Las autoridades cubanas intentaron contratar toda la producción agrícola del país; después vendría la cruzada contra las mipymes y, por último, la criminalización del mercado informal cambiario de divisas.
LA HABANA, Cuba. – El acápite 102 de la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista” establece que “se combinan los instrumentos de dirección directos o administrativos, con los indirectos o económicos”. Es decir, que cuando en el 2017 la máxima instancia del régimen cubano daba a conocer uno de los principales documentos en que se basaba la estrategia de desarrollo económico y social del país, se aseguraba que no siempre se emplearía la fuerza del poder para el logro de los objetivos deseados.
Sin embargo, el tiempo transcurrido ha demostrado que las autoridades no han podido ―o no han querido a veces― recurrir a instrumentos económicos de dirección, como estimular la competencia entre los diversos actores económicos o aceptar las señales del mercado, y en cambio han acudido con frecuencia a los represivos instrumentos administrativos con tal de doblegar la determinación de los actores económicos, en especial los no estatales.
Primero intentaron obligar a los productores privados de la agricultura a que les vendieran todas sus producciones a las ineficientes empresas comercializadoras estatales. Después vinieron los topes de precios y otras medidas intimidatorias contra las mipymes privadas y, por último, se pretende criminalizar el mercado informal cambiario de divisas.
Por supuesto que todas esas medidas tomadas por el régimen han ocasionado importantes perjuicios, no solo para los actores afectados, sino también para toda la economía.
La contratación obligatoria de la producción agrícola por parte del Estado, con los consiguientes pagos a los productores que no toman en cuenta todos los gastos en que ellos incurren, provoca una merma en la producción de alimentos al ser desestimulados quienes trabajan la tierra.
Por su parte, la cruzada contra las mipymes pudiera ocasionar que estos establecimientos decidan recortar sus importaciones de alimentos y otros bienes de consumo, y que de esa manera los consumidores vean reducidos los espacios que hoy se encuentran mejor abastecidos en materia de productos de primera necesidad.
Hace falta una mención aparte para el mercado cambiario de divisas. Según recoge el periódico Granma en su artículo “El tráfico de monedas, metales y piedras preciosas es una actividad ilegal, y constituye delito”, “toda operación de venta, cesión, transmisión o adquisición de moneda extranjera, o cualquier cambio de monedas nacionales por foráneas o viceversa, que carezca del requisito de hacerse de conformidad con lo regulado por el Banco Central de Cuba, es ilegal y constituye un delito”.
Se trata de un intento desesperado del régimen para hacer que todas las divisas que entren al país circulen por los canales oficiales, a un tipo de cambio 1 dólar igual a 120 pesos cubanos, que no refleja la situación real del mercado.
De paso pudiéramos añadir que este tipo de cambio arbitrario fijado por las autoridades, ignorando el tipo de cambio informal, entre otras cosas no permite tomar en cuenta las valiosas informaciones que brinda el mercado.
Por ejemplo, el reciente descenso del dólar en el mercado informal (de alrededor de 350 a 320 pesos cubanos por cada dólar) pudiera deberse en lo fundamental a una merma en la demanda de dólares por parte de las mipymes. Ante el tope de precios establecido por el régimen, y en consecuencia ver disminuidos sus niveles de ganancia, estos actores no estatales estarían importando menos productos, por lo que necesitarían menos dólares.
Esta sería una información de gran utilidad para la economía, y que se perdería si se ignora lo que indica el mercado informal de divisas, que en el fondo es el valor real de esas monedas, gústele o no a las autoridades cubanas.
A la postre, este predominio del empleo de los instrumentos administrativos de dirección, en detrimento de los métodos económicos, es una muestra fehaciente del fracaso del castrismo en materia económica.
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