El Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Acuerdo 10093 (GOC-2025-101-EX7), publicado en la Gaceta Oficial el 7 de marzo de 2025, que establece precios máximos de acopio y minoristas para el arroz y el frijol común de producción nacional. Esta medida busca regular la comercialización de estos productos esenciales y contener el alza de la inflación.
Precios fijados por el Gobierno
Según el anexo del acuerdo, los precios de acopio y minoristas quedan establecidos de la siguiente manera:
- Arroz consumo: 239,000 CUP por tonelada para acopio y 155 CUP por libra para la venta minorista.
- Frijol común (con insumos estatales): 304,360 CUP por tonelada y 196 CUP por libra.
- Frijol común (sin insumos estatales): 435,000 CUP por tonelada y 285 CUP por libra.
La norma justifica la intervención como un mecanismo temporal para impulsar la producción agropecuaria y garantizar el acceso regulado a estos productos.
Críticas de expertos: “jugar con fuego”
El economista cubano Pedro Monreal ha cuestionado esta política a través de sus redes sociales, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias negativas. Según Monreal, topar precios en productos agrícolas no soluciona la causa raíz del problema: la insuficiente oferta.
El experto señala que la regulación no detendrá la inflación de manera efectiva y podría generar un mercado negro más activo. Además, limitar los ingresos de los productores desincentiva la inversión en el sector agrícola, afectando la producción futura.
«Los precios máximos de acopio limitan la capacidad del productor para obtener ingresos que luego podrían invertirse en mejorar la eficiencia y productividad del sector», indicó Monreal. También comparó la medida con intentos anteriores de control de precios, los cuales no lograron los resultados esperados y, en muchos casos, agudizaron el desabastecimiento.
Impacto en el consumidor y el mercado negro
A corto plazo, la medida podría ofrecer cierto alivio a los consumidores, quienes han enfrentado precios elevados y fluctuantes. No obstante, la experiencia en Cuba sugiere que los topes de precios frecuentemente generan escasez en el mercado oficial y trasladan la oferta al mercado informal, donde los precios pueden dispararse aún más.
Además, la diferencia de precios entre el frijol producido con insumos estatales y el que no los recibe indica un reconocimiento implícito del costo real de producción, lo que refuerza las dudas sobre la efectividad de la medida.
¿Alternativas posibles?
Monreal insiste en que la solución estructural requiere aumentar la producción mediante incentivos reales a los productores, inversión en infraestructura agrícola y políticas de mercado más flexibles.
Mientras el gobierno apuesta por el control administrativo, los productores y economistas advierten que, sin cambios profundos en la estructura de producción y comercialización, los precios topados podrían generar más problemas que soluciones.
