¿Qué consecuencias tendrá el tope de precios en Cuba? Esto dicen los economistas

Cuba topó el precio a seis productos de primera necesidad, incluso en mercados privados. Aunque para algunos la medida es favorable, otros consideran que el desabastecimiento podría ser peor. Varios expertos explican las posibles consecuencias de la medida.

Imponer un tope a los precios de media decena de productos de primera necesidad en Cuba podría resultar en que negocios privados dejen de venderlos, generando más desabastecimiento, dijeron economistas consultados por Martí Noticias.

Las autoridades cubanas establecieron el lunes tarifas máximas de venta al pollo, aceite vegetal, leche en polvo, salchichas, pastas alimenticias y detergente en polvo. A su vez, las empresas que los importan quedarán exoneradas del pago de impuesto aduanero.

Con la medida, el Gobierno busca reducir la inflación. No obstante, el ministro de Finanzas y Precio, Vladimir Regueiro Ale, reconoció que para ello es necesario aumentar las producciones y lograr una “mayor oferta de bienes y servicios para la población”.

Aunque para algunos cubanos en la calle la medida es favorable, otros consideran que el desabastecimiento podría ser peor.

Para el economista cubano Mauricio de Miranda “cuando se le impone a los vendedores un precio inferior al que se establecería a partir de las condiciones del mercado, y este no resulta remunerativo, podría preferir retirarse del mercado”.

“¿De qué manera creen que puedan funcionar las empresas privadas si se le impone un precio e incluso una tasa de ganancia, establecida simplemente a criterio de unos burócratas?, dijo el experto a Martí Noticias.

“Las autoridades cubanas se empecinan en desconocer las leyes de la economía y de los mercados”, apuntó y recordó que el sistema de economía centralizada “nunca funcionó adecuadamente”.

El profesor y economista Omar Everleny considera por su parte que con estas nuevas normativas el Estado lo que intenta es competir con las Mipymes en la venta de productos.

“La existencia de un comercio creciente por parte de las Mipymes demuestra que el Estado pudiera ser más ágil al reaccionar ante las nuevas realidades del mercado”, dijo el experto en un análisis publicado este miércoles en IPS.

Los precios de las Mipymes, advirtió, “no son superiores a los de las tiendas en MLC. Si siempre tuviesen precios más elevados, los negocios privados solo pudieran competir con el Estado por el hecho de tener tiendas en cada barrio. Sin embargo, no parece ser el caso, por lo que el uso de la etiqueta ‘precios abusivos’ tendría que ampliarse o modificarse, no únicamente emplearla para referirse a las mipymes”.

Everleny describe la cadena de suministros en la que las Mipymes mayoristas, que importan desde el exterior (a través del Estado), pagan los productos en divisas y los comercializan en moneda nacional a los actores económicos minoristas. Estas últimas venden al menudeo… Mientras más participantes haya, más caros serán los productos para el comprador final”.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, el salario medio mensual en las empresas estatales en Cuba ronda los 4.648 CUP, unos 13 USD, según la tasa de cambio del mercado informal.

“El resultado de imponer precios inferiores a los que funcionarían en un mercado normal es la escasez“, acotó Miranda.

“¿Es eso lo que pretenden las autoridades cubanas?… Esto ya ha ocurrido en varias oportunidades”, dijo y recordó que “no se trata de un error, sino de una muy grave irresponsabilidad política”.

Pedro Monreal, otro economista cubano radicado en España, apuntó por su parte en la red social X que lo observamos hoy en Cuba no es una ‘regulación’ estatal efectiva de la actividad privada, sino “una rústica práctica administrativa derivada de la noción de que la ganancia privada debe ser un dato preestablecido y no un resultado del funcionamiento en el mercado”.

Para Ricardo Torres, economista del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington, “no hay un debate serio” sobre el tema.

En entrevista para la agencia AP, aclaró que “ninguna medida será efectiva si no pasa por incentivos para la producción nacional –que sustituya las importaciones–, el desarrollo de un sector privado competitivo y la reestructuración de las empresas estatales que no son eficientes”.

“Contener la inflación requeriría de una política de ajustes —dejar de lado muchos servicios sociales por ejemplo— al gasto del Estado que el gobierno no podría aplicar sin costos para la población”, dijo.

Miguel Alejandro Hayes, economista y colaborador de Martí Noticias, considera que “la aplicación de esta medida demuestra la falta de capacidad y conocimiento de las autoridades cubanas para hacer políticas económicas”.

“Continúan enfrascados en un instrumento de regulación de precios que consiste simplemente en fórmulas de ordeno y mando a la vez que desconoce que los precios no solo deben reponer el costo unitario de cada producto. Los negocios privados tienen una serie de costos fijos que deben reponer y por tanto una reducción de su margen de ganancias puede afectar la rentabilidad en general de estos”, agregó.

Desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, los presos políticos Donaida Pérez, Loreto Hernández y Arianna López envían una carta al pueblo cubano en la que ratifican sus posiciones políticas como opositores que buscan “un futuro mejor para sus hijos y nietos”

Los presos políticos del 11J Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García subscribieron una carta en la que afirman que seguirán adelante en su lucha por construir un futuro mejor para sus hijos y nietos en Cuba.

Loreto Hernández y su esposa, Donaida Pérez, ambos integrantes de la asociación “Yorubas Libres de Cuba”, fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente por manifestarse en Placetas, Villa Clara, durante las protestas del 11 de julio de 2021.

“A nuestro pueblo lo convocamos a encontrar y sacar afuera esa sangre mambisa que todos llevamos dentro para terminar de una vez y por todas con tantos años de sufrimiento (…) Seguiremos adelante porque tenemos la esperanza de poder construir un futuro mejor para nuestros hijos y nietos, pero primero debemos acabar con esa empresa criminal conjunta que desgobierna nuestra patria”, afirmó.

“En esa carta ellos ratifican su condición de presos políticos plantados, es decir: que continúan rehusándose a formar parte, a participar en el programa de adoctrinamiento y mal llamada reeducación, programa ese concebido para delincuentes comunes”, explica Antúnez.

“Ellos continúan rechazando el sinnúmero de ofertas vergonzosas que les han hecho en varias oportunidades a cambio de que, si ellos desisten de su postura política, pueden ser liberados”, agregó el opositor exiliado en EEUU.

El opositor Carlos Michael Morales se encuentra en delicado estado de salud por complicaciones de una prolongada huelga de hambre. Actualmente está internado en la Sala para Penados del principal hospital de Santa Clara.

El preso político cubano Carlos Michael Morales se encuentra en delicado estado de salud en la Sala para Penados del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro” de Villa Clara, donde está recibiendo medicamentos y vitaminas por vía intravenosa, confirmaron a Martí Noticias fuentes cercanas al opositor.

“Le están suministrando potasio y vitaminas. Me pidió que dijera a su familia y a todos que está bien, pero no lo está. Los guardias que lo custodian reconocieron que su estado es preocupante”, declaró el periodista independiente Guillermo del Sol a nuestra redacción.

Según explicó, él es la única persona autorizada a visitarlo desde que fue trasladado desde el penal Guamajal, en Villa Clara, al centro hospitalario el pasado martes, tras agravarse su salud como consecuencia de una huelga de hambre.

“La visita duró aproximadamente 45 minutos, sin límite de tiempo impuesto”, aclaró el comunicador.

Según el periodista, el Tribunal Provincial contactó con él por la mañana del jueves para autorizar la visita a Morales, quien desde el martes se encuentra en el cuarto piso del hospital, en la Sala de Penados.

“Está muy delgado. Carlos Michael, que debe medir entre 1,70 y 1,75 metros, apenas pesa unas 99 libras”, dijo del Sol, destacando la gravedad de su estado como resultado de una huelga de hambre iniciada hace más de 20 días en Guamajal, en demanda de su libertad.

Morales Rodríguez fue liberado en marzo tras cumplir una condena de dos años y 10 meses por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Caibarién, Villa Clara. Sin embargo, fue detenido nuevamente el 4 de mayo y aún no tiene fecha de juicio.

Actualmente está acusado de desacato por sus críticas a oficiales de la Seguridad del Estado en las redes sociales, y de desobediencia por no acudir a dos citaciones policiales.

“Salió de prisión hace poco más de dos meses y ahora enfrenta la posibilidad de dos años adicionales por no asistir a las citaciones policiales, lo cual considero excesivo y cruel”, comentó del Sol.

Oficiales de la policía política y fiscales también visitaron a Morales en el hospital.

“Los oficiales y los fiscales le propusieron que pagara una multa y que permaneciera en la misma sala hasta su recuperación. Él rechazó la oferta, porque me dijo que olía a secuestro, y declaró que no cesará su huelga hasta que se dé una negociación transparente”, señaló del Sol.

El mismo día de su arresto, Morales inició una huelga de hambre que suspendió el 22 de mayo en espera de una respuesta al Habeas Corpus presentado por su abogada. Cuando la solicitud fue denegada, reanudó su ayuno el 19 de junio.

“He solicitado una reunión con el Teniente Coronel Abelardo, Jefe de la Seguridad del Estado en Villa Clara, para lograr el traslado de Carlos Michael a una sala regular, lejos de las celdas reservadas para los presos”, adelantó del Sol.

El Centro de Denuncias FDP advirtió que Morales enfrenta un peligro inminente de muerte por paro cardiorrespiratorio o fallo renal.

“Responsabilizamos a Raúl Castro, a Díaz-Canel y al Ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, por la vida y la integridad física de Morales”, afirmó la organización independiente en un comunicado.

CubaDecide, por su parte, informó en su sitio web que Morales está “injustamente encarcelado desde el 4 de mayo de 2024 como represalia por sus publicaciones en redes sociales”.

Por otro lado, el Directorio Democrático Cubano expresó su solidaridad con el preso político y su exigencia de libertad.

“El Directorio Democrático Cubano reafirma su apoyo a las demandas de libertad de Carlos Michael en su huelga de hambre, responsabilizando al régimen por cualquier consecuencia grave para su vida, y demanda la liberación de todos los presos políticos en Cuba”, declaró la organización con sede en Miami en una nota de prensa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó numerosos testimonios de cómo el Estado cubano ejerce la violencia contra la ciudadanía

Las diferentes formas de violencia institucional en Cuba fueron el tema de una audiencia este jueves en el 190 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Camila Rodríguez, que dirige el grupo de Trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J, dijo que de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen tras las rejas.

Añadió que “entre inicios del mes de julio de 2023 y este 8 de julio, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11J han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en las cárceles del país”

“En esta audiencia expresamos nuestra preocupación por la salud, e integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años”, expresó.

Muertes bajo custodia

Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Morfi, jefa del equipo legal de Cubalex.

Morfi dijo que su organización ha hecho un análisis de los patrones represivos identificados que abarcan la muerte en custodia policial y las de los reclutas del Servicio Militar en Cuba, durante el periodo del 1ro de enero del 2022 al 31 de enero del 2024.

“Cubalex registró 56 muertes bajo custodia. Este conteo incluye que personas detenidas por resolución judiciales, detenciones temporales por la policía, reclutas en Servicio Militar y dos mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección estatal específica”, explicó.

Entre los patrones de causa de muerte que pudieron identificar están la negación de atención médica, el suicidio, el uso excesivo de la fuerza, la huelga de hambre y accidentes laborales en centros penitenciarios, entre otros.

“Los patrones identificados por Cubalex reflejan profundas deficiencias en el sistema de custodia y detención en Cuba, evidenciando la necesidad urgente de reformas para mejorar las condiciones de detención, asegurar el acceso a atención médica adecuada y garantizar la protección y seguridad de todos los individuos bajo custodia del Estado, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad extrema”, expresó la experta.

Afrodescendientes en el sistema carcelario

Por su parte, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.

“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.

Feminicidios

Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelys Nuñez Leiva, del Observatorio de Género Alas Tensas.

La activista señaló que entre 2019 y 2023, según registros parciales de su organización, “208 mujeres fueron asesinadas, con al menos 24 de ellas habiendo denunciado a sus agresores, en su mayoría parejas y exparejas. Se constató un historial de violencia de género en, al menos, 22 de estos casos”.

“Ante estos crímenes, el gobierno cubano ha negado siempre su responsabilidad, argumentando que existe una voluntad política y un interés estatal en eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres. Sin embargo, la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres y sus hijas en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género sólo confirman la complicidad del Gobierno frente a esta problemática social y lanza un mensaje de impunidad a los agresores”, dijo Nuñez Leiva.

Por último, Yanitza Sánchez, del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellos, que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos, antes y después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021; que se clasifiquen las muertes de reclutas del Servicio Militar como muertes en custodia y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de las y los ciudadanos y más si se encuentran bajo custodia policial o en instalaciones del Estado.

También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y tortura, estableciendo un mecanismo nacional independiente de protección de activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Además, instan al Estado cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género; promulgar una Ley Integral sobre la Violencia de Género y asegurar que todas las formas de violencia contra la mujer sean sancionadas de manera adecuada.

La inminente deportación de un joven cubano asentado en Miami ha generado un temor creciente entre miles de inmigrantes cubanos que permanecen en EEUU con peticiones de asilo pendientes.

Cuando el joven cubano Lisvan Isidron se presentó en la Oficina de la Policía de Inmigración (ICE) en el sur de la Florida para un chequeo jamás pensó que su peor pesadilla se convirtiera en realidad: fue detenido y procesado para su deportación.

En Cuba no tiene familiares. Todos se fueron hace años. Su madre, Mirielzi Cabrera, desde que supo de su inminente deportación sólo llora pensando en el futuro del joven de 26 años.

“Nosotros somos una familia corta de tres personas, no tenemos a nadie en Cuba. Si mañana me lo dejan en el aeropuerto de La Habana, ¿para dónde va a coger? ¿Dónde va a dormir? ¡Qué injusticia!”, dijo angustiada Cabrera a Martí Noticias.

Isidron llegó a Estados Unidos en 2021 por la frontera con México. En ese momento, muchos cubanos que entraban al país por la frontera sur se enfrentaban a procesos expeditos de remoción, como llaman las autoridades migratorias a las deportaciones rápidas.

Tras una entrevista de miedo creíble, Isidron tuvo que comparecer ante un juez de Inmigración, que le negó el asilo político y obtuvo un documento conocido como I-220B.

“La I-220B es una orden de deportación con supervisión. Es decir, la persona tiene la orden de deportación pero no puede ser deportada al momento. Entonces Inmigración lo libera y cada año debe ir a la Policía de Inmigración (ICE) para renovar su estatus por otro año. Así hasta que su país lo acepta”, explicó la abogada Rosaly Chaviano, de Chaviano Law Firm, radicada en Miami.

En el caso de Isidron, la abogada dijo que el joven “no tuvo la oportunidad de contratar a un abogado para su defensa”.

“Fue todo muy rápido, en apenas dos meses ya tenía la orden de deportación y ahora solo queda pedir a Inmigración que detenga esa orden”, añadió.

La madre del joven dijo que temía que las autoridades cubanas persiguieran a su hijo si es devuelto a la isla.

“Él es un muchacho que estudió en Cuba, que no estaba de acuerdo con ese sistema ni con las decisiones que se tomaban. Por eso vino para acá. En Estados Unidos no tiene una multa de tráfico, ni un arresto… nada. Un muchacho que trabajaba y tenía un futuro por delante en este país”, dijo la madre.

Más deportaciones a Cuba

La abogada Chaviano alertó que se deben esperar más deportaciones a Cuba debido a que la isla está dispuesta a recibir a más personas.

“Hay un cambio en la Administración que quiere verse más dura en cuestiones migratorias y Cuba ha dicho que aceptará más vuelos de deportación. Es importante que quienes tengan una orden de deportación hagan todo lo legalmente posible para evitarla”, dijo.

El régimen cubano ha dicho públicamente que está dispuesto a recibir más vuelos de deportación desde EEUU, e incluso una funcionaria cubana se atrevió a pedir la deportación desde EEUU de todos aquellos cubanos que entraron ilegales desde 2017, un número que se acerca al millón de personas.

El régimen cubano también pide frecuentemente la derogación de la Ley de Ajuste Cubano, que le permite a los ciudadanos de la isla obtener la residencia permanente en EEUU luego de un año y un día residiendo en el país.

“En los últimos meses hemos sido testigos de la deportación, sobre todo de jóvenes cubanos que entraron al país después de 2017. Hay personas de nacionalidad cubana que llevan décadas con órdenes de deportación, pero Cuba parece enfocada en aceptar solamente a los más recientes y jóvenes”, dijo Chaviano.

Miles de cubanos con temor a las deportaciones

Este miércoles también fue una pesadilla para Julio Osnedy Martínez, otro cubano de 31 años que recibió una orden de deportación tras cruzar la frontera en marzo de 2021.

“Me levanté tempranito y me iba a trabajar, como todos los días. Cuando me monté en el auto me rodearon los policías de ICE ( la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y me llevaron detenido”, relató vía telefónica a Martí Noticias.

“Fue terrible. Cuando entras al centro de detención ves a mucha gente desesperada. Nadie quiere irse a Cuba. Los oficiales desde que llegas te dicen que te van a mandar para Cuba. El cielo y tierra se unen pensando en tu familia, en la gente que dejas detrás. En toda tu vida que de pronto se termina”, añadió.

Martínez tiene una familia en el sur de Florida. Su esposa, sus padres y dos hijos dependen de él, lo que cree que pudo haber influido en que los oficiales de inmigración no terminaran deportándolo.

“Me acaban de dar un parole, que ha sido una bendición. Con ese documento podré aplicar a la Ley de Ajuste y toda esta pesadilla terminará”, dijo.

Los cubanos con I-220A también temen ser deportados

La abogada Chaviano también dijo que cientos de miles de cubanos que hoy pelean asilos en cortes estadounidenses podrían terminar con órdenes de deportación.

Una cubana en esa situación es Ismary Labrada, quien dijo a Martí Noticias que no duerme desde hace varias noches pensando en su próxima cita en una corte de Inmigración.

“Trabajé para la dictadura cubana como médico durante años en Venezuela hasta que escapé. Llegué a este país buscando libertad y mi peor temor es que me envíen de regreso a Cuba”, confesó.

“Tengo mucho miedo porque mi caso de asilo lo presenté con un notario debido a que no tenía el dinero suficiente para pagar un abogado. Si algo falla no quiero ni pensar qué será de mí”, añadió.

Este 11 de julio varios activistas cubanos dijeron que la policía no les permite salir de sus casas. Según sus denuncias, las autoridades cubanas temen otro estallido popular contra el régimen.

Varios activistas han denunciado desde la isla que están siendo objeto de acoso policial y amenazas cuando se cumplen tres años de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Sin poder salir de su vivienda se encuentra la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, tras ser advertida por un agente de la Seguridad de Estado, de que en caso de violar la orden, podría ser detenida.

Desde Guanabo, en La Habana, Mir Marrero denunció a Martí Noticias: “Hay un muchacho nuevo, se llama “Carlos”, que dice que no puedo salir de mi casa hoy”.

A juicio de la opositora, las autoridades cubanas tienen “terror de que un día como hoy un pueblo otra vez lleno de sus necesidades, calamidades, falta de todo tipo de libertades, vuelva a salir a la calle y se haga cualquier tipo de manifestación”.

“Eso es todo el problema que tienen hoy este 11 de julio, el miedo a perder este poder, de que yo mando porque yo quiero. Eso es todo lo que tienen ellos hoy”, opinó Mir Marrero.

Por su parte, el activista Alberto Turis Betancourt dijo desde La Habana a Martí Noticias que un agente policial le advirtió que no podía salir de su vivienda hoy.

“Ahora mismo pude conectarme, después de varias horas sin poder conectarme. La conexión está tumbada, hay que anclarse a otros teléfonos o anclarse a una red wifi para poder comunicarse con los demás”, declaró desde La Habana Vieja.

“Realmente la policía está en cada esquina. Ayer en la noche se presentaron en la puerta de mi casa y me dijeron que no podía salir hoy día 11 o 12 a la calle, que de salir voy a ser arrestado (…) Muchos hermanos me han contactado y me han dicho lo mismo. Me han dicho que han sido citados, que han sido amenazados de salir”, agregó el activista cristiano.

También la periodista independiente Yunia Figueredo denunció que llevan cuatro días citiados por la Seguridad del Estado.

La activista de derechos humanos y colaboradora del portal ADNCuba dijo en un video enviado a nuestra redacción que los agentes estaban en varias esquinas.

“Ya se ha hecho evidente porque me parquean las motos al frente. Le he tomado fotos a los represores, hoy se parqueó uno frente a la puerta de mi casa y nos dijo que no podemos salir de aquí, que estamos bajo prisión domiciliaria hasta el día 14 o más, hasta que ellos decidan. Ellos son los que mandan y no nos permiten salir de la casa”, declaró Figueredo.

(Con reportes de Ivette Pacheco)