La Policía desmintió este martes haber decretado un toque de queda en el pueblo de Alquízar, en la provincia cubana de Artemisa, donde la delincuencia se apodera de las calles durante la noche. Frente a la versión oficial, varios residentes de ese municipio han asegurado a 14ymedio que los agentes patrullan las avenidas e impiden que los ciudadanos salgan de sus casas después de la medianoche.
La afirmación de que Alquízar –además de otras localidades vecinas, como Artemisa y Güira de Melena– está “en estado de sitio” o sometida a un toque de queda es, dijo de pasada a la prensa local el teniente coronel Raúl Díaz, apenas “un rumor”. El oficial sí admitió que la Policía desmanteló una “banda de encapuchados” que asaltaba viviendas, pero pidió que no se considerara la redada como síntoma de que hay una “ola de violencia en el territorio”.
En conversación con este diario, Alberto, un jubilado de 67 años, insiste en que esa “ola” delictiva es una realidad en Alquízar desde hace mucho tiempo. “Asaltos en viviendas habitadas, robos de animales en los campos y arrebatos de teléfonos en cualquier esquina”, enumera. El resultado: “De noche no se puede salir, no solo porque la gente no se atreva a ir a la calle con estos peligros, sino porque desde hace al menos dos semanas la Policía no permite que salgamos de las casas pasadas las doce de la noche”.
Lo que los oficiales describen como una “lucha contra la delincuencia”, para Alberto y otros vecinos es una medida que limita su libertad
Lo que los oficiales describen como una “lucha contra la delincuencia”, para Alberto y otros vecinos es una medida que limita su libertad de movimiento pues, “aunque no te empujan con tonfas ni te hablan de mala manera, están pagando justos por pecadores”, lamenta.
La familia de Daniel, un joven mecánico de 29 años, ya ha enfrentado consecuencias por no seguir las indicaciones de la Policía. “El otro día mi padre venía tarde de la finca para nuestra casa en el pueblo, se había pasado el día haciendo trabajos allí con el ganado y lo detuvieron porque era muy tarde. A esa hora tuvo que quedarse un buen rato en la estación y lo trataron bastante mal porque iba con su machete, como cualquier guajiro”, cuenta.
Durante las horas que estuvo en la estación, el padre de Daniel presenció el trasiego de otros vecinos de Alquízar que, como él, no habían cumplido con las indicaciones de los policías que en su mayoría, asegura el joven, son guarapitos (patrulleros jóvenes) y oficiales retirados.
“Como están los crímenes en Alquízar, ya nosotros mismos habíamos empezado a tener cuidado y a quedarnos en la casa por las noches, pero esta medida, que no la han anunciado en ninguna parte, está empezando a interferir con la vida diaria”, señala Daniel.
“Como están los crímenes en Alquízar, ya nosotros mismos habíamos empezado a tener cuidado y a quedarnos en la casa por las noches”
Según cuenta el mecánico, la semana pasada realizó un viaje a La Habana. “Mi gran preocupación, después de llegar a las ocho y media de la noche a la capital, era regresar cuanto antes porque, si no, podía tener problemas por circular por las calles de Alquízar pasada la medianoche”, cuenta.
Es cierto que las calles están muy peligrosas, concluye Daniel, mientras narra el asalto reciente por cuatro hombres a la casa de la familia de un preso del 11J. “A los maleantes ya los detuvieron pero, en términos de violencia, esa fue la gota que colmó el vaso en Alquízar”.
Las propias cifras ofrecidas por el Gobierno confirman una realidad innegable: durante los últimos años la criminalidad en Cuba se ha disparado. Las quejas de los campesinos por el robo de su ganado, las noticias sobre asaltos y los frecuentes robos a viviendas y negocios particulares mantienen a la población en vela. La actuación de las autoridades, por su parte, ha sido fuertemente criticada.
En una nota publicada el pasado junio, el Ministerio del Interior aseguraba que el 90% de los casos en los que se emplearon armas de fuego –cuyo número no aportaban– habían sido resueltos con la detención e imputación de los autores. Sin embargo, admitía que solamente resolvía el 60% de los delitos sin armas de fuego y que la Fiscalía no cuenta con el personal suficiente para procesar la avalancha de casos que llegan a su sede.
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