El robo de 1.660 cajas de pollo, unas 133 toneladas, de la Empresa Comercializadora de Alimentos COPMAR, en La Habana, afectó la entrega del producto por la libreta de racionamiento en al menos una provincia del país, informaron las autoridades.
En un reportaje transmitido este sábado por la televisión estatal, en el que no se especifica la fecha exacta en que se cometió el delito, miembros del equipo de investigación del Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior explican cómo sucedió el robo, en el que estarían implicadas unas 30 personas.
En los frigoríficos de COPMAR, grupo empresarial pesquero del Ministerio de la Industria Alimentaria, se guardan los productos de importación que requieren refrigeración, para su posterior distribución. Las imágenes muestran el almacenaje en el lugar de cajas de pollo Tyson, de la cadena estadounidense Tyson Foods.
La cantidad de pollo sustraída equivale a la entrega por la canasta básica de distribución de alimentos, en las cantidades actuales, a “una provincia mediana”, dijo el director general de esa empresa, Rigoberto Mustelier.
Según detallaron los investigadores, los ladrones sustituían los sellos originales de los frigoríficos por otros previamente falsificados con los mismos números, información que obtenían con la complicidad de trabajadores de la COPMAR, lo que impedía detectar la entrada forzada al lugar.
Entre los implicados en la larga cadena de robo se encuentran “jefes de turno, tecnólogos, custodios y desocupados ajenos a la empresa”, un total de 30 imputados en prisión provisional, dijo en el reportaje la capitana Olga Lidia Paneque, jefa de sección de Instrucción.
El reporte no identifica a los detenidos. Tampoco explica cómo disponían de acceso a camiones refrigerados para extraer el producto de la COPMAR.
La venta del pollo robado en el mercado negro era ganancia neta para los ladrones, según las autoridades. “Cada caja de pollo se vendía en el mercado informal a un precio de 3,800 pesos”, para una ganancia de entre 50 y 200 mil pesos por persona, de acuerdo a su participación en los hechos, detalló el oficial Yunier Ocampo, jefe de sección de DTI.
Una caja de pollo de 40 libras ha llegado a costar más de 10 mil pesos cubanos en la red de venta de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). A finales de diciembre, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, dijo en la televisión estatal que la comercialización paralela de este y otros productos tenía precios “especulativos y abusivos” y anunció medidas para establecer su regulación.
Durante los registros en viviendas de los detenidos, fueron ocupados 3 millones de pesos y una cantidad no declarada de dólares estadounidenses, dijo la oficial Paneque.
Los implicados en el robo podrían ser condenados a penas de hasta 20 años de privación de libertad, por delitos como malversación, robo con fuerza, cohecho, incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas y receptación.
Las sanciones serán severas, “porque el caso así lo amerita”, advirtió la fiscal del Departamento de Procesos Penales de La Habana Marta María González.
“Las consecuencias son graves, los perjuicios también y el momento histórico en que estamos viviendo, el producto afectado y la población; requiere entonces de una decisión de esta naturaleza”, concluyó.
La población cubana sufre la peor parte de una debacle económica de la que el gobierno culpa al embargo de Estados Unidos y los efectos negativos de la pandemia de COVID-19.
Las medidas estatales encaminadas a sortear la crisis no han dado los resultados esperados. Recientemente, el régimen de La Habana destituyó a su ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y a Manuel Santiago Sobrino Martínez, ministro de la Industria Alimentaria.
En medio de esta situación, la escasez de alimentos y otros productos básicos se ha agravado, especialmente los distribuidos por la libreta de racionamiento a precios subsidiados. A principios de febrero, alimentos correspondientes al mes de diciembre aún no habían sido distribuidos, según dijeron residentes en varias provincias de la isla a Martí Noticias.
Las autoridades han atribuido el retraso a la falta de disponibilidad de divisas para importar los alimentos, y a la escasez de combustible para distribuirlos a las diferentes provincias del país.
