LA HABANA, Cuba. – Con la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el 5 de diciembre pasado, quedaron canceladas todas las licencias comerciales otorgadas a las más de 8.000 mipymes, cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP) a los que en agosto de 2022 se les había autorizado el comercio mayorista como actividad secundaria, aunque desde septiembre de 2021 ya aparecía la actividad como objeto principal de al menos una mipyme estatal (SERVOLEM) entre las primeras 35 aprobadas para esa fecha, y en ninguna como actividad secundaria, aunque poco más tarde la incorporarían.
Puede decirse que casi todas, excepto las estatales y una única privada (G&G Mayoristas SURL, aprobada en marzo de 2023), han sido afectadas por la disposición, en tanto un listado del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) actualizado precisamente en este mes en curso, en Cuba se han aprobado 8.623 micro, pequeñas y medianas empresas, una cifra que no ha variado notablemente desde agosto de 2023 cuando fue aprobado un último grupo de 49 mipymes privadas y una sola estatal, para un total de 50 que contrasta enormemente con los varios grupos de más de 100 empresas aprobados de conjunto anteriormente, antes de decretarse en silencio el freno a un crecimiento solo en apariencias descontrolado.
Pero es importante tener presente que la desaceleración no llegó acompañada de la demonización pública del sector privado por parte del régimen cubano, ni tampoco como efecto de los decretos-leyes aprobados desde mediados de 2023 para supuestamente regular la creación, el funcionamiento y extinción de las mipymes, sino que estos llegaron después de la repentina orden de congelación para justificar el evidente retroceso que el Partido Comunista había ordenado por temor a que los empresarios privados se convirtieran en una fuerza política con la capacidad de, primero, suplantarlo y, luego, derrocarlo.
Un temor en especial por aquellos conectados o desconectados del poder político, pero con indiscutible poder económico, con un considerable capital acumulado (en divisas) y con una red financiera prácticamente propia que escapa al control del Banco Central (y que no solo compite con este sino que marca las pautas de los precios mayoristas y minoristas, las tasas de cambio, el flujo de las divisas al exterior, la circulación del efectivo y por tanto las dinámicas del sector estatal y del propio Gobierno) pero, sobre todo, en varios casos estratégicamente articulados con figuras del propio régimen (y en buena parte de los negocios a espalda de este) como son los casos del exministro de Economía Alejandro Gil y el más reciente del ex primer viceministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella, ambos actualmente en reclusión domiciliaria bajo proceso investigativo, de acuerdo con información ofrecida por fuentes cercanas a los exdirigentes.
Dos casos que, por la discreción y lentitud con que han sido tratados por el régimen, luego de los escándalos de las destituciones repentinas, han hecho evidente no solo el alto grado de corrupción imperante dentro del propio Comité Central del Partido Comunista sino el material inestable del cual está hecho el terreno donde operan las miles de mipymes cuyas “prosperidad” y “estabilidad” dependen no solo de la conexión que estas establezcan con el régimen o con algunas de sus principales figuras sino del pacto de complicidad previo que exista, en el cual siempre —con las contadas excepciones de algunos privilegiados por abolengo—, es obligatoria una articulación de franca subordinación con las empresas estatales.
“Si una empresa [privada] no surge por iniciativa del Gobierno, porque [no] existe como, digamos, una ‘tarea’, es muy probable que su ciclo de vida sea bien corto, y cuando la iniciativa viene de arriba, no se pueden tener iniciativas”: esto no lo ha dicho cualquiera en la calle sino un exfuncionario del MEP consultado por CubaNet recientemente.
“Las iniciativas nunca son bien vistas. (…) Lo que nos pasó [a Gil, a mí y a otros], lo que le pasó también a Di-Lella, no fue por un asunto de ‘vínculos’ sino una cuestión de ‘iniciativas’. No se puede tener iniciativa. No se puede cambiar ni una palabra en el guion”, aconseja el exfuncionario.
Al parecer, de no cumplirse esa única y severa condición, en ninguna ley o decreto recogida pero conocida en la práctica por todos los emprendedores que hoy pagan por el desconocimiento del “detalle”, cualquier negocio emprendido en la Isla por “iniciativa” personal estará en peligro de caer abatido ya por un decreto en curso, por otro que estará por ser publicado o por otro “ejercicio” contra las ilegalidades y la corrupción que apenas a unas horas de terminado ya comienza a revelar multas millonarias, procesos penales, encarcelamientos, decomisos, cierres de negocios.
Una agilidad en los procesos del “Ejercicio” que contrasta enormemente con la demora en hacer públicas las conclusiones sobre los procesos investigativos anteriores de dos ministros destituidos por su conexión con esos mismos fenómenos que han afectado la economía cubana desde siempre, pero que ahora han pretendido atacar en una semana.
Lo más importante, entre la Resolución 56 y el “Ejercicio”, es que con la distracción de la droga (que se llevó apenas a algún que otro distribuidor de poca monta en Alamar o en La Güinera, y que ni siquiera atacó esos cuarteles generales del narcotráfico que todos conocemos, y que el Ministerio del Interior tiene bien mapeados) y los precios de los minoristas, el régimen acaba de condenar al cierre a miles de negocios que ya no podrán sustentar sus emprendimientos con la importación de mercancías y la venta mayorista de modo independiente. Cerrarán sí o sí porque ahora les tocará (des)abastecerse de la manera que significa tener al Estado como intermediario obligatorio.
Una estrategia que no es nueva, que la pensaron desde el momento cuando decidieron dar luz verde a las primeras 35 mipymes el 29 de septiembre de 2021, y que se refleja en el detalle de que, esa vez y las restantes, solo una estatal (SERLOVEM) y ninguna privada fue aprobada para el objeto de importar y vender al por mayor.
Pero si revisamos todos los listados publicados hasta la fecha, descubriremos que en las sucesivas aprobaciones hasta agosto de 2023, la dinámica fue similar. El monopolio de las importaciones, intermediaciones y ventas al por mayor siempre fue reservado para poco más de cuatro mipymes estatales (IMPEXPORT, Agencia Importadora Caribe, Geoproductos e ITCódigo), con la rara excepción de una microempresa de La Habana, G&G mayoristas SURL, registrada a nombre del joven licenciado en Derecho Alberto Ochoa, aunque presuntamente vinculada a los múltiples negocios de Loreta García, hija del comandante Guillermo García Frías, de acuerdo con información aceptada y ofrecida a varios de sus clientes como garantía de la formalidad y estabilidad de “su empresa” (la información fue negada por Ochoa cuando fue contactado vía telefónica por un periodista de CubaNet).
Cierto o no, llama la atención que G&G es la única mipyme privada que tuvo y mantiene la importación y venta mayorista como principal actividad, y por tanto la única que sin ser estatal ha salido ilesa de los efectos de la Resolución 56. Y es, además, la única “privada” aprobada desde septiembre de 2021, siendo registrada apenas en marzo de 2023, solo unos meses antes de que comenzara a correr el rumor de los malos tiempos que se avecinaban, entre agosto y diciembre de 2023. Luego de esas fechas ninguna otra fue aprobada para la importación y ventas mayoristas como actividad principal.
