El gobierno uruguayo ha dado un paso significativo en la regularización de la situación migratoria de miles de personas, principalmente cubanos, que residen en el país sudamericano de forma irregular. Después de una larga espera y solicitudes, el gobierno ha firmado un decreto que permitirá a estos migrantes acceder a un estatus legal, poniendo fin a su situación de incertidumbre.
El decreto, firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, establece la posibilidad de obtener la residencia a través del “arraigo”, una figura legal dirigida a aquellos que no cumplen con los requisitos para ser considerados refugiados. Esta medida beneficiará a casi 20,000 personas que se encuentran en una situación migratoria irregular en Uruguay, siendo la mayoría de ellos ciudadanos cubanos.
El proceso de regularización contempla tres tipos de residencia: por arraigo laboral o trabajo por cuenta propia (permanente), arraigo familiar (permanente) y arraigo para formación (temporaria renovable). Esta medida supone un avance significativo para aquellos que han estado esperando una respuesta a sus solicitudes de refugio, muchas de las cuales han sido rechazadas debido a la falta de cumplimiento de ciertos requisitos.
La situación de estos migrantes ha sido objeto de preocupación durante años, ya que su estatus irregular les ha impedido acceder a empleos y servicios básicos, así como dificultado la posibilidad de reunificación familiar. A pesar de que el proceso de regularización estaba pendiente desde hace tiempo, la firma de este decreto representa un rayo de esperanza para miles de personas que han estado viviendo en un limbo migratorio.
La decisión del gobierno uruguayo ha sido aplaudida por parte de la comunidad cubana y otras nacionalidades que se encuentran en una situación similar. Sin embargo, queda mucho por hacer en términos de procesar las solicitudes pendientes y garantizar que todos los migrantes tengan la oportunidad de regularizar su situación de manera justa y equitativa.
El presidente Lacalle Pou ha destacado la importancia de esta medida en un contexto regional donde los flujos migratorios han generado tensiones políticas y sociales. Su compromiso con la regularización de los migrantes refleja una postura de apertura y solidaridad, a pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir.
El nuevo decreto de regularización representa un paso adelante en el reconocimiento de los derechos de los migrantes en Uruguay y un ejemplo de cómo las políticas inclusivas pueden contribuir a una sociedad más justa y cohesionada.
