MIAMI, Estados Unidos. – Un juez federal declaró ilegal este jueves el programa conocido como “parole in place” de la Administración Biden, que permitía a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses obtener estatus legal y una vía más sencilla hacia la ciudadanía en Estados Unidos.
El juez de distrito J. Campbell Barker emitió el fallo tras una demanda presentada por 16 estados, liderados por fiscales generales republicanos, que argumentaban que la política incentivaba la inmigración ilegal.
Barker ya había suspendido temporalmente la medida a finales de agosto mientras evaluaba su legalidad. El presidente Joe Biden había introducido el programa en junio. En su decisión final, el magistrado afirmó que el Gobierno carece de autoridad para implementar dicha política sin la aprobación del Congreso.
La orden inicial impedía al Gobierno otorgar la regularización de estatus migratorio sin que los solicitantes abandonaran el país, pero permitía seguir aceptando nuevas solicitudes a través del formulario I-131F de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés). Con el nuevo fallo, ambas acciones quedan prohibidas.
🚨BREAKING NEWS🚨
We just WON our lawsuit with @KenPaxtonTX, @Raul_Labrador, and a coalition of 14 states. We have officially STOPPED the Biden-Harris Administration’s illegal attempt to grant mass amnesty to hundreds of thousands of illegal aliens. pic.twitter.com/gyfLfPouw7
— America First Legal (@America1stLegal) November 7, 2024
Aunque el Departamento de Justicia tiene la opción de apelar la decisión, es probable que el presidente electo, Donald Trump, conocido crítico de las políticas migratorias de Biden, planee eliminar el “parole in place” una vez asuma el cargo.
El programa ofrecía a cónyuges indocumentados e hijos adoptivos de ciudadanos estadounidenses la posibilidad de obtener la residencia permanente sin tener que salir de Estados Unidos. Tradicionalmente, los inmigrantes en esta situación deben abandonar el país para regularizar su estatus, arriesgándose a separaciones familiares prolongadas o permanentes.
Defensores de derechos humanos señalaron que este riesgo disuadía a muchos de intentar legalizar su situación, por temor a la separación familiar.
Denominado “Mantener a las Familias Unidas” por la Casa Blanca, el programa brindaba alivio legal a aproximadamente medio millón de cónyuges indocumentados, facilitándoles el proceso para obtener la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía.
Para ser elegibles bajo la medida de Biden, los solicitantes debían demostrar una residencia continua en Estados Unidos de al menos 10 años y estar casados con un ciudadano estadounidense antes del 17 de junio, fecha en que se anunció el programa. Además, debían superar una verificación de antecedentes penales; delitos graves, violencia doméstica y la mayoría de los relacionados con drogas eran causales de descalificación.
Los estados que interpusieron la demanda el 23 de agosto incluyen Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming.
