Las autoridades de México piden 7.500 dólares a la familia de Yarlenis Ortiz González, la cubana que fue asesinada por su ex pareja en Tapachula, para retornar su cuerpo a la Isla. Según declaró Mirelsi Palmero al influencer cubano Niover Licea, amiga de la mujer de 37 años, “no pueden incinerar el cuerpo porque fue un feminicidio”.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 271 establece que está ” prohibida la cremación” de cuerpos que sufrieron muerte violenta, ya sea por feminicidio, homicidio doloso, accidente o suicidio.
Palmero, que se encuentra en Estados Unidos, cuenta que la familia no tiene el dinero para el traslado. Iralda González, madre de Yarlenis, pidió a través de sus redes sociales el apoyo para reunir el monto del traslado y “poder darle digna sepultura en el calor de su tierra y sus seres más queridos”.
Ortiz González era de la provincia de Camagüey. Abandonó la Isla, como miles de cubanos, en busca de un mejor futuro para sus hijos, de 15 y 17 años, y para su madre. En Tapachula (Chiapas) había conseguido un trabajo en el bar Las Caguameras, ubicado en la colonia Las Hortencias. Hasta este sitió llegó Iván Cabrera Martínez, también cubano, con quien había terminado días antes, y la asesinó con arma blanca.
La Fiscalía de Chiapas informó a 14ymedio que el proceso en contra del feminicida sigue abierto y tiene un mes para que su defensa presente pruebas a su favor. El Código Penal del estado, en su artículo 164 bis, indica que el delito de feminicidio se castiga con “40 a 60 años” de prisión y una sanción económica que ya determinará el juez.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 271 establece que está “prohibida la cremación” de cuerpos que sufrieron muerte violenta, ya sea por feminicidio, homicidio doloso, accidente o suicidio
Por su parte, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las causas de la muerte de Luis Enrique Méndez, que se encontraba bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado 16 de noviembre.
Según el comunicado oficial, Méndez falleció durante el traslado de la estación hacia el Hospital Cofat, que está a menos de 200 metros de distancia. García Villagrán insiste en que la muerte del cubano se debió a la “desidia de los agentes de la estación migratoria Siglo XXI” y fue en estas instalaciones donde perdió la vida.
“Hay fotos que muestran al migrante inconsciente –presuntamente sin vida– en el cubículo de la estación Siglo XXI donde se alojaba”, dijo García Villagrán al periódico La Jornada. El activista además interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Una fuente del Gobierno mexicano cercana al caso afirmó a este diario que Luis Enrique Méndez “no estaba registrado en la lista de ingresos del INM”, una práctica común de los agentes para evitar que puedan ampararse y evadir la deportación. Además, prosigue “no había programado ningún retorno asistido” el día en que falleció.
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