La ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más alertó este lunes sobre “un nuevo método de represión” implementado por el Gobierno de Daniel Ortega contra críticos y opositores, que consiste en prohibirles la entrada al país cuando salen de viaje y buscan retornar.
“Este Colectivo quiere alertar de un nuevo método de represión, como lo es la apatridia de facto, derivada de la negativa infundada de no dejar entrar a nicaragüenses a su patria, por ser personas consideradas traidoras al Gobierno, o bien por el simple hecho de ser familiares de personas excarceladas políticas, periodistas, madres de asesinados y personas defensoras de derechos humanos”, señaló la organización en una declaración.
El último caso público fue el de Ana Salinas, hermana del periodista y escritor exiliado nicaragüense Carlos Salinas Maldonado, autor de un libro sobre la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien no pudo retornar el viernes pasado a su país por la negativa del Gobierno sandinista, según denunció la plataforma Alertas Libertad de Prensa Nicaragua, que documenta los casos de violaciones a la libertad de expresión y prensa.
Las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua no suelen dar explicaciones sobre esa medida
Las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua, que son las encargadas de notificar a las aerolíneas o al transporte terrestre sobre esa prohibición a los viajeros nicaragüenses, no suelen dar explicaciones sobre esa medida.
“A este patrón se debe sumar a quienes su pasaporte es arrebatado por funcionarios y fuerzas represivas del régimen, dejándolos indocumentados y sin ninguna protección”, continuó ese Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.
“La apatridia de facto es una nueva forma de represión que genera graves violaciones a derechos humanos, obliga al exilio y anula de forma casi absoluta la personalidad jurídica de quienes las sufren”, explicó la ONG.
Según ese organismo, “aún con estas violaciones reiteradas, las personas en el exilio han apostado a la resiliencia como forma de resistencia frente a la dictadura, se han fundado nuevas organizaciones, medios de comunicación y emprendimientos en el exilio para la subsistencia”.
No obstante, anotó que los nicaragüenses desterrados “continúan sufriendo obstáculos para acceder a fuentes formales de empleo, a la salud, educación y otros elementos necesarios para tener una vida digna”.
El Colectivo solicitó a la comunidad internacional que “se continúen realizando gestiones para exigir el cese de la represión y el destierro”
En ese sentido, ese Colectivo solicitó a la comunidad internacional que “se continúen realizando gestiones para exigir el cese de la represión y el destierro o desplazamiento forzado que destruye familias, proyectos de vida y somete a Nicaragua a una situación constante de graves violaciones de derechos humanos”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales opositores en prisión o en el exilio.
El método descrito por la ONG también ha sido empleado en Cuba para forzar al exilio a activistas e intelectuales que se oponen abiertamente al régimen de La Habana y cuentan con cierto respaldo público. Con la desaparición de los opositores del escenario nacional, el Gobierno cubano pretende que el activismo de estos se diluya en el exilio.
Los casos más conocidos de expulsiones del país o la prohibición de regresar son los de la artista Tania Bruguera –que negoció su salida a cambio de la liberación de un grupo de presos políticos–, Anamely Ramos –que tiene prohibido regresar a la Isla–, Hamlet Lavastida –que fue conducido hasta el aeropuerto y desterrado tras permanecer tres meses en prisión– y la periodista Karla Pérez –a quien se le negó su ingreso al país en 2021.
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