Más de 60 personas han sido juzgadas en Ciego de Ávila desde febrero de este año por delitos vinculados a la extracción ilegal de oro. Una cantidad mucho menor que en 2021, cuando 300 individuos se vieron obligados al pago de multas y otras sanciones, además del decomiso de los materiales utilizados en su labor, entre ellos las herramientas y los vehículos.
En la provincia, el problema viene de largo. En enero, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy estuvo en el municipio de Baraguá, uno de los más afectados, donde pidió enfrentar el problema con “rigor, racionalidad y sistematicidad”. El funcionario aludió a los peligros de esta práctica, que pone en riesgo la salud por la falta de equipamiento adecuado, pero también al impacto sobre la economía local, donde se usa el oro como moneda de cambio, devaluando aún más el peso.
La presencia del ministro ha servido de poco y el Tribunal Municipal de Baraguá ha tenido que atender 16 casos de este tipo, entre ellos una denuncia por desobediencia, y está en pleno desarrollo otro proceso por cohecho –castigado con hasta ocho años de prisión– vinculado a la minería ilegal, según contó al diario Invasor Humberto González Figueroa, especialista en Derecho Penal y presidente del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila.
A estos casos hay que añadir cinco juicios celebrados por contaminación de suelos, en los que fueron condenadas seis personas
A estos casos hay que añadir cinco juicios celebrados por contaminación de suelos, en los que fueron condenadas seis personas, de las que tres tuvieron penas de prisión y otras dos, de correccional.
Además, hay nueve juicios pendientes también por ese delito, por los que los acusados permanecen bien en prisión provisional, bien en libertad bajo fianza.
Invasor, más que una pieza informativa, ha dedicado al asunto una nota moralizadora, admitiendo pese a todo que “nadie escarmienta en cabeza ajena”. El diario provincial explica los artículos del Código Penal y la Ley de Minas que castigan este tipo de actividades y señala que Camagüey, Las Tunas y Holguín también están entre los territorios que más sufren por estos delitos.
“Quienes se sientan animados por el enriquecimiento fácil y la conquista del oro, al estilo del Oeste norteamericano, deben tener presente, además, que están bien documentados por los especialistas, los efectos a corto, mediano y largo plazos de la exposición al mercurio y el polvo de sílice, no solo para ellos, sino también para sus familiares y hasta las poblaciones cercanas”, cierra la nota, intentando paralizar la minería ilegal por la vía del alarmismo.
Más allá de las preocupaciones sanitarias, el Gobierno está preocupado por el expolio que sufren sus minas en el centro del país
Más allá de las preocupaciones sanitarias, el Gobierno está preocupado por el expolio que sufren sus minas en el centro del país, casi todas ellas entregadas a concesionarias como la australiana Antilles Gold, que en marzo de 2022 presentó un proyecto para asociarse con la estatal GeoMinera S.A. y hacer prospecciones en varios yacimientos de la Isla, tres de ellos en Ciego de Ávila, uno en Camagüey (La Unión), otro en Holguín (Aguas Claras) y La Demajagua, en Isla de la Juventud.
El problema de la extracción ilegal de oro en Cuba comenzó a inquietar a la prensa oficial en 2018, cuando el diario oficial del Partido Comunista publicó un reportaje dedicado a la muerte de varias personas por esta actividad.
“En busca de una fortuna rápida, los mineros ilegales no solo sacan provecho ilícito del patrimonio nacional y dañan el medio ambiente, también ponen en peligro sus vidas”, decía el texto de Granma.
Para ese momento, este diario ya había publicado, en sus primeros meses de vida, un reportaje en el que abordaba el fenómeno, concretamente en Holguín, donde los propios mineros contaban sus métodos de trabajo y los riesgos que les acechaban.
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