SAN LUIS POTOSÍ, México.- El Informe sobre Libertad Religiosa Internacional de 2023, presentado este miércoles por el Gobierno de Estados Unidos, denunció la constante represión por motivos religiosos en Cuba.
El texto advierte que, aunque la Constitución incluye disposiciones sobre la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo “contravienen estas protecciones”.
Igualmente reconoce que a pesar de que la carta magna cubana declara el país un Estado laico y establece la separación entre las instituciones religiosas y el Estado, el Partido Comunista (PCC), a través de su Oficina de Asuntos Religiosos (OAR) y el Ministerio de Justicia (MJ), regula la práctica religiosa en el país.
Entre las violaciones de la libertad religiosa se alude a la obligatoriedad de todos los grupos religiosos a solicitar al Ministerio de Justicia su registro oficial.
El proceso de solicitud requiere que los grupos religiosos identifiquen la ubicación de sus actividades, su liderazgo propuesto y sus fuentes de financiación, entre otros requisitos.
Aunque el Ministerio de Justicia conceda el registro oficial, el grupo religioso debe solicitar permiso a la OAR cada vez que desee llevar a cabo actividades distintas de los servicios regulares, como celebrar reuniones en lugares autorizados, publicar decisiones importantes de las reuniones, recibir visitantes extranjeros, importar literatura religiosa, adquirir y utilizar vehículos de motor y construir, reparar o adquirir lugares de culto.
Los grupos que no se registran se enfrentan a sanciones que van desde multas hasta el cierre de sus organizaciones y la confiscación de sus bienes.
Violaciones a la libertad religiosa
El texto refiere asimismo que la ley tipifica como delito la pertenencia o asociación a un grupo no registrado por la OAR.
Sin embargo, grupos religiosos afirmaron que la OAR y el Ministerio de Justicia seguían denegando registros oficiales y no respondían a solicitudes pendientes desde hacía mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Por otra parte, el código penal estipula una pena mínima de seis meses de prisión, una multa o ambas para las personas que intenten objetar en conciencia al servicio militar o impedir que los menores asistan a la escuela pública, incluidas aquellas cuya objeción se base en sus creencias religiosas.
“El código penal impone una pena a quien oponga las creencias religiosas a la educación, a la responsabilidad del trabajo, a la defensa de la Patria con las armas, a la veneración de sus símbolos o a cualesquiera otras establecidas por la constitución de seis meses a un año de prisión, una multa de 3.000 pesos (125 dólares), o ambas cosas”, recordó el documento.
Mediante detenciones, multas arbitrarias, vigilancia, denegación de licencias, visados religiosos, libertad de movimiento y abusos físicos y mentales, el Gobierno cubano ha reprimido a los líderes religiosos y activistas que se oponen a la ideología del PCC.
A ello se añaden la intimidación y el interrogatorio de sacerdotes que hablan sobre derechos humanos, así como la presión del gobierno sobre los líderes católicos para que silencien a los sacerdotes que hablaban sobre la realidad del país.
El informe, a partir de los reportes de la organización no gubernamental (ONG) cristiana Open Doors, advierte que ha habido un aumento de la persecución gubernamental de los cristianos de 2019 a 2023.
Por otra parte, el listado anual de Christian Solidarity Worldwide (CSW) apunta que en 2022 se produjeron 657 violaciones de la libertad de religión o creencia, frente a las 272 violaciones denunciadas en 2021.
Al respecto, señalan el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, condenado en 2022 a siete años de prisión por cargos de desacato, agresión, incitación delictiva y desorden público.
Encarcelados se encuentran trambién dirigentes de Yorubas Libres, asociación religiosa no registrada, quienes a finales de 2023 cumplían condena en prisión por participar en las protestas de julio de 2021.
En 2022, la presidenta de Yorubas Libres, Donaida Pérez Paseiro, fue condenada a ocho años de prisión; la vicepresidenta, Loreto Hernández García, a siete años; y las hermanas gemelas Lisdani y Lisdiani Rodríguez Isaac, a ocho años cada una.
Persecución contra líderes religiosos
El informe presentado por el secretario de Estado Antony Blinken puntualiza que el Gobierno continuó presionando a los críticos del régimen -incluidos líderes religiosos- para que se autoexiliaran.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluida la Secretaria de Estado, siguen instando al régimen cubano a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión o creencia y la libertad de expresión.
País de “especial preocupación”
El informe anual de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EE.UU., presentado en mayo, recomendó mantener a Cuba en el apartado de países de “especial preocupación” debido a las violaciones de la libertad religiosa denunciadas.
Asimismo, subrayó la necesidad urgente de una atención internacional y medidas concretas como sanciones dirigidas a entidades y funcionarios responsables.
De acuerdo con el informe, la legislación cubana, incluyendo la recientemente aprobada Ley de Comunicación Social, funciona como una herramienta para limitar severamente cualquier expresión religiosa que critique al Gobierno. “La legislación amplía la ya extensa autoridad del Gobierno para perseguir a individuos que expresan libremente sus convicciones religiosas”, explicó.
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