MIAMI, Estados Unidos. – Las medidas prometidas a mediados de septiembre por la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas no solo no se han concretado, sino que se mantienen envueltas en la incertidumbre, publicó este viernes el periódico Miami Herald.
En septiembre pasado, un miembro del Congreso de EE.UU. con conocimiento del asunto ―el cual no fue identificado― dijo al diario estadounidense que las regulaciones previstas facilitarían la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para empresarios cubanos, así como la compensación de transacciones en dólares originadas en terceros países.
Sin embargo, estas probables medidas se han encontrado con la fuerte oposición de figuras políticas como el representante republicano de Florida Mario Díaz-Balart, defensor de las sanciones contra el régimen cubano.
Díaz-Balart, también presidente de un subcomité de la Cámara de Representantes responsable de decisiones presupuestarias para el Departamento de Estado, ha manifestado tanto en público como en reuniones privadas su rechazo a cualquier tipo de ayuda que pueda beneficiar al Gobierno cubano.
Asimismo, Díaz-Balart ha hecho constar la contradicción de apoyar a Ucrania mientras se propone ayudar al régimen cubano, un aliado cercano de Rusia. El político cubanoamericano “no ve cómo tiene sentido aprobar fondos para Ucrania y al mismo tiempo canalizar fondos hacia Cuba”, según indicó el miembro del Congreso consultado por el Miami Herald.
En el centro del debate se encuentra la naturaleza y el rol del sector privado en un sistema marxista autoritario, apunta el periódico estadounidense. A pesar de que en 2021 el Gobierno cubano permitió la creación de empresas privadas por primera vez en décadas, estas operan bajo restricciones gubernamentales significativas. Sin embargo, han surgido casi 9.000 empresas privadas, generando empleo y contribuyendo a la importación de alimentos y bienes necesarios.
La administración Biden sostiene que apoyar a estas empresas es vital para propiciar la independencia de los cubanos del Estado, mejorar los salarios y contener la emigración (más de 400.000 cubanos han llegado a Estados Unidos en los últimos dos años).
Sin embargo, Díaz-Balart y otros críticos argumentan que las reformas de mercado bajo el gobierno comunista no crearán un verdadero sector privado independiente y no propiciarán cambios democráticos. Además, señalan que las transacciones de cambio de sentido propuestas beneficiarían al régimen y no exclusivamente a los empresarios.
El proyecto de ley de presupuesto recientemente aprobado en la Cámara de Representantes, en el que Díaz-Balart jugó un papel crucial, refleja esta oposición. Estipula que los 30 millones de dólares destinados a programas de promoción de la democracia en Cuba no pueden utilizarse para apoyar empresas o reformas económicas.
