LA HABANA, Cuba. – El edificio 111 de la calle Agua Dulce, entre San Indalecio y San Benigno, municipio El Cerro, La Habana, es una de las últimas obras concluidas durante la etapa de la República. El inmueble, de cinco niveles y puntal alto, vio pasar sus mejores años y necesita una reparación capital antes que se derrumben los primeros trozos de su estructura.
A los inquilinos también les urge una solución a sus problemas con el suministro de agua, pues son frecuentes las roturas del motor que bombea el líquido hasta el tanque elevado común. Como la reparación del inmueble resulta costosa y sus residentes no reciben apoyo del Gobierno, suele pasar hasta un mes sin que llegue agua a los apartamentos.
“La escalera se está descascarando y las paredes están lo mismo abofadas que descorchadas, o agrietadas. Para colmos, tenemos agua dos meses sí y otro no”, contó a CubaNet Ángel Luis Pérez Torres, vecino del edificio.
Además, el entrevistado denunció que la llegada de familias que ocupan de manera ilegal la mayoría de espacios empeora la situación debido a que se sobrecarga la estructura con nuevas construcciones.
Una historia sin final
El edificio fue inaugurado a finales de 1958; entonces acogía un combinado poligráfico que par de años más tarde sería expropiado por el Gobierno. La instalación, a la vez, incluía una inmensa librería llamada La Moderna Poesía. Muchos años después, en 2009 sus instalaciones se convirtieron en un fondo habitacional destinado a empleados estatales destacados.
Los primeros favorecidos fueron 24 trabajadores distinguidos como vanguardias nacionales, quienes recibieron 12 apartamentos en el segundo piso y otros más en el tercero, todos construidos en calidad de “esfuerzo propio”. El quinto piso se le otorgó a 14 familias “damnificadas” del municipio Diez de Octubre, colindante con El Cerro.
En la planta baja se acondicionaron otras 10 viviendas, más 22 en el cuarto piso. Estas correspondían a trabajadores de la Empresa de Construcción y Servicios Ingenieros (ECSI), a la cual se le encargó la remodelación del edificio. Las obras nunca se concluyeron porque a la empresa se le agotaron los fondos asignados para dicha tarea.
El penthouse donde habitó el dueño original del edificio, ubicado en la azotea, le había sido concedido como nueva vivienda al director de la ECSI, pero debido a la situación con los fondos este fue removido del cargo y perdió el derecho a recibir la propiedad. Precisamente, fue este el primer espacio invadido por otras familias.
“El primero en meterse fue el hijo de la encargada de vigilancia del CDR, que a la vez es el sobrino del presidente del CDR. Nunca los pudieron sacar. Su caso atrajo a más ilegales”, explicó bajo condiciones de anonimato uno de los vecinos premiados con un apartamento.
Después de él se “coló” el hijo de la que, en ese momento, fungía como organizadora del propio CDR, cuenta la fuente citada. “Con ellos se terminaron de abrir las puertas a las ilegalidades”, aseguró.
En un abrir y cerrar de ojos, los espacios destinados para la construcción de otras 22 viviendas otorgadas a trabajadores de la Empresa Constructora de la Industria Ligera (ECIL) fueron ocupados sin consentimiento legal y convertidos en 50 nuevos apartamentos que a lo largo del tiempo se han vendido hasta el cansancio “por debajo del telón”.
Los autorizados a morar en el edificio acudieron a denunciar la situación ante la Policía, la Dirección de Planificación Física, las Comisiones de Enfrentamiento, el Instituto de la Vivienda, el Departamento de Edificios Multifamiliares, el Gobierno y el Partido. Desde 2013 los vecinos del lugar esperan una respuesta a las tantas quejas presentadas en el Consejo de Estado.
Durante esa época, María de Jesús Capo López era la directora de Vivienda en El Cerro. Según Salvador Martínez Pupo, uno de los residentes, ella fue de las pocas funcionarias que se presentaron en el edificio, pero resultó “expulsada a gritos del cuarto piso” por una de las ocupantes ilegales. Poco después fue cesada de sus funciones y abandonó el país, asevera.
“Fue tanta la insistencia, tantas las quejas, que tuvo que venir y poner la cara. Lo que no esperaba es que aquí le conocieran algunas de las marañas que había hecho, y que se las iban a gritar a los cuatro vientos, delante de todo el mundo. Salió con el rabo entre las piernas”, comentó Martínez.
La Oficina del Carnet de Identidad y Registro de Población ―amplía― es la única institución que hasta la fecha tomó alguna medida, consistente en la aplicación de multas a todos aquellos que estaban residiendo en una dirección física diferente a la que aparecía reflejada en los datos de su documento de identidad.
De acuerdo con Bárbara Herrera Orasma, inquilina del 111, en reiteradas ocasiones funcionarios del Gobierno local manifestaron conformidad con la situación, alegando que de esa manera el Gobierno libraba responsabilidades dado que los ocupantes ilegales del edificio finalmente habían encontrado dónde vivir.
“Son ilegales, pero tienen metrocontador eléctrico y libreta de abastecimiento. El cómo o quién aprobó todo esto es una incógnita, aunque con dinero en este país baila el mono. Hasta una propiedad se puede pagar. A ese punto no han podido llegar por todas las quejas que hemos presentado durante años. La corrupción en el Gobierno es grande”, aseguró.
La Habana no aguanta más…
Desde que el edificio fuera entregado a su dueño original, el motor que le instalaron necesitaba de 18 a 20 horas de bombeo diario para llenar el tanque elevado donde se almacena el agua que consumen los apartamentos. A medida que comenzaron a incrementarse los apartamentos aumentó el consumo del líquido, así como el esfuerzo del equipo para satisfacer la demanda.
Cada dos o tres meses el motor comenzó a quemarse y tenía que ser enrollado, operación que duraba más de un mes. Los vecinos decidieron reunir dinero y compraron otro motor de uso que, instalado por particulares, a los pocos meses comenzó a quemarse, una y otra vez.
La historia del motor roto se repetía una y otra vez. Ante un aluvión de quejas a varias entidades, al Gobierno no le quedó otra que venderles el motor que venían prometiendo años atrás. Pero las tuberías, los herrajes y demás aditamentos para el montaje tuvieron que ser asumidos por los residentes del lugar.
Los problemas continuaron a pesar que en 2015 el edificio llegó a tener dos motores que alternaban el bombeo. Un inquilino que pidió anonimato amplió que el propietario del apartamento 12, del quinto piso, trajo un motor de su empresa, pero la mala instalación de las tuberías impide que al lado izquierdo del inmueble apenas llegue agua.
“Traer el motor fue suficiente para que pusiera una manguera directa del tanque madre a su casa. Más tarde otros vecinos hicieron lo mismo, y los ilegales empezaron a conectar los ‘ladrones’ de agua. Por robusto que sea no hay motor que aguante esa carga seis meses”, dijo la entrevistada.
La situación se agudizó en 2024. El 24 de abril se efectuó una reunión para debatir la compra de un nuevo motor por el que los moradores tendrán que pagar más de 130.000 pesos. El vendedor acordó instalarlo dos días después, para que los residentes en el edificio reciban agua y comprueben que funciona. Después lo desconectaría hasta que se le pagara todo el dinero.
“Le toca al Gobierno garantizar el motor, pero como no va a resolver nada y los que seguimos jodidos somos nosotros, quedamos en comprarlo”, acotó Raudel López Jerez.
No obstante, añade que para ejecutar el cambio de motor todavía quedan varios detalles por aclarar, como la búsqueda de los herrajes, la instalación que abastece el tanque de agua, el cheque del motor y, sobre todo, si se podrán retirar las instalaciones independientes y “ladrones” de agua existentes.
Sin solucionar esto último, concluye López que “comprar un motor nuevo será como lanzar el dinero a la candela”. Mientras tanto, para beber el vital líquido, cocinar o bañarse, los inquilinos dependen de familiares o amigos que se lo puedan suministrar, y trasladarlo largas distancias en cubetas u otros envases.
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