MIAMI, Estados Unidos. – El director general adjunto para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Pelayo Castro Zuzuárregui, sostuvo un encuentro en La Habana con el director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Carlos Miguel Pereira Hernández, y la vicecanciller Anayansi Rodríguez Camejo, el pasado 22 de enero.
De acuerdo con una nota oficial del MINREX, durante la reunión, ambas figuras acordaron avanzar en el cuarto ciclo de implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre Cuba y la Unión Europea (UE), considerado por las autoridades de régimen cubano como “muy avanzado” y con “resultados concretos”.
Según informó el MINREX, ambas partes coincidieron en la elaboración de una “hoja de ruta que contribuirá al seguimiento de las acciones acordadas en los diálogos políticos y el subcomité de cooperación”. Además, se abordaron “las afectaciones que provoca el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba” en el desarrollo de los vínculos con la UE y sus 27 Estados miembros.
El funcionario cubano “agradeció el respaldo unánime” del bloque a la Resolución de Naciones Unidas que insta a Washington a poner fin al embargo económico y financiero contra el régimen de la Isla y la “sostenida posición” europea contraria a la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo.
La visita de Castro Zuzuárregui a la Isla antecede la realización del Cuarto Comité Conjunto Cuba-Unión Europea, programado para los próximos meses, que significará el cierre del actual ciclo de implementación del ADPC.
A pesar de la aparente buena sintonía entre el régimen cubano y los enviados europeos, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación enfrenta fuertes críticas de parlamentarios de Europa y América Latina.
En una carta abierta dirigida a la Unión Europea (UE) en marzo de 2024, los legisladores denunciaron la falta de avances en derechos humanos en Cuba, donde existen más de 1.000 presos políticos y altos niveles de represión.
En la misiva, miembros de parlamentos de Europa y América Latina también señalaron que la UE financia proyectos valorados en 155 millones de euros, distribuidos en 80 iniciativas gestionadas en colaboración con agencias de la ONU, sobre cuya efectividad y uso final existen múltiples interrogantes.
La carta cuestiona la legitimidad de mantener una alianza con el régimen cubano, en especial tras su respaldo a la agresión rusa contra Ucrania y la profundización de la cooperación militar con Moscú, Minsk y Teherán. Según los firmantes, esta postura contradice los valores democráticos que la UE dice promover y genera una “hipocresía” en su política exterior.
Además, los parlamentarios pidieron a la UE que “por el bien de la libertad y la vida de los cubanos”, reevalúe y cese su política hacia La Habana.
Por otro lado, en noviembre de 2023, el Gobierno de Suecia solicitó oficialmente la revisión del ADPC, alegando que la política de compromiso con Cuba “no está teniendo el efecto deseado”. Johan Forssell, ministro sueco de Desarrollo y Comercio Exterior, recordó que, aunque su país debía trabajar en pro de la cohesión de la UE, consideraba necesario “iniciar un debate sobre el ADPC y sus resultados” ante las graves violaciones de derechos humanos en la Isla.
El acuerdo, negociado en diciembre de 2016, ha permitido canalizar millones de euros hacia instituciones del régimen, provocando un clima de escepticismo frente a la posibilidad de que estos fondos contribuyan a mejorar la situación de la sociedad civil. Las crecientes denuncias sobre detenciones arbitrarias, represión a la disidencia y apoyo de La Habana a regímenes autoritarios en la región —como Venezuela y Nicaragua— agregan más dudas sobre la efectividad de este pacto.