La acción fiscalizadora del régimen, desarrollada en todo el país, alcanzó 590 multas en las 862 inspecciones efectuadas en Cienfuegos.
AREQUIPA, Perú – Más de una veintena de ventas forzosas de productos agropecuarios y de primera necesidad, el cierre de seis establecimientos del sector no estatal y la cancelación de 30 proyectos de trabajo son el saldo del más reciente “ejercicio de control de precios” realizado por el régimen cubano en la provincia de Cienfuegos.
Informa la prensa oficial de la Isla que la acción fiscalizadora, desarrollada en todo el país, alcanzó 590 multas en las 862 inspecciones efectuadas en Cienfuegos.
Alexander Brito Brito, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, señaló que los equipos de labor identificaron 630 violaciones.
“Con la mira en los actores económicos dedicados a la actividad transportista y a la comercialización y servicios de alimentos, durante las jornadas de trabajo recibimos y atendimos 56 quejas y cinco denuncias. También hubo acciones de enfrentamiento a ilegales y en varios territorios identificamos a menores ejerciendo el trabajo por cuenta propia”, subrayó el funcionario.
Con base al incumplimiento del Decreto Ley 30, la acción fiscal ha recaudado una cifra superior al millón de pesos en Cienfuegos, especialmente en los municipios de Aguada de Pasajeros, Rodas, Santa Isabel de las Lajas y la cabecera provincial.
En una nota positiva, Brito Brito destacó que se observó “un incremento y aceptación por los actores económicos inspeccionados del uso de los canales electrónicos de pago”.
Sin embargo, muchos evaden la legalidad, máxime cuando se constató que “ante una tendencia de alerta, algunos decidieron cerrar sus negocios durante las jornadas de ejercicio”.
El pasado 8 de julio entró en vigor la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios, que fija costos máximos para la venta minorista del pollo troceado, los aceites comestibles (excepto el de oliva), la leche en polvo, las pastas alimenticias y el detergente en polvo.
El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) en Cuba recientemente informó que entre el 17 y el 23 de agosto pasado se realizaron 58 decomisos y 773 ventas forzosas por “violaciones detectadas”. Las medidas, enfocadas en los actores no estatales como mipymes, forman parte de lo que el régimen califica como “acciones de enfrentamiento” y de “control popular”.
El hecho sucedió a las medidas estipuladas en la Resolución 225/2024 del MFP, con las cuales el Gobierno castrista topó los precios de varios productos de alta demanda en la red minorista del país, conformada en lo principal por mipymes.
Desde el pasado lunes 8 de julio, el Gobierno cubano reactivó la controvertida medida del tope de precios a varios productos de primera necesidad, una semana después de haber sido suspendida temporalmente. La resolución tiene el presunto propósito de frenar la creciente inflación en la Isla.
Los afectados, los cubanos que viven de su salario, que no les alcanza para acceder a los alimentos básicos, opinaron que los precios continúan elevados, pero a partir de la implementación de la medida, se han desaparecido muchos productos en los negocios privados como mipymes y el Estado no los garantiza.
