LA HABANA, Cuba. – Aunque en ocasiones el castrismo deba convivir con determinados espacios de mercado en la economía, cualquier entendido en la materia sabe que en el fondo en régimen no las tiene todas con las estrategias que tienden a la libertad económica.
En ese sentido las autoridades practican con frecuencia los topes de precios, casi siempre con el supuesto fin de proteger a los consumidores, pero también con el objetivo de mantener el carácter omnímodo del Estado en la vida económica de la nación, y de paso obstaculizar la manifestación de la relación oferta-demanda.
Las autoridades no solo topan los precios minoristas a la población, sino que además lo hacen con los precios de acopio que las entidades estatales les pagan a los productores. Y esto último es lo más grave, puesto que casi nunca esos precios fijados centralmente aciertan a cubrir los costos de producción de quienes trabajan la tierra u ordeñan las vacas, y entonces se produce un cuello de botella que traba todo el sistema productivo.
Un trabajo periodístico aparecido en el periódico oficial Granma da cuenta de la crítica situación que presenta la producción y acopio de leche en la provincia de Villa Clara (un estado de cosas que se repite en otros territorios del país).
Un total de 1.709 productores de leche en esa provincia incumplen sus contratos con el Estado y no le entregan ni un litro de leche a la industria, lo que ha afectado la entrega de ese producto a los niños y a las personas que cuentan con la leche como parte de sus dietas médicas.
A la hora de encontrar las causas de tamaño incumplimiento, el oficialismo acude a manidos pretextos, como las limitaciones de recursos vitales para mantener en buen estado la ganadería, los estragos causados por la pandemia de COVID-19 y el “bloqueo” de Estados Unidos, así como el incontenible fenómeno del hurto y sacrificio ilegal del ganado. Ha trascendido que, por este último motivo, en lo que va de año se han perdido cerca de 12.000 animales, de ellos 5.000 vacas que debían estar aportando leche.
Conviene aclarar la cuota de responsabilidad que le cabe al régimen por el auge de estos delitos contra el ganado vacuno. Si la carne de res le ha sido vedada a la población, y solo se ve en los hoteles y centros turísticos donde no puede acceder el cubano promedio ―y , por supuesto, también en la mesa de los que integran la cúpula del poder―, es lógico que muchas personas deseen consumir ese alimento a como dé lugar.
Sin embargo, uno de los productores que opinó para el referido trabajo periodístico se encargó de poner el punto sobre las íes. El principal problema es el precio topado que las autoridades le han fijado al litro de leche. Le pagan a 20 pesos por cada litro que el productor entregue al Estado. Y, según quienes ordeñan las vacas, se trata de un importe que ni remotamente cubre sus costos de producción.
En consecuencia, los productores se hallan desmotivados. Algunos ya no quieren producir, y otros optan por incumplir sus contratos de venta de leche al Estado para ofertarla en otros espacios que las autoridades califican de ilícitos.
De todas maneras, y al margen de los encontronazos entre productores y el Estado de los últimos tiempos, resulta innegable la debacle que la producción lechera ha experimentado en el país.
De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de 2022, la producción de leche de vaca cayó en picada durante el quinquenio 2018-2022. En el 2018 se obtuvieron 576.000 toneladas; un año después la cifra bajó a 512.000 toneladas. En el 2020 se alcanzaron 455.000 toneladas; y en el 2021 la producción fue de 374.000 toneladas. En el pasado 2022 se tocó fondo con solo 369.000 toneladas.
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