Estación de Policía de Pilón, en la costa sur de Granma. Dos agentes toman la declaración de Alberto, un campesino cuyo caballo fue descuartizado a plena luz del día. “A pocos pasos de mi finca”, precisa el hombre, fuera de sí. “Cortaron las matas espinosas que cubren la cerca y luego arrancaron los alambres. Encontraron a la bestia y cuando me di cuenta ya era muy tarde”.
Inexpresivo, uno de los policías se limita a tomar notas en una libreta. El otro sigue haciéndole preguntas, con desgano, a Alberto. “Y no es solo el caballo”, sigue. “Los bandoleros ya se sienten tan seguros que cuando entran a una propiedad no perdonan nada. Roban lo que sea. Además, toda la carne que consiguen la logran vender y bastante barato, a 250 pesos la libra. Esto pasa todos los días, la matanza no da tregua”.
El reclamo no cae bien a los oficiales. Uno de ellos –el de la libreta– mira a Alberto y le espeta: “La culpa no es de la Policía. Fuiste tú el que se dejó robar el animal”.
Una multa de 10.000 pesos impuesta por el Registro Agropecuario de la provincia y la absoluta indefensión frente a los ladrones fue el saldo de la denuncia del robo, cuenta Alberto a 14ymedio. “Lo último que me dijeron fue que me pusiera a vigilar mejor a mis vacas”. La desatención de la Policía y la inacción de las autoridades no es casual, reflexiona el campesino.
Hace tiempo que los guajiros acuden en vano a todas las instancias oficiales para pedir ayuda ante la ola de agresiones, hurtos y descuartizamientos en las inmediaciones de las fincas. La prensa oficial reveló que en 2022 se registraron 5.363 casos de hurto y sacrificio de ganado mayor en Granma, más del doble de los registrados en 2021, unos 2.332. Y la provincia ni siquiera está entre las más afectadas por el fenómeno, que el año pasado se cobró en toda Cuba a 82.445 animales, lo cual equivale a 22 millones de libras de carne.
Es inevitable pensar, opina Alberto, que tanto el gobierno municipal de Pilón como la Policía se benefician de los robos y por eso no dan una respuesta real al problema. “Todos los dirigentes compran carne de res ilegal, y por eso nadie se atreve a ordenar una investigación a fondo del asunto”, asegura.
Al cabo de varios meses de alerta, la situación se ha convertido en una guerra sin cuartel. Viti, otro campesino de Pilón, ha tomado medidas drásticas contra los bandoleros locales. “Estoy cansado, pero también estoy preparado para coger a los ladrones”, dice, sin revelar la estrategia que ha ideado. Tiene en la mira a un ratero en particular: Yobani, conocido como Spai, un prófugo que aprovechó un pase de la cárcel y desde hace dos meses no se sabe de él.
Es inevitable pensar, opina Alberto, que tanto el gobierno municipal de Pilón como la Policía se benefician de los robos y por eso no dan una respuesta real al problema
“La Policía dice que lo está buscando pero es mentira. Yobani aparece a cada rato en un barrio cerca de aquí, donde están los demás bandoleros, y los oficiales han tenido miles de oportunidades de atraparlo”, señala. ¿Por qué no lo hacen? “Porque Spai está protegido por alguien en el Ministerio del Interior y sabe Dios quién más está involucrado”.
Los campesinos de Pilón estiman que cada día se pierden de cuatro a seis animales, entre vacas, caballos, toros y bueyes. A la hora de comprar en el mercado informal, nadie cuestiona la procedencia de la carne. Los barrios donde más se trafica son el Bon, Calabaza, Durañona y la zona conocida como del Mirador.
Abandonados a su suerte por la ley, el imperativo de realizar acciones a título personal contra los criminales es un criterio compartido por muchos ganaderos. “Nos estamos armando”, dicen tajantemente Alberto y Viti. “Si ellos –los dirigentes y los policías– tienen su comida asegurada y no piensan hacer nada, aquí no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.
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