AREQUIPA, Perú – El régimen chavista de Nicolás Maduro calificó como “piratería” la confiscación del avión del dictador venezolano en República Dominicana, una acción realizada por autoridades estadounidenses en el país caribeño y sustentada en las sanciones de Washington que pesan sobre Venezuela.
“Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que, una vez más, las autoridades de los Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería, ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República”, señala un comunicado del ministerio venezolano de Relaciones Exteriores.
Asimismo, el chavismo manifestó que se reservará el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión oficial.
Venezuela “se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal” de Estados Unidos, apunta el texto oficial.
Un reporte en exclusiva de CNN cita a dos funcionarios de EE.UU. quienes indicaron que la adquisición de la aeronave violaba las sanciones, entre otras cuestiones penales, por lo que fue enviada al estado de Florida.
“Incautar el avión del jefe de Estado extranjero es algo inaudito en asuntos penales. Estamos enviando un mensaje claro aquí de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”, apuntó uno de los funcionarios a CNN.
En opinión del régimen chavista, la requisa de EE.UU. revela que ningún Estado está a salvo de “acciones ilegales” que “desconocen” el derecho internacional.
“Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como República Dominicana para que sirvan de cómplices de sus actos delincuenciales”, agrega el comunicado chavista, el cual también asegura que la confiscación no “es una acción aislada”.
Luego de las elecciones electorales del 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el chavismo, acreditó la victoria a Maduro, Washington ha sostenido una postura crítica contra el dictador.
El avión incautado, cuyo costo se estima en alrededor de 13 millones de dólares, había estado en la República Dominicana en los últimos meses y ha sido descrito como el equivalente venezolano del Air Force One.
Los funcionarios estadounidenses no detallaron por qué se incautó la aeronave en este momento específico, pero sí se refirieron a él como “una oportunidad”.
En la confiscación se involucraron varias agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
En abril, EE.UU. revirtió parcialmente el alivio de sanciones contra el régimen venezolano, al acusar a Maduro de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
En ese sentido, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, aseveró la semana pasada que la negativa del CNE a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una “violación inaceptable” de las leyes del país.
Entretanto, la crisis postelectoral en Venezuela ha dejado más de una veintena de fallecidos. La organización Foro Penal ha registrado y verificado hasta el 26 de agosto unos 1.780 presos políticos adjudicados a la represión chavista, entre ellos 114 menores de edad.
En ese sentido, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, aseveró la semana pasada que la negativa del CNE a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una “violación inaceptable” de las leyes del país.
