Alexis Borges Wilson, quien padece de inflamación de la próstata, fue conducido a consulta por última vez en junio de 2024.
LA HABANA, Cuba. – El manifestante del 11J Alexis Borges Wilson ha pasado más de siete meses sin asistencia médica, según él mismo denunció vía telefónica el pasado 4 de febrero desde la prisión de máximo rigor Combinado del Este, en la capital de la Isla.
El preso político, que padece de inflamación de la próstata, explicó que fue conducido a la consulta especializada de Urología del Hospital Clínico Quirúrgico “Miguel Enríquez” (conocido como La Benéfica) en junio de 2024 y desde entonces no ha recibido atención médica de ningún tipo.
El prisionero del 11J señaló de igual modo que en diciembre de 2024 debía haber sido conducido nuevamente para otra consulta de Urología, sin embargo, el traslado no ocurrió. Asimismo, lamentó que “pasó diciembre y pasó enero” y al momento de emitir su denuncia todavía no lo habían llevado a consulta, a pesar de que los funcionarios del centro carcelario, y en particular el segundo jefe de unidad, mayor Leonelvis Jardi Baró, “están conscientes” de su problema de inflamación en la próstata.
De acuerdo con Borges Wilson, las autoridades carcelarias alegan “falta de combustible” para no llevarlo al hospital. Además, indicó que los medicamentos que necesita tampoco existen en la prisión, sino que tienen que conseguirlos y llevárselos sus familiares por su cuenta. El preso político hizo énfasis también en que continúa con dolores y dificultades al orinar.
Alexis Borges Wilson es residente del municipio Diez de Octubre y tiene 59 años de edad. Cumple una condena de 17 años de privación de libertad como represalia por tomar parte en las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021. Inicialmente, había sido acusado de “desórdenes públicos” y “propagación de epidemias”, delitos que posteriormente fueron cambiados por el de “sedición”, con una petición fiscal de 20 años de cárcel.
Según denunció con anterioridad, fue arrestado de manera violenta en la madrugada del 12 de julio de 2021. Para ello, agentes de las fuerzas represivas invadieron su propiedad, saltaron el muro perimetral, rompieron la puerta trasera y allanaron su domicilio.
Luego del arresto lo tuvieron prisionero durante casi 40 días en la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde fue sometido a numerosas represalias. Incluso, según asegura, llegaron a amenazarlo con darle un tiro en la cabeza.
Al momento de su arresto trabajaba como reparador de fosforeras. Anteriormente se había desempeñado como administrador en diferentes centros laborales.
