AREQUIPA, Perú – En “acciones de control” realizadas por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) de Cuba entre el 2 y el 6 de septiembre, las autoridades del régimen estuvieron verificando el cumplimiento de la Resolución 93 de la entidad.
Con ese fin se visitaron unos 1.767 establecimientos (de ellos, 695 estatales y 1 072 no estatales), se detectaron cientos de infracciones e igual número de sanciones.
El próximo 2 de noviembrese cumple un año de la publicación, en la Gaceta Oficial, de la Resolución 93 del MINCIN, que implanta como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial, de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.
En declaraciones al medio oficial Granma, Inalvis Smith Lubén, viceministra del MINCIN, precisó que el 71% de las acciones se concentraron en los trabajadores por cuenta propia (52%) y los establecimientos del sistema de Comercio de subordinación local (19%).
De forma general, explicó la funcionaria, se cuantificaron 506 infracciones, con 459 medidas aplicadas; de ellas, 58 cierres de establecimientos,17 retiros de la Autorización Comercial, y 384 multas por un importe total de 1.044.515 pesos.
Smith Lubén indicó que las infracciones no se comportaron por igual en toda la Isla: por ejemplo, no se determinaron en Santiago de Cuba, se ejecutaron insuficientes acciones de control en Villa Clara y la Isla de Juventud, y se evidenció una baja aplicación de medidas en Pinar del Río y Camagüey.
También se realizaron 602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en los mercados agropecuarios donde el llamado fue a potenciar los pagos digitales.
El reporte oficial puso de ejemplo las infracciones de un negocio privado en La Habana (sin identificar) que publicó en sus redes sociales, hace aproximadamente un mes, sobre el inicio de una nueva modalidad para quienes realizaran el pago de los servicios por las vías electrónicas: el recargo de un 10 % al monto final.
El hecho mereció la intervención de las autoridades castristas, pero es “una práctica que persiste”, reconoce la prensa oficialista.
Smith Lubén recalcó que son sujetos de esta obligación las empresas estatales y las unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio.
La resolución 93 del MINCIN, así como las subsecuentes medidas ante su incumplimiento, se insertan en el proceso de bancarización de la economía lanzado por el castrismo en agosto del 2023.
En una entrevista ofrecida a CubaNet, el economista Elías Amor calificó la medida como un “trastoque en el ámbito de las pequeñas y marginales relaciones económicas” en Cuba y la describió como un “ejercicio de represión económica”.
Además, el experto sostuvo que la obligatoriedad del uso de instrumentos de pagos y títulos de crédito distintos del efectivo, en particular, los medios de pagos electrónicos, supone un esfuerzo organizativo para muchos actores económicos, sobre todo los privados y de dimensiones más reducidas.
