lLa Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha anunciado un proyecto de cooperación valorado en 1,3 millones de dólares destinado a promover prácticas de pesca sostenible en el golfo de Guacanayabo. Aunque esta ayuda es un paso significativo hacia la sostenibilidad del sector pesquero en la isla, los pescadores privados continúan enfrentando serias dificultades y denuncian una creciente represión por parte de las autoridades gubernamentales.
La ayuda de la FAO incluye la provisión de equipamiento especializado, herramientas y apoyo logístico para las empresas pesqueras estatales, alineándose con las leyes cubanas recientes, como la Ley de Pesca de 2019 y la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este proyecto busca reforzar la capacidad de Cuba para gestionar de manera sostenible sus recursos pesqueros, una necesidad crítica en un país insular donde la pesca desempeña un papel vital en la seguridad alimentaria.
El gobierno cubano espera que el proyecto contribuya a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la industria pesquera estatal. Sin embargo, esta iniciativa llega en un momento en que los pescadores privados se sienten cada vez más marginados y hostigados por las autoridades.
Mientras el gobierno celebra la colaboración con la FAO, los pescadores privados en Cuba describen un panorama muy diferente. Desde el comienzo del año, las autoridades han intensificado la supervisión y represión de la pesca no estatal, imponiendo multas significativas y confiscando equipos a aquellos que no están alineados con el sistema estatal de acopio pesquero.
Entre enero y abril de este año, 601 pescadores privados fueron sancionados con multas que ascienden a 1,8 millones de pesos, según datos oficiales. Además, se les decomisaron más de 87 toneladas de productos pesqueros, 37,6 kilómetros de redes y 254 flotadores. Las autoridades justifican estas acciones como parte de un esfuerzo para proteger los recursos pesqueros y garantizar su manejo sostenible, pero los pescadores lo ven como una ofensiva gubernamental contra su medio de vida.
En Trinidad, Sancti Spíritus, los pescadores han expresado su frustración por la falta de acceso a equipos de pesca adecuados y el constante riesgo de perder lo poco que tienen debido a las acciones de los guardafronteras. Un joven pescador, que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, comentó sobre las dificultades de obtener equipos en un mercado restringido y los altos costos de los mismos. “Aquí casi todo es criollo, sobre todo los arpones. No es fácil conseguir los equipos porque no es como en el exterior, que los adquieres en una tienda”, explicó.
Para ejercer la pesca comercial no estatal en Cuba, los pescadores deben cumplir con una serie de requisitos burocráticos, incluido el obtener una licencia. Sin embargo, estos permisos no garantizan plena libertad en la actividad, ya que están sujetos a estrictas normativas que regulan qué especies pueden capturar y bajo qué condiciones.
La Resolución 16/2024 establece que los pescadores no vinculados al sector estatal pueden capturar y comercializar ciertas especies como peces, túnidos, ostiones, almejas, jaibas y camarones marinos, pero cualquier otra captura requiere autorizaciones especiales. Además, los pescadores deben realizar una conciliación trimestral con la Oficina Nacional de Inspección Estatal, donde deben presentar una declaración jurada de sus capturas, un proceso que muchos consideran engorroso y restrictivo.
En Caibarién, Villa Clara, varios pescadores han alzado la voz ante las autoridades locales, denunciando las limitaciones impuestas por el gobierno y las dificultades para mantener sus operaciones. Según reportes de la emisora local Radio Caibarién, estos pescadores enfrentan problemas para adquirir equipos esenciales como baterías para sus embarcaciones, y critican que las tallas mínimas permitidas para la pesca privada son mucho más restrictivas que las del sector estatal.
