(EFE).- La “represión selectiva contra líderes sociales y políticos” en Venezuela está creciendo de cara a las elecciones de 2024, después de que hubiera bajado en intensidad desde que con la pandemia de covid-19, en 2020, se redujeron las protestas, alertó hoy la Misión Internacional Independiente para Venezuela.
En la presentación de su cuarto informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, indicó como muestra “muy preocupante” de esa creciente represión la inhabilitación política de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado.
Otros ejemplos han sido la intervención judicial del Partido Comunista de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia y la condena penal a 16 años de prisión a varios dirigentes sindicales por participar en protestas por reclamaciones laborales, agregó.
“En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados”
“En Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al Gobierno que continúa”, subrayó la jurista portuguesa al presentar el informe.
Éste, que se centra en abusos cometidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de julio de 2023, documenta al menos 58 detenciones arbitrarias de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONG, periodistas, miembros de partidos de oposición y otros críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro.
El informe, que ya había sido presentado en rueda de prensa el pasado 20 de septiembre, también cita nueve muertes de opositores y líderes de la sociedad civil relacionadas con prácticas represivas, 14 desapariciones forzadas de corta duración, y 28 casos de tortura y malos tratos, entre otras violaciones de derechos humanos.
El documento reconoce un descenso de las violaciones de derechos humanos denunciadas con respecto al periodo anterior a 2020, por el cambio en la crisis política que produjo la pandemia en ese año, al marcar el fin de las protestas masivas y de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala en respuesta a iniciativas para desestabilizar al Gobierno.
Valiñas criticó además que el mismo día 20, en el que su misión presentó en rueda de prensa el informe, se condenó a penas de entre 16 y 30 años de prisión a siete acusados de la causa “Operación Constitución”, entre ellos personas cuyos casos habían sido documentados por la propia misión en informes previos.
“Fueron víctimas de detenciones arbitraras, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos”, afirmó la experta
“Fueron víctimas de detenciones arbitraras, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos”, afirmó la experta, denunciando que la audiencia se celebró a altas horas de la madrugada, incorporando pruebas documentales “intempestivamente” y prescindiendo de más de 30 testigos.
“El mensaje parece ser claro: el Estado no está dispuesto a corregir violaciones del pasado y, por el contrario, sigue con su política de represión a pesar de lo que señalen los mecanismos internacionales de derechos humanos”, lamentó Valiñas ante el Consejo de Naciones Unidas.
Junto a los abusos directos contra personas críticas, la presidenta de la misión denunció la “represión de instituciones clave de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación” que han conseguido, por ejemplo, que “casi no exista prensa independiente en el país”.
En el turno de réplica tras la presentación del informe, el embajador venezolano ante Naciones Unidas, Héctor Constant, negó la legitimidad misma de la misión, aprobada en 2019 por una resolución del propio Consejo de Derechos Humanos.
“Ha sido impuesta por razones políticas a mi país bajo la lógica hegemónica de maximizar la presión mediática y política sobre Venezuela”, aseguró el diplomático.
“Este informe, en vez de alinearse con la promoción y la protección de los derechos humanos, es una muestra de la perversión de los derechos humanos y es lamentable que todavía algunos países apoyen tal calamidad”, afirmó Constant.
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