La fiscalía General de Cuba finalmente ordenó la detención del agresor de la cantante Katia Naranjo, luego de fuertes críticas en redes sociales porque la policía lo había liberado. El episodio deja al descubierto el hartazgo ciudadano ante la delincuencia en la isla.
Tras el ataque que dejó graves heridas a la vocalista, la policía excarceló al hombre alegando que eran “lesiones leves”. Pero la indignación popular forzó a la fiscalía a intervenir días después, imputando cargos e imponiendo prisión preventiva.
El reclamo viral en internet evidencia la percepción de inacción e ineptitud de las autoridades frente a la creciente violencia en Cuba. Una encuesta reciente reveló que la confianza en la capacidad policial para brindar seguridad es muy baja entre los cubanos.
El gobierno comunista se jacta de haber logrado una sociedad segura y pacífica. Pero el malestar ciudadano por la impunidad de los delitos desnuda otra realidad: la criminalidad campea ante una justicia inoperante que solo reacciona ante la presión de la opinión pública.
Más que arengas ideológicas vacías, los cubanos demandan hechos concretos para enfrentar la ola de violencia que ahoga a la isla. La dirigencia debería prestar oídos a ese clamor si no quiere seguir perdiendo legitimidad.
