Las manifestaciones cada vez más crecientes de descontento popular en Cuba han desatado una “atmósfera de represión generalizada” por parte de las autoridades que criminalizan el derecho a la protesta con amenazas directas y el encarcelamiento de los ciudadanos que lo ejercen, denunció Amnistía Internacional.
Es una “situación alarmante de crisis múltiple de derechos humanos, donde vemos que hay problemas graves para acceder a los medicamentos y alimentos”, una crisis que ha reconocido incluso el gobierno de Miguel Díaz-Canel, dijo este domingo en entrevista a Europa Press Johanna Cilano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
“Existe una incapacidad de sostener una canasta básica de alimentos, algo que ha empeorado respecto a hace 15 años (…). Lo que se está viviendo en Cuba es brutal”, afirmó Cilano.
La investigadora explicó que muchos cubanos carecen de agua potable o gas para cocinar los pocos alimentos que consiguen, y que una gran parte de las remesas que llegan ahora al país “lo hacen en forma de comida”.
Al gobierno, dijo Cilano a Europa Press, “solo les queda la represión” ante el descontento generalizado de la población civil.
“La situación es grave y yo me atrevería a decir que lo que se describe en los testimonios de aquellos que viven en la isla reflejan un ambiente similar al de 2021, justo después de la pandemia, cuando el país estaba completamente cerrado al turismo”, una situación económica de crisis profunda de la que Cuba no se ha recuperado, señaló en la entrevista la investigadora de Amnistía Internacional.
Si bien no han ocurrido en la isla protestas de la magnitud de las del 2021, “existe un esfuerzo permanente” por parte de las autoridades, de “recrudecer la atmósfera de miedo tras el 11 de julio”, apuntó Cilano.
“Hemos tenido protestas muy desarticulantes y de carácter local concentradas en ciertas demandas”, dijo la investigadora, pero de cada una de esas protestas también han salido reclamos políticos “a favor del cambio y la libertad”.
Cilano explicó que este tipo de protesta está marcada por el entorno cada vez más represivo y la crisis humanitaria que vive la isla, especialmente tras el colapso energético del 18 de octubre pasado, que dejó a la isla a oscuras durante días, con un apagón generalizado que provocó la paralización del país.
Con esta crisis energética el gobierno demuestra una vez más su incapacidad de dar “absolutamente nada” a la población, y también su incapacidad de “convencer” ante lo que Cilano llama “una crisis de legitimidad de los dirigentes”, que insisten en un “discurso desconectado de la realidad”.
Declaraciones de la académica y activista Alina Bárbara López Hernández la semana pasada a Martí Noticias coinciden con las de Cilano: “Lo ocurrido en estos últimos días de crisis energética ha demostrado que el Estado no tiene la posibilidad, como en etapas anteriores sí la tuvo, de auxiliar o de responder de algún modo, aunque sea elemental, a una situación como esta”, dijo la intelectual matancera.
Ante esta situación, “la represión es lo único que queda y ha ido generalizándose”, ya no solo enfocada en los activistas, opositores y periodistas independientes, sino en la población común, afirmó Cilano a Europa Press.
“Hoy tienes decenas de personas que están en las cárceles y eran ciudadanos comunes que salieron a protestar, que era su primera protesta y no estaban vinculados a grupos de oposición y activismo”, concluyó Cilano.
El régimen cubano mantiene en prisión a más de mil presos políticos, la mayoría encarcelados por protestar el 11 de julio de 2021, o en fechas sucesivas, en demanda de cambios en el país que garanticen mejores condiciones de vida a los ciudadanos.
La semana pasada, Amnistía Internacional reiteró su demanda al gobierno cubano de que libere a los ciudadanos encarcelados por ejercer su libertad de expresión y manifestación pacífica. “Miguel Díaz-Canel, libere a Pedro Albert y a los cientos de personas encarceladas injustamente por defender sus derechos”, exigió la organización.
