HOLGUÍN, Cuba. – La reciente advertencia del diario oficial Granma sobre las nuevas sanciones para el intercambio de divisas en el mercado informal reafirman la postura inflexible del régimen cubano. Firmado por el magistrado del Tribunal Supremo Popular Jesús Ramón García Ruiz, el artículo publicado el pasado miércoles presenta una posición estricta y severa sobre las operaciones monetarias no autorizadas.
De esta forma, Granma advierte, en tono amenazante y categórico, que cualquier transacción de divisas fuera de los procedimientos establecidos por el Banco Central de Cuba (BCC) es ilegal y estará sujeta a severas sanciones. El tráfico de monedas y metales preciosos se clasifica como un delito, y se recuerda que, según el Decreto-Ley No. 361 de 2018, el BCC es la única entidad autorizada para regular las políticas monetarias y de cambio.
El artículo también desglosa las implicaciones legales de la compraventa de monedas en el mercado informal bajo el Código Penal cubano, que contempla penas de prisión y multas. Destaca que cualquier transacción fuera de los canales oficiales no solo es ilegal, sino que también puede resultar en la confiscación de fondos y la exposición a delitos como fraude o robo, sin posibilidad de restitución durante el proceso judicial.
En este escenario, por un lado, la dura realidad económica en Cuba ha llevado a muchos ciudadanos a optar por el mercado informal de divisas como una salvación ante la persistente escasez de dólares y euros en el sistema financiero oficial y, por el otro, la crónica falta de divisas en el mercado regulado ha provocado una creciente demanda de transacciones de divisas informales, que los ciudadanos han tratado de satisfacer mediante medios no oficiales.
El régimen sostiene que el mercado informal es perjudicial para la economía nacional y busca erradicar estas prácticas para mantener un estricto control sobre los tipos de cambio y las políticas monetarias. Sin embargo, pasa por alto las causas subyacentes de la proliferación del mercado informal. La falta de suministro de divisas en el mercado oficial, sumada a un sistema de cambio que no refleja la realidad económica, ha creado un vacío que el mercado informal ha llenado por necesidad.
La política del régimen de sancionar también puede verse como una herramienta de control y represión. En lugar de abordar las causas fundamentales que han llevado al surgimiento de un mercado informal de divisas, el régimen opta por un enfoque punitivo que restringe aún más las opciones disponibles para los ciudadanos.
El uso de mecanismos legales para disuadir las transacciones en el mercado informal y sancionar a los participantes puede tener un impacto en las personas comunes que simplemente intentan manejar su economía personal en un entorno marcado por la escasez. Al castigar estas actividades, el régimen parece ignorar las circunstancias desesperadas en las que muchos se encuentran, y exacerba la crisis económica en lugar de aliviarla.
La crisis económica de Cuba no puede entenderse sin considerar el contexto político y social. La falta de reformas estructurales y la ineptitud de los gobernantes cubanos en la gestión de la economía han llevado al país a una situación crítica. Las medidas económicas recientes no han detenido la crisis. La inflación ha aumentado alarmantemente: el peso cubano se ha devaluado y el costo de los bienes básicos se ha elevado. Esta devaluación ha desencadenado un aumento descontrolado en el valor de la divisa en el mercado informal, donde la población busca desesperadamente preservar su poder adquisitivo.
Numerosos intentos del régimen para estabilizar el peso cubano han sido ineficaces. Políticas como la unificación monetaria, la llamada bancarización, la creación de la aplicación Ticket para agendar citas para la compra de divisas libremente convertibles, y culpar al portal El Toque por estimular la devaluación de la moneda nacional, solo han empeorado la situación.
Estas medidas han sido un sonado fracaso. La reciente detención del exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, por “errores graves” empeoran aún más el contexto. Tras cinco meses de detención, ni los cargos concretos ni la situación legal de Gil han sido divulgados.
Por otro lado, y dada la ausencia de vías legales para adquirir grandes volúmenes de divisas en Cuba, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se han convertido en los principales compradores en el mercado informal. La mayoría de las mipymes importan bienes que luego se venden en moneda nacional en la Isla.
Surgen entonces preguntas clave: ¿de dónde obtendrán estas empresas las divisas necesarias para sus importaciones? ¿Penalizará el régimen a los propietarios de mipymes por comprar divisas en el mercado informal, el único lugar donde se pueden obtener grandes cantidades debido a la falta de divisas en las casas de cambio estatales?
El control de divisas y las sanciones contra el mercado informal reflejan una estrategia económica que prioriza el control estatal sobre la flexibilidad económica. La insistencia en mantener un control estricto sobre las operaciones de divisas, junto con la amenaza de sanciones severas, solo contribuye a un entorno económico aún más complicado y a una crisis que parece no acabar.
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