La combinación de una creciente inseguridad ciudadana, la facultad legal de detener a un perpetrador en caso de delito flagrante y la percepción de falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades ha creado en el contexto cubano un ambiente propicio para que los ciudadanos actúen en defensa propia. Esto no solo tiene el potencial de generar más violencia y conflictos, sino que también pone en riesgo la integridad física de los ciudadanos y erosiona aún más la confianza en las instituciones.
La inseguridad en Cuba ha experimentado un crecimiento alarmante desde 2016 hasta 2023. Esta situación se ha agravado particularmente en La Habana, la capital y el centro neurálgico del país. El notable incremento de delitos, y en particular aquellos de naturaleza violenta, ha elevado la probabilidad de que cualquier ciudadano se vea envuelto en una situación en la que pueda ejercer su facultad de detención en casos de flagrante delito.
Este fenómeno se está convirtiendo en una respuesta cada vez más común ante la percepción de desamparo legal y las amenazas a la seguridad personal y colectiva. En este contexto, la ciudadanía se ve forzada a actuar en defensa propia o de terceros, lo que pone de relieve la gravedad de la situación de seguridad en Cuba durante este periodo.
Ante la creciente inseguridad que ha experimentado la Isla en los últimos años, es probable que la percepción de delitos flagrantes se intensifique. Esto significa que la posibilidad de presenciar un delito en proceso, a punto de ser perpetrado o recién cometido, aumenta considerablemente. Este escenario puede generar una sensación de constante amenaza y miedo, ante la posibilidad de encontrarse en cualquier momento cara a cara con situaciones de violencia o ilegalidad.
El concepto de “delito flagrante” juega un papel crucial en el sistema legal y tiene implicaciones directas en cómo se maneja la justicia, especialmente en situaciones de este tipo. En estos casos cualquier individuo tiene la facultad de detener al presunto perpetrador. Esta facultad no se limita a las autoridades y sus agentes auxiliares, sino que se extiende a todos los ciudadanos. Esta capacidad de detención puede ejercerse en situaciones específicas: cuando la persona está a punto de cometer el delito, durante la ejecución del mismo o inmediatamente después de haber cometido el delito.
La legalidad de este tipo de detención está respaldada por varias referencias legales en la Ley del Proceso Penal. El inciso a) del Artículo 343, el primer apartado del Artículo 344 y el Artículo 802 definen el “delito flagrante”. Estos artículos proporcionan la base legal para actuar en respuesta a estos delitos. Además, en casos de delito flagrante, existe una justificación para una detención inmediata sin la necesidad de una orden de arresto.
Esta facultad que da la Ley del Proceso Penal en Cuba permite que cualquier individuo detenga a otro, lo cual es preocupante y difiere de los estándares internacionales. Dichos estándares sugieren que solo personas específicamente autorizadas deberían tener esa facultad, con procedimientos claros que establezcan quiénes están autorizados, la necesidad de una orden de detención, así como el proceso de prolongación de la detención. La flexibilidad de esta ley en Cuba podría llevar a abusos, detenciones ilegales y arbitrarias.
La Observación General No 35 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, referente al Artículo 9 sobre Libertad y seguridad personales, establece que si un Estado permite o autoriza a individuos o entidades privadas a detener o recluir, sigue siendo responsable de garantizar el cumplimiento de dicho artículo. El Estado debe limitar estas competencias, mantener un control riguroso y ofrecer recursos efectivos para víctimas en caso de detenciones o reclusiones arbitrarias o ilícitas.
En este escenario, la facultad de detener al presunto perpetrador por parte de particulares adquiere una relevancia especial, pues se convierte en una herramienta de doble filo para los ciudadanos. Por un lado, les otorga cierto poder para intervenir en situaciones de inseguridad inminente, proporcionando una respuesta de autodefensa frente a la amenaza de delincuencia.
Por otro lado, esta facultad también puede dar lugar a situaciones de abuso o excesos por parte de los ciudadanos que deciden actuar en defensa propia. En algunos casos, estas intervenciones pueden derivar en confrontaciones violentas que empeoran la situación o causan daños colaterales. Por lo tanto, aunque esta facultad puede ofrecer un cierto nivel de protección y control ante el aumento de la delincuencia, también conlleva riesgos significativos que deben ser considerados cuidadosamente.
La percepción de falta de transparencia y posible inacción por parte del gobierno cubano ha generado frustración entre los ciudadanos. Esta situación ha conducido a que, en ciertos casos, opten por hacer justicia por mano propia, incluso más allá de la detención en casos de delito flagrante. Este fenómeno se manifiesta como una respuesta a la sensación de desprotección y descontento con las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el orden.
Esta práctica de hacer justicia por propia mano, aunque puede surgir como una respuesta comprensible a la sensación de inseguridad y desprotección, es probable que genere aún más inestabilidad y conflictos. Este comportamiento puede crear un ciclo de violencia y desconfianza que agrava la situación, en lugar de resolverla. Esto se debe a que la acción individual, desprovista de la estructura y control legal, puede llevar a excesos, errores y abusos que perpetúan la inseguridad y erosionan aún más la confianza en las instituciones.
Cuba enfrenta importantes tensiones sociopolíticas y económicas que se agravan con el aumento de delitos a raíz de la inestabilidad económica y la pandemia. Hay una creciente desconfianza hacia las autoridades, pues el público percibe falta de respuesta adecuada a sus preocupaciones, que a menudo son desestimadas como “fake news”. En respuesta, muchos ciudadanos están tomando la justicia por mano propia, impulsados por la nueva Ley de Proceso Penal que permite estas detenciones. Las redes sociales documentan estos actos, evidenciando un aumento de la violencia, posibles tensiones raciales, erosión de la credibilidad estatal y potencial para abusos y violaciones de derechos. La facultad de detención a particulares, aunque bienintencionada, en el contexto actual puede ser perjudicial.
