Cinco de los seis médicos del hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en Granma, acusados de negligencia médica tras la muerte de un paciente, fueron condenados este jueves a hasta tres años de prisión domiciliaria. Según la doctora Katia Ramírez, tía de uno de los imputados, solo fue absuelta la radióloga Elizabeth Silvera.
Ristian Solano cumplirá la condena más alta, de tres años, mientras Rafael José Sánchez y Henry Rosales Pompa permanecerán recluidos por dos años, la cirujana Yoandra Quesada Labrada un año y seis meses, y William Pérez Ramírez un año. Además, y aunque ya se encontraban suspendidos, no se les permitirá ejercer la profesión mientras dure la condena.
“Temíamos que tanta demora sería para la injusticia y así fue”, lamentó Katia Ramírez, que trabaja en un hospital oncológico de La Habana, al dar la noticia. Explicó que los abogados habían hecho saber a los familiares la sentencia, pero que aún “no tienen en sus manos el documento”. Ramirez añadió que los sanitarios apelarán “a las instancias que sean necesarias”.
En 2021, un hombre de 23 años gravemente herido tras un accidente de tránsito llegó al hospital de Bayamo y fue atendido por el equipo de urgencias. El nombre del paciente no ha sido revelado públicamente, aunque se ha señalado la insistencia de tres de sus familiares para conseguir una condena de los médicos: Ingris Porto Mateo, Dumar Rosales y Osaris Perdomo.
En 2021, un hombre de 23 años gravemente herido tras un accidente de tránsito llegó al hospital de Bayamo y fue atendido por el equipo de urgencias
Una versión del relato de aquella jornada fue contada en un audio por Quesada, que recibió al paciente en calidad de cirujana. Sobre las precarias condiciones en que hubo que atender al joven la doctora ofrece todo tipo de detalles. Según Quesada, el paciente iba conduciendo su moto a unos 160 kilómetros por hora, pero en el primer momento dijo haberse caído del vehículo para minimizar su responsabilidad y evitar problemas.
Su situación no tardó en complicarse y lo condujeron al salón, donde faltaba todo tipo de materiales, desde la ventilación hasta las sondas. En el momento en que los cirujanos tienen que intervenir para actuar sobre las roturas esplénicas que se empezaron a producir –rupturas de hematomas internos posteriores a un traumatismo– emplean una sonda que, en palabras de Quesada, “apareció”. “Le pusimos el drenaje, adecuado o inadecuado, el que teníamos en ese momento”, añade. No fue suficiente y el paciente murió.
La cirujana finalizaba su audio recordando que, tras la muerte del joven, quedaron inhabilitados y en espera de juicio. En aquel momento, la Fiscalía pedía hasta tres años de prisión para varios miembros del equipo.
A la espera de la sentencia, Katia Ramírez también comentó la situación de su sobrino –William Pérez Ramírez, entonces residente de tercer año de la especialidad de Cirugía General– y sus compañeros. “Es inocente”, afirmó, cuando todavía no conocía la sentencia y esperaba clemencia del tribunal.
En su versión de los hechos, Ramírez afirma que “el paciente estaba agresivo, incluso insultó” a su sobrino
En su versión de los hechos, Ramírez afirma que “el paciente estaba agresivo, incluso insultó” a su sobrino, pero Pérez “se limitó a buscar al especialista para evaluación conjunta”, Ristian Solano, encargado de Estancia. Durante la cirugía, alega, su sobrino se limitó a fungir como instrumentista.
“Hasta aquí su contacto con el paciente. Sin embargo, en el documento elaborado por la comisión de la Dirección Provincial de Salud (DPS) y el punto de partida del cual los peritos elaboraron su informe (porque que al igual que la comisión de la DPS tampoco se reunieron con ellos y no fueron entrevistados por estas comisiones) está acusado de recibir y clasificar al paciente, lo que es totalmente incierto”, añade Ramírez, criticando las irregularidades de la investigación.
“Ya no quedan realmente palabras para calificar este proceso… Y no basta con tamaña injusticia, ahora demoran el veredicto”, clamaba el pasado 16 de enero.
La indignación en las redes sociales que provocó el juicio a los médicos, además de la debacle sanitaria que vive la Isla desde hace años, motivó un comunicado del Ministerio de Salud Pública. Las autoridades aseguraron que el proceso se desarrollaba “con apego a las garantías establecidas en las leyes” y señalaba que “estos hechos han generado preocupación en parte del personal de la salud y en nuestro pueblo, los que han sido distorsionados por personas que carecen de información objetiva sobre el caso”.
En un escueto mensaje en su perfil de Facebook, Rafael Sánchez, uno de los imputados, también dio su opinión este viernes sobre el veredicto: “Ya nos llegó la sentencia y desgraciadamente no hay justicia”.
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