Un total de 194 personas se unió en 2023 a la lista de prisioneros políticos en Cuba, según un informe de la organización Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid. La Isla cerró el año con seis presos políticos más que en 2022, al crecer la lista de 1.057 a 1.063. A lo largo de los doce meses, han pasado por su lista 1.251 personas detenidas o encarceladas por cuestiones políticas y 188 cumplieron íntegramente sus penas en el año.
“Si 2021 fue el año donde la violencia y la represión policial fue la predominante, y en 2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial, el año 2023 ha sido un año para la desesperanza”, sentencia el documento, en el que la organización endurece en particular su discurso contra la comunidad internacional con representación en La Habana, a la que acusa de tener “tibias o nulas acciones” en defensa de los derechos humanos.
En particular, señala a la Unión Europea, Canadá o Noruega de tener actuaciones “dignas de vergüenza para los europeos demócratas, y acogidas con desprecio por el régimen de La Habana. Desde el Vaticano algo se ha intentado, pero ha sido también insuficiente a la vista de los nulos resultados”, lamenta el documento, que califica de “incautos” a quienes depositaron sus esperanzas en la presión exterior.
En particular, señala a la Unión Europea, Canadá o Noruega de tener actuaciones “dignas de vergüenza para los europeos demócratas, y acogidas con desprecio por el régimen de La Habana”
Del discurso solo se libra EE UU, mientras se pone en la picota a Alemania por no hacer “apenas nada” por Luis Frómeta Compte, ciudadano germanocubano de 62 años que fue detenido en las manifestaciones del 11J y a quien su condena – 15 años por “incitar a delinquir– sumada a su edad “deja pocas opciones de salir vivo de Cuba, mientras su familia en Alemania no puede dar crédito de cómo las autoridades de su país no hacen nada verdaderamente enérgico por él”.
El informe especifica que este caso es un mero ejemplo entre muchos de cómo la política exterior europea llega a unos extremos de hipocresía que, como organización con sede en la UE, PD no puede dejar de denunciar.
En diciembre, la organización documentó cinco nuevos casos de presos políticos, aunque cuatro salieron de la lista el mismo mes por extinción de la condena. De ellos, 34 son menores de edad (31 chicos y 3 chicas), 17 de los cuales se enfrentan a penas o procesos por el delito de sedición, que implican condenas de al menos cinco años. Por esa misma pena fueron acusados 222 manifestantes de los que 207 han recibido un promedio de 10 años de privación de libertad.
El documento reserva un apartado específico para denunciar que las mujeres trans están en prisiones de hombres, quedando expuestas por ello a un nivel adicional de violencia y riesgo.
El total de prisioneros restantes lo forman los 829 convictos de conciencia (quienes tienen libertad limitada), 203 prisioneros de conciencia y 31 encarcelados más catalogados como “otros” ya que, si bien cometieron algún acto penalmente reprobable, el origen fue la represión de sus derechos fundamentales y las penas desproporcionadas sin derecho a un juicio justo.
PD insiste en la importancia expresa que tiene el delito de peligrosidad predelictiva, uno de los caballos de batalla de la organización desde su fundación. En Cuba se acumulan, según sus registros, en torno a 11.000 afectados por este tipo de no-delito, la mayoría jóvenes afrocubanos sin vinculación con la oposición y penas medias de entre 10 meses y dos años de prisión. Todos ellos fueron condenados con la ley vigente hasta diciembre de 2022, que mantenía este tipo penal reservado a quienes “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista” podían cometer delitos en un futuro. Bajo ese precepto se ha encarcelado a más de 3.800 personas al año, pero el régimen alega que el Código Penal vigente desde hace poco más de un año ha eliminado esta medida, denunciada a nivel internacional.
PD explica que, en contra de esas alegaciones, existen distintas disposiciones en la nueva ley cuyo resultado es el mantenimiento de facto de la peligrosidad predelictiva supuestamente extinta. Entre ellas están el artículo 434.1. que indica que “la autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional” o el 189.3, que prevé hasta 1 año de prisión por no atender dichas advertencias.
Además, la organización recuerda que la mera existencia de un informe policial que advierta de “conducta inadecuada” permite encarcelar a miles de personas sin derecho a legítima defensa.
PD cierra así un año marcado por la “desesperanza para aquellos incautos que pensaban que el régimen de La Habana tendría que dar marcha atrás, cuando jamás lo hizo en toda su historia, salvo a cambio de pingües beneficios económicos vendiendo a los presos políticos como rehenes, al más puro estilo de las organizaciones terroristas”.
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