del sector estatal.
El comercio al por mayor, una de las actividades que muchos trabajadores por cuenta propia habían considerado para expandir sus operaciones, también quedará prohibido bajo las nuevas reglas.
El régimen también mantiene la prohibición de establecer academias y centros de enseñanza privada. Según la normativa, “las formas de gestión no estatales no titulan en ninguna de las modalidades docentes ni emiten certificados de cursos o talleres”. Además, los profesores de música y otras artes tampoco podrán realizar estas actividades en instituciones estatales.
Asimismo, el Decreto 107/2024 prohíbe la convocatoria y organización de eventos internacionales, así como el desarrollo de actividades de programación cultural. Esto incluye la música, artes escénicas, artes plásticas y cine, entre otros. Tampoco se permitirá la conformación, promoción y comercialización de catálogos de artistas, lo que afectará directamente a aquellos que se dedican a la gestión cultural y artística de manera independiente.
El economista cubano Pedro Monreal subrayó en su perfil de la red social X que “más de la mitad de las prohibiciones contenidas en estas nuevas regulaciones se concentran en sectores productivos claves como el agropecuario y la industria”. El especialista destacó que estas áreas son esenciales para la economía cubana y que las nuevas limitaciones solo agravarán las carencias materiales que ya enfrentan los ciudadanos.
