El cubano de a pie se pregunta qué pasará si el Gobierno, con su hostigamiento, consigue eliminar totalmente a las mipymes.
LA HABANA, Cuba. – No hace mucho el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López, compareció en el programa televisivo Mesa Redonda, en el que abogó por que las mipymes importaran bienes e insumos para suministrarlos a las empresas estatales. De ese modo, según el funcionario, estas entidades podrían utilizar todas las capacidades instaladas y así cumplir con sus planes productivos.
O sea, que lo estipulado en la Resolución 56, en el sentido de que las mipymes solo podrán incursionar en el comercio mayorista si lo hacen con entidades estatales, es una medida que se cocinaba desde hace ya algún tiempo. Una vez más, el castrismo debe acudir a mecanismos administrativos, en detrimento de estrategias económicas, para lograr sus propósitos.
El discurso oficial argumenta que todos saldrán ganando en este tipo de actividad mayorista, pues los actores no estatales se beneficiarán de la experiencia de las comercializadoras gubernamentales, y las operaciones se realizarán con menores costos, lo que podría redundar en una disminución de los precios.
Sin embargo, resulta evidente que la medida apunta a impedir el progreso económico de las mipymes, y que estos negocios logren escapar del control gubernamental. Es como si la maquinaria del poder quisiera estatizar gradualmente a estos actores no estatales. Incluso ya se habló en el IX Pleno del Comité Central del Partido de incorporar la gestión de las mipymes al plan de la economía nacional. Todo en el contexto del cacareado encadenamiento de las formas estatales con las no estatales, cuando en realidad se trata de las cadenas que el Estado les impone a los no estatales para mantenerlos atados.
El panorama presente y futuro de las mipymes se torna sombrío desde todo punto de vista. Las que sigan haciendo comercio minorista continuarán afrontando la presión de las autoridades. Topes de precios, ventas forzosas de productos, multas excesivas, eliminación de cualquier tipo de exoneración impositiva, y la tutela del flamante Instituto Nacional de Actores Económicos no Estatales, a cuyo frente se halla Mercedes López Acea, enemiga declarada de las relaciones de mercado, y destructora de varios agromercados de oferta-demanda cuando se desempeñaba como jefa del Partido Comunista en la capital.
Para las mipymes que opten por el comercio mayorista con el Estado se presenta, entre otros obstáculos, el fantasma de los impagos. Las entidades gubernamentales se caracterizan por no pagarles adecuadamente —o sencillamente no pagarles— a aquellos productores privados que les venden producciones. Eso sucede, por ejemplo, con los campesinos que venden su ganado y sus cosechas a las empresas de acopio estatal, y luego no reciben en cantidad ni en tiempo los pagos correspondientes.
Imaginemos entonces los perjuicios que encarará una mipyme que le venda al Estado y después no reciba los pagos que le posibiliten continuar con su ciclo productivo o importador.
Hay consenso acerca de la desmotivación —y también la incertidumbre— que embarga a los propietarios de mipymes no estatales ante tanto hostigamiento por parte del Gobierno. Es muy difícil trabajar con deseos e invertir el dinero sin saber qué deparará el día de mañana. Ya se ha informado del cierre de algunas mipymes, y productos de mucha demanda como el pollo, las salchichas y la leche en polvo comienzan a escasear en los estantes de estas formas de gestión económica.
El Estado, por su parte, cada día le brinda menos opciones para alimentarse a la población, que cuenta casi como única alternativa con lo que ofertan las mipymes y otros actores no estatales. Por ello, el cubano de a pie contempla con pesimismo el accionar de inspectores y otras autoridades contra las mipymes, y se pregunta qué pasará si el Gobierno logra la asfixia total de estos negocios privados.
