El primer ministro cubano amenaza con sanciones al sector privado por no cumplir con sus obligaciones fiscales y la bancarización.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, advirtió que el 65% de los negocios privados en la isla podrían enfrentarse al cierre de sus operaciones debido a supuestas evasiones fiscales y al incumplimiento de las normativas relacionadas con la bancarización .
Durante su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Marrero presentó cifras oficiales que reflejan irregularidades en la gestión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y los trabajadores por cuenta propia (TCP).
Cuentas bancarias sin fondos y evasión fiscal
Según datos proporcionados por el Banco Central de Cuba (BCC) y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), más del 20% de los emprendedores no ha abierto las cuentas bancarias fiscales exigidas por la ley.
Además, de las 515,949 cuentas fiscales abiertas, 286,040 presentan saldo cero, lo que el gobierno interpreta como una maniobra para evadir impuestos.
Marrero subrayó que esta situación requiere medidas severas, incluida la revocación de licencias operativas y el cierre definitivo de los negocios que no cumplan con las normativas establecidas.
Reticencia al uso de pagos electrónicos
Otra irregularidad señalada por el primer ministro es la negativa de muchos negocios a aceptar pagos electrónicos mediante códigos QR, pese a disponer de las herramientas necesarias.
Marrero criticó que estas prácticas van en contra de las disposiciones del gobierno, aunque reconoció que los comerciantes enfrentan desventajas económicas debido a los costos que los bancos estatales cobran por estas transacciones.
Al cierre de 2024, el sistema bancario cubano reportó la emisión de 18,082,000 tarjetas de pago, un incremento del 12% respecto al año anterior.
Asimismo, continúa creciendo el uso de plataformas digitales como Transfermóvil y Enzona, aunque aún enfrentan resistencia por parte de los emprendedores.
Multas y sanciones por precios topados
El gobierno también intensificó su fiscalización en 2024, con más de 606,000 inspecciones realizadas, de las cuales 371,489 detectaron violaciones a los precios topados.
Esto derivó en la imposición de 371,333 multas, que acumularon más de 980 millones de pesos en sanciones. Además, se ejecutaron 17,767 ventas forzosas, el cierre de 3,522 establecimientos y 1,024 decomisos.
Marrero consideró insuficientes estas cifras e instó a los gobiernos locales a incrementar el ritmo y el rigor en las acciones de control. Como incentivo, se implementó un nuevo sistema de pago para los inspectores, quienes ahora recibirán mejores salarios según la cantidad de multas aplicadas.
Control de precios agrícolas
El primer ministro enfatizó la necesidad de regular los precios de los productos agrícolas, un reclamo frecuente de la población. Recordó que esta responsabilidad recae en los gobiernos locales, quienes deberán reforzar los mecanismos de control y cumplimiento en este sector.
Con estas medidas, Marrero dejó claro que el gobierno no retrocederá en su intento por fortalecer el control estatal sobre la economía privada, a pesar de las crecientes tensiones entre emprendedores y autoridades.
