LA HABANA, Cuba.- El preso político cubano Ohauri Rondón Rivero, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), denunció a través de una llamada telefónica las violaciones de derechos humanos que se cometen en el centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, también conocido como 15-80, ubicado en el municipio de San Miguel del Padrón.
“Estoy denunciando al régimen castrista por las múltiples violaciones con los presos en la 15-80; aquí apenas hay alimentación, no hay medicamentos y el maltrato es demasiado, este miércoles 26 de junio un recluso se ahorcó”, contó el activista del MONR.
Rondón Rivero hizo referencia también a Mario Alberto Hernández Leyva quien, según refirió, “se encuentra secuestrado” en el depósito del penal por una supuesta causa pendiente de la que él no conoce detalles.
El vicepresidente del MONR fue detenido el pasado 20 de junio y el juicio en su contra podría efectuarse el próximo 15 de julio.
Este jueves, la miembro del Movimiento Maritza Concepción acudió a la prisión para tener noticias de Hernández y, al lograr verlo, después de mucha exigencia, lo encontró golpeado, lleno de protuberancias por los golpes y con una herida sangrante en la frente.
Recientemente, Concepción interpuso un recurso de habeas corpus a favor de Mario Alberto en el Tribunal Provincial Popular de La Habana.
El activista salió en libertad en enero luego de estar detenido casi un año sin juicio, por manifestarse en su barrio contra agentes policiales. En esa ocasión fue acusado por un supuesto delito de resistencia.
Mientras estuvo recluido, sufrió el rigor del presidio político en Cuba. Permaneció 14 días en huelga de hambre y 86 días aislado en una celda de castigo sin derecho a visitas ni llamadas telefónicas. Según las Reglas Mandela, un recluso no debe permanecer en aislamiento prolongado por más de 15 días consecutivos.
En la Prisión 1580 también se encuentra el activista y miembro del MONR Adrián Curuneaux Stivens, a quien el régimen le ratificó la condena de cuatro años de cárcel por el delito de lesiones.
También se halla el prisionero político Jorge Luis Boada Valdés, sentenciado a nueve años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y otros actos contra la Seguridad del Estado, luego de pintar “Díaz-Canel, singao” en tres ocasiones, en un muro del barrio habanero de Lawton, en el municipio Diez de Octubre.
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