La muerte de Leandro Baró Lameiro, de 16 años, tras ser apuñalado en Las Tunas hace tres semanas, tiene a las autoridades municipales de Educación con los pelos de punta. Aunque los directivos han sido cuidadosos a la hora de comentar el suceso en la prensa oficial, admitieron este viernes que hay 13 adolescentes bajo investigación policial y que en las secundarias de su jurisdicción es común que los estudiantes porten armas blancas y consuman drogas.
“Vivimos una situación muy tensa, derivada de la muerte del menor”, aseguró al oficialista Periódico 26 Eulícer Escalona, subdirector de la Dirección Provincial de Educación.
Del asesinato de Baró se sabe muy poco: la Policía no ha revelado la identidad del agresor, aunque todo parece indicar que es uno de los estudiantes investigados. Apuñalado el 29 de septiembre, con heridas que le provocaron grandes pérdidas de sangre, el adolescente murió al día siguiente en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas, luego de que sus familiares pidieron con urgencia en redes sociales donaciones de plasma para realizarle una transfusión.
Desde hace meses, los directivos de Las Tunas han registrado un aumento de la violencia entre los jóvenes de enseñanza secundaria. El caso de Baró, aunque más grave, no ha sido el único que ha disparado las alarmas de los profesores.
El caso de Baró, aunque más grave, no ha sido el único que ha disparado las alarmas de los profesores
“Caracterizamos a un alumno que traía un cuchillo a la escuela (…). Fuimos hasta la comunidad, nos entrevistamos con los vecinos para conocer su desenvolvimiento social, pero ninguno quiso aportar algún elemento, nos cerraron las puertas, por así decirlo”, contó Yanelis Heredia, directora de la secundaria Wenceslao Rivero, donde –todo parece indicar– estudiaba Baró y en la cual permanece bajo investigación uno de los adolescentes relacionados a su muerte.
Heredia asegura que, desde septiembre, la dinámica de la escuela ha cambiado y no solo se controla “qué traen en las mochilas y con quién se relacionan” los estudiantes, sino también quiénes, desde fuera, rondan los centros escolares. “En estos días detectamos a unos muchachos al frente, llamamos al Grupo de Inspección de la Dirección General de Educación del municipio y enseguida vinieron y se los llevaron”, señaló, haciendo mención a los llamados “grupos de bicicleteros” –jóvenes desempleados que permanecen fuera de las secundarias y se ven frecuentemente involucrados con las muchachas adolescentes– que “devienen caldo de conflictos”.
En otra secundaria, El Cucalambé, también se han dado incidentes de violencia entre los estudiantes. “En el caso nuestro, el estadio Ángel López Jiménez y la Sala Polivalente atraen mucho a los educandos, se juntan a la salida, se fajan y demás (…). Hace poco hubo una bronca entre estudiantes nuestros y del Politécnico cercano”, relata Beatriz Reyes, directora del centro.
Reyes explica además que durante las últimas semanas muchos padres han comenzado a acompañar a sus hijos hasta la escuela y que algunos han llegado a advertir que dejarían de enviarlos al centro en el que estudia otro de los muchachos investigados tras la muerte de Baró, que provocó que sus conocidos amenazaran en redes sociales con hacer “justicia” con los involucrados.
Por su parte, Norge Sastre García, fiscal del Tribunal Provincial, aclaró que los jóvenes involucrados en la muerte de Baró serán juzgados según la responsabilidad penal cubana, que se sitúa en los 16 años, edad en que los adolescentes tienen prohibido, por ejemplo, casarse, pero pueden terminar presos.
“Puedo asegurar que antes veíamos dos o tres casos al año y ahora vemos dos o tres cada mes”
Sastre, no obstante, hizo hincapié en la severidad del trato a los imputados entre 16 y 18 años, que son ubicados en instalaciones diferenciadas y por cuyos delitos las condenas pueden rebajarse hasta la mitad de años que la de un adulto. Los menores de 16 involucrados en el caso, añadió, no serán imputados, pero se tomarán con ellos “otras medidas” aplicadas por el Ministerio del Interior, que no especificaron.
Consultada por Periódico 26 sobre el auge de la violencia entre los adolescentes de la provincia, Madley Parra, psiquiatra del hospital pediátrico de Las Tunas indicó que en poco tiempo ha visto crecer los casos de dependencia a las drogas en sus consultas. “Puedo asegurar que antes veíamos dos o tres casos al año y ahora vemos dos o tres cada mes”, argumentó.
“Los muchachos están consumiendo pastillas mezcladas con alcohol, pero también mariguana y otras sustancias más nocivas. Algunos llegan con cuadros asociados a intentos suicidas y otros vienen pidiendo ayuda ante la aparición de alucinaciones y signos de pérdida de la cordura”, explicó la doctora, quien atiende además el centro de formación integral Celia Sánchez, uno de los espacios conocidos en Cuba como “escuela de menores”.
“Nuestro servicio realiza la evaluación psiquiátrica de esos alumnos que no sobrepasan los 16 años y vienen de hogares disfuncionales, y ahí está la otra cuestión vital: la familia como institución es el primer eslabón flojo en nuestra sociedad”, dijo.
La afirmación de la especialista fue el broche de oro para Periódico 26 que, desde el inicio del reportaje insistió en la total responsabilidad de la familia sobre los adolescentes. No explica el medio, sin embargo, por qué no se tomaron medidas –antes de un episodio trágico, como el de Baró– para mantener la seguridad en las escuelas cuando, según los propios entrevistados, al menos desde hace un año el alumnado se muestra mucho más violento.
El testimonio de Carlos Enrique Téllez, trabajador de la dirección provincial de Cultura, da la medida de lo grave que ha llegado a ser la situación. El administrador del conocido cabaret Bajo las Estrellas –donde suelen entrar “niños de 12 y 13 años”– decidió “confiscar” todas las armas blancas que portan quienes entran al local. El inventario es escalofriante: “Cuchillos, punzones, botellas de vidrio y cadenas de bicicletas”, todos “confeccionados con el objetivo de provocar daño”.
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