Casi nueve meses después de las protestas antigubernamentales en Caimanera, reprimidas por los boinas negras y durante las que hubo cortes deliberados del servicio de internet, la Fiscalía de Guantánamo ha hecho público su dictamen con las sanciones que solicita a seis de los detenidos, para quienes pide entre cuatro y nueve años de prisión.
El activista Marcel Valdés difundió el sábado el documento, facilitado por los padres de algunos detenidos, en los que se puede observar la petición de nueve años de cárcel por los delitos de “desorden público” e “instigación a delinquir” para Daniel Álvarez González, quien se lleva la peor solicitud de todas.
Le siguen Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquiz González, a quienes la Fiscalía imputa varios delitos de desórdenes públicos para los que piden seis años de privación de libertad.
Le siguen Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquiz González, a quienes la Fiscalía imputa varios delitos de desórdenes públicos para los que piden seis años de privación de libertad
Los mismos años, pero también por un delito de atentado, se solicitan al juez para Felipe Octavio Correa Martínez, mientras que la petición de pena para Yandri Pelier Matos, acusado de desorden público y resistencia, es de cuatro años de prisión.
El documento indica que el pasado 6 de mayo de 2023 Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez comenzaron a gritar consignas como “Abajo Díaz-Canel”, “Abajo la Revolución”, con signos de haber consumido “bebidas alcohólicas” y con el fin de “promover el caos”. Sus llamamientos incitaron a otros vecinos a acompañarlos, según el Ministerio Público, que afirma que llegaron a intentar imponerse a las fuerzas del orden para evitar las detenciones.
La Fiscalía acusa a varios de los manifestantes de tener una “conducta desajustada” y no participar en las “actividades orientadas por las organizaciones políticas y de masas”. A su juicio, los acusados mantienen conductas “reprobables”, entre ellas juegos como la bolita y las peleas de perros, además de estar desocupados laboralmente. No obstante, ninguno tiene antecedentes penales.
Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los acusados, contó a Martí Noticias que el único que había recibido el expediente era Yandri Pelier, mientras en su casa aún estaban a la espera del documento. Su hijo Luis Miguel está en prisión a la espera de juicio, mientras Felipe Octavio fue liberado con fianza.
“Yo esperaba de Luis Miguel, porque él sí se manifestó pacíficamente. Sí lo hizo, y dice que no se va a arrepentir. El afirma que, simplemente, pidió libertad y comida para su familia y su pueblo. Pero Felipe Octavio Correa Martínez, es mentira lo que han puesto de él, porque el muchacho ni siquiera estuvo en la manifestación. La participación de Felipe fue cuando los abusadores, criminales aquellos, le partieron arriba a matar a su hermano, y él abrazó a su hermano. Felipe dice: ‘Mamá, yo no me arrepiento, porque yo amparé a mi hermanito para que no le dieran más golpes'”, dijo este domingo al medio de Miami.
Correa Martínez salió de prisión provisional junto a Pelier Matos en junio, tras pasar un mes detenido. Dos meses más tarde, en agosto, dejaron también la cárcel tras abonar la fianza Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquiz González.
Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, acusados de instigar la protesta, han estado desde entonces en el Combinado de Guantánamo, donde han tenido que pasar enfermedades derivadas de las malas condiciones de vida que se dan en las prisiones de la Isla.
“Yo esperaba de Luis Miguel, porque él sí se manifestó pacíficamente. Sí lo hizo, y dice que no se va a arrepentir. El afirma que, simplemente, pidió libertad y comida para su familia y su pueblo”
Las protestas en Caimanera, el emblemático municipio conocido por su proximidad a la base naval estadounidense de Guantánamo, se produjeron la noche del sábado 6 de mayo del pasado año y fueron las más importantes después de las del 11J en 2021 y las derivadas por los cortes de luz que salpicaron el verano de 2022. En ellas participó en torno a un centenar de personas que fueron reprimidas con golpes y arrestos.
La prensa oficial lanzó rápidamente una campaña para tildar la protesta de contrarrevolucionaria y señalarla como acción de la “guerra híbrida” contra el Gobierno. Cubadebate divulgó una extensa nota titulada Caimanera: Lo que fue y lo que intentaron que fuera en la que describió lo sucedido como una “inusual manifestación” de unas decenas de personas “iniciado por un incidente con un reducido grupo en estado de embriaguez” y aprovechado en Miami para “intentar dar la imagen de un país sublevado y alentar de paso a los incautos que se lo creyeran”.
Organizaciones como Amnistía Internacional han reaccionado contra las detenciones en Caimanera diciéndole al Gobierno que la respuesta a una protesta nunca podía ser la violencia estatal.
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