Por un meme de Díaz-Canel, enfermero de Santa Clara pudiera estar varios años en la cárcel

Aroni Yanko García Valdés, padre de tres niños, lleva más de 4 meses en prisión acusado de “desacato agravado” a la figura del gobernante cubano; el fiscal le pide la condena más alta prevista para ese delito.

El Tribunal Municipal de Santa Clara juzgará el 19 de agosto por “desacato agravado” al enfermero Aroni Yanko García Valdés, detenido el pasado 3 de abril cuando se presentó en la unidad policial para cumplir con una citación.

García Valdés acudió a la 3ª. estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), de la capital provincial, desde donde fue trasladado a la Unidad de Delitos contra la Seguridad del Estado y posteriormente enviado bajo la medida cautelar de prisión provisional a la cárcel La Pendiente de la localidad.

“Lleva más de cuatro meses en la prisión La Pendiente. Fui hasta el bufete para saber acerca de su proceso y la abogada me comunicó que, justo en ese momento, había llegado un correo donde dice que le van a hacer juicio el 19 de agosto”, explicó a Martí Noticias, Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.

“Lo acusan de desacato agravado porque puso un meme en Facebook con la cara de Díaz-Canel, el dictador de aquí de Cuba”, agregó.

El fiscal pide para García Valdés la condena más alta prevista para ese delito: tres años de privación de libertad.

El desacato se aplica en Cuba al que, de forma verbal o escrita o a través de un medio de comunicación, amenace, difame, insulte u ofenda a un funcionario público o autoridad y se agrava si el hecho se realiza respecto al Presidente, Vicepresidente del país, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, entre otros.

A menos de seis días de la celebración de la vista oral, la abogada, Yordania Figueroa, no ha entregado la Petición Fiscal a la familia ni a su defendido. Este último desconoce que tiene señalada fecha de juicio.

Antes de ser encarcelado, García Valdés laboraba en el Policlínico Maleza de la capital villaclareña. Antes, se desempeñaba en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro.

Al profesional de 31 años, padre de tres hijos, no lo libró de la cárcel ni la crisis del sistema de salud pública en Cuba que añade a la escasez de insumos y medicamentos y el profundo deterioro de la infraestructura, la falta de personal médico.

Por otra parte, Suárez Rodríguez, quien también fue detenida, junto a su esposo durante aproximadamente cinco horas en la 3ª. unidad policial de Santa Clara, fue advertida por la policía política de que podría ser procesada penalmente.

“Yo estoy siendo amenazada de que no puedo publicar, no puedo denunciar su situación. Él es el sostén de mi casa. Estoy sola con mis tres niños y estoy siendo amenazada, incluso, de que me pueden quitar los niños, que me pueden sancionar”, lamentó.

“La gente de la Seguridad del Estado tiene una represión horrible aquí en Santa Clara, ¡hasta con la abogada!”, concluyó

La organización destacó que aún continúan 119 mujeres recluidas por razones políticas. El informe de este mes destaca los casos de los presos políticos Carlos Michael Morales, Mario Alberto Hernández Leyva y Yasser Boni.

Tres nuevas personas encarceladas por motivos de opinión incrementaron la cifra de presos políticos en Cuba a 1.119 en el mes de julio, de acuerdo al informe mensual de Prisoners Defenders. La organización reveló que casi dos mil cubanos han sido encarcelados desde las manifestaciones del verano de 2021.

Al cierre del mes, se mantienen tras las rejas 30 menores, 29 varones y una hembra, “en centros de carácter totalmente penitenciario”, que el régimen denomina “Escuelas de Formación Integral”, pero dependen del Ministerio del Interior, no del de Educación.

Aún continúan 119 mujeres recluidas por razones políticas, incluidas las que están en libertad condicional y libertad limitada; y dos transexuales que cumplen prisión en establecimientos para hombres.

Unos 324 presos políticos padecen graves patologías que no son atendidas, debidamente, denunció la ONG.

La institución, con sede en Madrid, destacó los casos de Carlos Michael Morales, que, tras cumplir su sentencia por su participación en las manifestaciones del verano de 2021, recibió una nueva condena, “arbitraria y fabricada”, de ocho meses de prisión domiciliaria.

El presidente del Tribunal municipal de Caibarién, Sandro Rodríguez, ha amenazado a Morales con enviarlo a prisión cerrada si no se registra para laborar en un centro estatal, “lo cual constituye un claro indicador de trabajo forzoso, que constituye una de las formas contemporáneas de esclavitud”, indica el informe.

También remarca los procesos penales celebrados al activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), Mario Alberto Hernández Leyva y Yasser Rivero Boni, ambos doblemente victimizados por las agresiones que han sufrido por parte de los mandos penitenciarios.

En virtud del tercer aniversario de las protestas populares del 11 de julio de 2021, Prisoners Defenders subrayó en su recopilación que totalizó 1.731 presos políticos desde esa fecha hasta la actualidad.

Asimismo, resalta que en la isla sigue imperando “la miseria, la represión, el miedo de sus ciudadanos, la persecución de la prensa, la huida del país de miles de ciudadanos cada mes y el dolor de las familias y los presos”.

La organización reconoce más de 11 mil civiles, jóvenes y afrocubanos en su mayoría, que no pertenecen al movimiento opositor, que están cumpliendo penas de entre dos años y diez meses, sin haber cometido delito alguno, ni siquiera en grado de tentativa.

Con la aprobación del nuevo Código Penal, se anuló el índice de estado peligroso, pero se conserva intacta la capacidad de condenas precriminales, o sin delito, aprobando que “la autoridad competente del Ministerio del Interior puede advertir oficialmente a quien de forma reiterada realice acciones que la hagan proclive a delinquir o a quebrantar el orden social y constitucional”.

Cubanos residentes en la isla explican el impacto que está ocasionando en la población la medida adoptada por el gobierno de topar los precios a productos de primera necesidad que ahora sólo pueden encontrarse en el mercado negro a precios exorbitantes

El tope de precios impuesto por el gobierno a seis productos de alta demanda que se venden en los comercios privados conocidos porpularmente como (mipymes) ha provocado un aumento de las ventas clandestinas en la isla, dijeron varios residentes en Cuba a Martí Noticias.

El Ministerio de Finanzas y Precios, mediante la Resolución Nº 225 de 2024, estableció fijar los precios del pollo, aceite vegetal, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo.

“¿Qué ha traído consigo el tope de los precios? Un mercado más subterráneo, que es la bolsa negra más negra de lo que estaba anteriormente, más complicado para la gente, esos que antes podían, con mucho sacrificio, comprar un paquetico de pollo que ha desaparecido de los diferentes locales donde venden estas mipymes”, dijo el periodista independiente Adriano Castañeda.

Vladimir Ríos Cruz, trabajador por cuenta propia, señaló al gobierno como único responsable de esta situación: “Es el Estado, todavía hay veinte ancianos que le creen todas las mentiras que dicen en el noticiero, no acaban de ver que el responsable de todos nuestros males es el sistema”.

El Ministro de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, explicó al decretar el tope de precios que también se limitaría al 30% la ganancia que los comercializadores pueden obtener por la venta de estos productos regulados.

“Un 30% de margen de ganancia podemos decir que tiene un carácter extraordinario. Es suficiente y satisfactorio para cualquier actor económico que realice una actividad de cualquier tipo, productiva, de servicio, de comercialización”, consideró el funcionario.

Yasmany González, condenado a 4 años de cárcel por “propaganda contra el orden constitucional” cumple condena en el Combinado del Este, una prisión de máxima severidad, donde su salud se ha deteriorado por las condiciones deplorables del penal.

El preso político Yasmany González, conocido en redes sociales como Yasmany Libre, Rapero está enfermo y sin asistencia médica en el Combinado del Este, en La Habana, dijo a Martí Noticias desde La Habana su esposa, Ilsa Ramos.

González está “muy flaquito y con diarreas” porque dice que el agua en la prisión “está contaminada”, señaló Ramos. En el penal, denunció la mujer, “no tienen atención (médica) de ningún tipo, no tienen medicamentos”.

El rapero cubano, de 31 años de edad, fue arrestado en abril de 2023 por dibujar un grafiti antigubernamental en los muros de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, en los predios del estadio universitario.

Aunque ya fue condenado a 4 años de prisión por el cargo de “propaganda contra el orden constitucional” y recibió su sentencia, las autoridades del penal lo mantienen en un destacamento con reos pendientes de sanción, explicó su esposa.

“No le quieren dar los beneficios de pase, ni nada”, añadió.

Ramos dijo que su esposo no tiene por qué estar preso en el Combinado del Este, en un régimen severo, junto a reos sentenciados por delitos comunes a largas penas de cárcel. “El Combinado es una prisión para personas que tienen (condenas por) delitos de más de 10 años”, apuntó.

La esposa del preso político dijo que la reeducadora del penal le dijo que, por el delito cometido, su esposo “ameritaba estar ahí” en la prisión de máxima seguridad, y que le denegaran el beneficio de mínima severidad, que ya le corresponde por el tiempo que ha pasado encarcelado.

Una solicitud previa para que se le otorgase ese beneficio fue denegada. Ahora tendrá que esperar a diciembre “a ver si lo aprueban”, dijo Ramos.

En una denuncia hecha a finales de junio, la esposa de González dijo que el prisionero político había perdido los dientes y solo lo habían llevado al dentista en una ocasión.

González resultó lesionado en una golpiza en prisión en noviembre de 2023 a manos de guardias y reos comunes. El motivo de la golpiza, dijo entonces su esposa, fue porque tenía un papel en el que había anotado nombres de presos que colaboraban con la Seguridad del Estado.

Presos en el Combinado del Este denunciaron esta semana que sobreviven en condiciones deplorables, entre roedores, cucarachas, comida en mal estado y la falta de medicamentos para aliviar sus dolencias.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)

El sacerdote católico cubano Kenny Fernández revela cómo la Seguridad del Estado lo coaccionó por sus publicaciones en redes sociales. A pesar de la intimidación, el Padre Kenny defiende su derecho a la libertad de expresión y su llamado a la oración por la paz y la justicia en Venezuela y Cuba.

Cubalex destaca que el país atraviesa por una crisis estructural, sistémica en el ámbito económico, social y obviamente también político, con autoridades cada vez menos legítimas en el sentido de que ya las personas no creen en el sistema.

“Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes”, indicó la ONG.

El informe destaca la aprobación de un conjunto de medidas dirigidas contra el sector privado, que agravan aún más la ya deteriorada situación del país, el cual ha ajustado oficialmente sus presupuestos a “condiciones de economía de guerra.”

“Continúa la grave situación social y económica del país, o sea, no hay mejoras ni perspectivas de mejoras en ese sentido. Es evidente que el país atraviesa por una situación de crisis en todos los órdenes, una crisis estructural, sistémica en el ámbito económico, social y obviamente también político, con autoridades cada vez menos legítimas en el sentido de que ya las personas no creen en el sistema, entre otras cosas porque no cuentan con libertades civiles y políticas básicas y también porque sus necesidades materiales cotidianas se ven cada día más deterioradas, ahora con el uso de este eslogan del Gobierno de ‘economía de guerra’ que se traduce, en la práctica, en la ausencia de un suministro estable, permanente, de productos de primera necesidad que van desde alimentos, aseos, medicinas, etcétera”, indicó a Martí Noticias, el abogado de Cubalex, Raudiel Peña Barrios.

Asimismo, el informe resalta el descenso de la población cubana a menos de 10 millones de habitantes, debido, en mayor medida a la ola migratoria imparable.

“Un segundo elemento que se constata en el informe es que se mantiene la represión contra la sociedad civil y la oposición política cubana. El informe tiene reportes de detenciones arbitrarias, citaciones ilegales, de acoso, tanto en el espacio físico como digital. Hay también información verificada sobre regulaciones migratorias a activistas opositores políticos”, señaló el jurista.

Cubalex compiló 266 personas, 77 mujeres y 189 hombres, que se vieron afectadas por la ofensiva de las fuerzas represivas, entre ellas los presos políticos Carlos Michael Morales Rodríguez y Maikel Puig Bergolla, la activista Yunia Figueredo y la antropóloga Jeny Pantoja, despedida de su centro laboral.

Las acciones violatorias de los derechos humanos fueron los castigos, falta de atención médica y traslados forzosos contra los presos políticos en las cárceles y entre la población, vigilancia, restricción de movilidad interna, coacción, violencia o acoso, detenciones arbitrarias, corte selectivo de comunicaciones y citaciones arbitrarias.

Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. Los municipios con más represión fueron Santa Clara, Camagüey y Guanabacoa.

De acuerdo a la entidad, que tiene su sede principal en Miami, las organizaciones más reprimidas fueron las Damas de Blanco, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y la iniciativa Cuba Decide.

“El informe lo que demuestra, en términos generales, son esas dos grandes cosas: el mantenimiento de la represión contra la sociedad civil y la oposición política con cifras de cada uno de los incidentes de represión que conocimos en Cubalex y al mismo tiempo da cuenta de la grave situación social y económica del país”, detalló Peña Barrios.