“Los terroristas y sus cómplices buscan colonizar nuestras mentes”, fue una de las tantas afirmaciones exaltadas del vocero del régimen Humberto López durante la emisión de este martes del programa Hacemos Cuba. ¿Cómo cazar y ajusticiar a esos “enemigos declarados de la Revolución”? ¿Qué mecanismos legales pueden garantizar la extradición desde EE UU de “criminales” como Alexander Otaola o Orlando Gutiérrez Boronat? ¿Puede seguir creciendo la “lista de terroristas” publicada el pasado 7 de diciembre?
Para responder a estas preguntas, López invitó al plató a tres interlocutores ideales: Pilar Varona, viceministra de Justicia; Marcos Caraballo, vicefiscal general de la República, y Francisco Estrada, el teniente coronel que dirige el Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado.
El presentador pidió a la viceministra de Justicia que recalcara la importancia de que la lista apareciera en la Gaceta Oficial. Varona lo complació: que el texto aparezca en esa publicación “le imprime un peso legal”, dijo, que ayuda a acentuar el rigor
El presentador pidió a la viceministra de Justicia que recalcara la importancia de que la lista apareciera en la ‘Gaceta Oficial’
Estrada Portales desempolvó los videos de la Seguridad del Estado sobre las explosiones de 1999 en varios hoteles. No hay ningún problema en que hayan pasado más de 20 años desde aquellos sucesos, aclaró el vicefiscal Caraballo: sobre Guillermo Novo, Pedro Crispín y José Hernández –tres de los nombres que encabezan la lista– caerá el peso de la ley “en cualquier momento”.
Pese a dejar clara la vigencia de todos los procesos enumerados en la lista, López decidió que muchos eran historia antigua y prefirió avanzar a 2020, con los casos de Iván Leyva y Jorge Fernández, residentes fuera de la Isla y acusados de realizar “sabotajes en el sistema energético nacional”. “Grabemos estos nombres”, subrayó el vocero del régimen, “tenemos pruebas”.
López no tiene inconveniente en citarse a sí mismo, durante emisiones anteriores de Hacemos Cuba, mostrando los interrogatorios televisados que realizó a algunos “terroristas”. Según el presentador, las confesiones de personas que fueron financiadas por Leyva y Fernández bastan para condenarlos. Las imágenes “siguen siendo impactantes”, celebró.
La Seguridad del Estado tiene en su poder material para imputar a numerosas personas, dijo el teniente coronel, tanto detenidas como fuera del país.
El presentador recitó con énfasis los nombres de Otaola, Eliécer Ávila, Gutiérrez Boronat, Jorge Ramón Batista Calero y Alain Sánchez, entre otros, sobre quienes preguntó al vicefiscal si incurrían en el delito de terrorismo o si simplemente ejercitaban su libertad de expresión. “Ese derecho no es absoluto”, “tiene límites”, insistió Caraballo. “No hay ninguna duda: las nuevas tecnologías se pueden convertir en un escenario para cometer hechos terroristas y violentos”.
En cuanto al influencer Batista Calero, conocido como Ultrack, López lo tomó como ejemplo de clara conducta terrorista, por su convocatoria a “matar a la cúpula castrista”. El delito, teorizó Estrada, no es solo cometer un hecho, sino “consumir las instigaciones”, “participar” en grupos en redes sociales, “replicar la incitación”. Es una vía recta para “recibir financiamiento”, tarde o temprano.
“¿Van a ser investigados aunque lo que hayan hecho es comunicarse?”, preguntó López. La respuesta del vicefiscal fue afirmativa
“¿Van a ser investigados aunque lo que hayan hecho es comunicarse?”, preguntó López. La respuesta del vicefiscal fue afirmativa. La Constitución prevé una “amplia gama” de participación en los delitos, “aunque no se produzca un resultado concreto”.
El meollo de la jornada fue la “asistencia penal internacional”, la serie de mecanismos a los que Cuba piensa apelar para “garantizar un enfrentamiento efectivo” contra los “terroristas”. Varios países “han cooperado con Cuba” para enviar a personas de interés que ha pedido La Habana –el vicefiscal no dijo quiénes–. La Interpol “circuló con notificación roja” a 12 integrantes de la lista, dijo el representante de la Seguridad del Estado. Esas personas están ahora en Cuba, en medio de su proceso legal.
Sin embargo, aunque las autoridades internacionales no escuchen las demandas de Cuba, siempre se puede “juzgar en ausencia” a los integrantes de la lista. El vicefiscal recordó que entre los castigos están la reclusión perpetua y la condena a muerte. La consigna es “perseguir, reprimir y sancionar” a quienes el Gobierno considere terroristas, subrayó la viceministra de Justicia, en los últimos minutos del programa.
Traicionó al vocero estrella del régimen, sin embargo, una alusión descuidada al “deseo e imaginación” de la Seguridad del Estado a la hora de llamar terroristas a quienes “suenan una y otra vez” en las investigaciones. El teniente coronel hizo caso omiso al desliz: “Esos nombres irán a parar a la lista”, advirtió.
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