AREQUIPA, Perú – El régimen cubano ha realizado cerca de 800 operativos y cierres policiales desde que iniciara, el pasado lunes, el llamado “Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a las actividades delictivas, conductas antisociales, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos”.
La nueva cruzada del castrismo, impulsada por el Partido Comunista de Cuba, ha resultado en “más de 4.000 acciones profilácticas, que conllevaron el traslado a estaciones de policía de más de 3.300 personas implicadas en delitos e ilegalidades”, según informó la coronel Deniset González, jefa de información y análisis de la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
También dirigido por el Gobierno y el Ministerio del Interior (MININT), autoridades del régimen cubano intercambiaron sobre el proceso en el espacio oficialista Mesa Redonda.
Al respecto, González señaló que el grupo de acciones que se han ejecutado esta semana como parte del ejercicio “son continuidad de tareas” que se han estado desplegando durante períodos anteriores, y las cuales el MININT viene ejecutando en territorios, consejos populares y comunidades del país.
Con relación a las más de 800 operativos y cierres policiales, la directiva refirió que estos se realizaron en lugares como las principales arterias de la ciudad, las vías de acceso a través de los puntos de control, en algunos tramos de carreteras y de la autopista nacional, donde se han identificado presencia de ilegalidades.
Añadió que se han desarrollado “un grupo de juicios ejemplarizantes en todos los tribunales provinciales”. Asimismo, se han organizado equipos de trabajo de conjunto con la Fiscalía, se han evaluado procesos penales para agilizar la conclusión, y evaluar la conveniencia de realizar estos juicios.
La PNR asegura además que presta atención al tráfico y consumo de drogas, un flagelo en la Isla agravado por la falta de acciones de las autoridades.
“En este ejercicio se han culminado procesos investigativos, han sido detenidas personas implicadas, se incautó un grupo importante de dinero, bienes adquiridos como resultado de estas actividades, y se han incautado también un grupo de cannabinoides sintéticos”, explicó la coronel.
González aseguró que en esos casos los implicados están detenidos y continúan las investigaciones para ampliar posibles cadenas delictivas, identificar modus operandi y cortar aquellas cadenas de suministros de narcóticos.
“Hemos llegado a comunidades, pero sobre todo la mirada ha estado enfocada en los centros escolares, por las afectaciones que hemos tenido en estos segmentos”, resaltó, ratificando el problema de consumo de drogas en menores de edad.
La coronel indicó que más de un centenar de personas fueron encauzadas en los tribunales por estar involucrados en el hurto y la receptación de ganado mayor.
Por su parte, el vicefiscal general de la República de Cuba, Marcos Caraballo de la Rosa, describió al “ejercicio nacional” como “una respuesta contundente para preservar una de las conquistas más preciadas de la Revolución: la tranquilidad ciudadana”.
En ese sentido, subrayó que se potenció el control penal a partir de la revisión de más de 1.900 expedientes en fase preparatoria o atestados, lo que permitió culminar un grupo de ellos y avanzar en las fases siguientes del proceso.
Afirmó que presentaron 527 expedientes en fase preparatoria a los tribunales para solicitar la apertura del juicio oral y se impusieron más de 300 medidas cautelares, de las cuales el 83% correspondió a prisión provisionalpor delitos que son prioritarios en la cotidianidad, como el enfrentamiento a la droga y la corrupción.
“Se pusieron en manos de los tribunales cuatro casos [de corrupción], en los cuales estamos participando en los juicios, como es habitual, para que haya una respuesta penal en correspondencia con su gravedad y con las características de las personas involucradas”, expuso.
De acuerdo con Caraballo de la Rosa, se trata de procesos de corrupción donde están involucradas muchas personas, algunos con cadenas delictivas, incluyendo a directivos, funcionarios, trabajadores y otros que se pusieron de acuerdo para apropiarse de los bienes, recursos financieros y materiales.
